¿Hizo bien Ciudad de México al regular a Uber?

La semana pasada el gobierno de la Ciudad de México se convirtió en el primero en aprobar un marco regulatorio específico para aplicaciones como Uber en América Latina. Luego de una intensa protesta por parte de los taxistas formalmente registrados, el Gobierno no ha prohibido el servicio pero sí ha establecido reglas especiales para su operación. La nueva regulación establece un pago del 1,5% por cada viaje al gobierno, permisos anuales para los conductores y reglas sobre las condiciones de los automóviles. Yo creo que esta es una mala noticia por partida doble para los usuarios de estos servicios en Ciudad de México.

Bajo el nuevo marco, empresas como Cabify o Uber tendrán que pagar de entrada 300 dólares para tener derecho a empezar a operar en la ciudad. Además, cada uno de los conductores asociados al servicio tendrán que registrarse y pagar 100 dólares a la autoridad municipal antes de empezar a ofrecer el servicio y sus vehículos no podrán costar menos de 12 mil dólares, así como contar obligatoriamente con aire acondicionado y bolsas de aire. Finalmente, el 1.5% del costo de cada viaje que se realice tendrá que ser aportado obligatoriamente a un nuevo Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. El Acuerdo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no descarta la posibilidad de que este régimen se amplíe con el tiempo.

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¿Debe INDECOPI subirse al taxi o bajarse de él?

Por Agustín Valencia-Dongo1

La proliferación de equipos móviles inteligentes y la creciente oferta de paquetes de datos móviles han permitido que en los últimos años exista una serie de aplicaciones informáticas destinadas a facilitar la vida de sus usuarios. Dentro de este grupo de aplicaciones, han cobrado particular importancia aplicaciones como EASYTAXI, TAXIBEAT o recientemente UBER, destinadas a crear plataformas en las que usuarios del servicio de transporte urbano pueden contactar a un “taxista” de una forma eficiente y rápida. El incremento del uso de estos servicios no ha sido sin embargo pacífico, pues ha traído una serie de cuestionamientos por parte de los taxistas competidores e incluso de varias agencias de competencia en el mundo.

Si usted tiene instalada una o varias de estas aplicaciones en su equipo móvil, no debe serle un misterio el porqué de su éxito. Este tipo de aplicaciones permiten contactarlo con el vehículo que se encuentre más cerca de usted y encontrar su ubicación exacta, informarle de la tarifa con anticipación e incluso permitirle pagar con tarjeta de crédito. La mayoría de estas aplicaciones además, le informan la placa del vehículo que realizará el transporte y el nombre de su conductor, antes de que usted pueda si quiera subir al auto. Como en cualquier taxi tomado en la calle, el pago se hace al taxista y no a la empresa que administra la plataforma. Si bien el precio es mayor al de un taxi tomado de la calle, para muchos éste se justifica no solo por la eficiencia sino por la seguridad y calidad del servicio.

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  1. Artículo publicado originalmente en Bullard Falla Ezcurra +, Competencia & Regulación de Mercados Perú, Lima, 30 de junio de 2015, Año II, Número 33. 

Un Derecho de código abierto

El movimiento del software de código abierto u open source, que surgió formalmente a inicios de los noventas y del que todos nos beneficiamos a diario al usar Internet, tiene muchísimo que enseñarnos a los abogados. [1] Al establecer sus principios, sus creadores no solo intentaban resolver el problema de cómo distribuir el software sino también el de cómo crearlo, mantenerlo y mejorarlo en forma colaborativa a lo largo del tiempo. En su aproximación hacia estos desafíos sentaron las reglas de un sistema de colaboración que ha sabido mantenerse por algunas décadas y ha influenciado otros espacios como la investigación científica, la producción cultural y hasta la moda. De espaldas a esta revolución, los operadores jurídicos nos hemos mantenido fieles a un sistema de producción normativo sacado de una época en que la circulación de información y la participación ciudadana eran totalmente distintas.

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Dos libros del 2014

En línea con la tradición bibliófila establecida por Antonio, quiero empezar el hábito de comentar y recomendar libros que he leído y me han gustado recientemente. Este año leí varios ensayos sobre tecnología y ciencias sociales, aunque no tanto sobre Internet Policy como me hubiese gustado. Tengo todavía en la lista de pendientes, por ejemplo, el libro de Peter Thiel que ha motivado una pieza muy interesante en el Economist sobre el rol de los monopolios y el derecho de la libre competencia en mercados tecnológicos. De entre lo que sí leí este año, dos títulos han seguido resonando en mi cabeza y en mi trabajo mucho después de haberlos terminado.

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Easy Taxi: taxis fáciles y servicios difíciles

En los últimos días se han reportado distintos casos en los que usuarios del servicio Easy Taxi han experimentado situaciones de aparente peligro o de hostilidad a bordo de vehículos. No es la primera vez que denuncias de este tipo aparecen respecto de esta empresa o empresas similares del rubro. La informalidad, el caos del transporte público y el nulo control hacen que tomar un taxi en Lima sea un deporte de aventura practicado por grandes y chicos. Sin embargo, vale la pena entender cómo los casos que involucran a vehículos solicitados a través de estas aplicaciones tiene algunos matices.

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La economía de pares versus el Estado

La economía de pares o la economía de la compartición es la tendencia dominante entre los nuevos servicios que se prestan a través de Internet. Bajo este término se agrupan a todos los servicios que permiten reducir los costos de transacción entre consumidores y ofertantes en distintos mercados, desde el transporte privado hasta la comida gourmet. Gracias a la tecnología, es posible disponer temporalmente de transporte, alojamiento, alimentación o servicios generales en muchas ciudades del mundo a través de empresas que centralizan la información sobre los ofertantes de esos servicios y procesan el pago. De la misma manera en la que servicios como eBay o Mercado Libre permitieron a cualquiera convertirse en vendedor, servicios como Uber, AirBnB, Breather o EatWith están permitiendo que cualquiera pueda prestar servicios de transporte o alojamiento gracias a un inteligente sistema sustentado en la facilidad y la confianza en la comunidad.

Este fenómeno ha llegado ya hace varios años a Perú, aunque a un ritmo moderado. En Lima, si uno no quiere tomar un taxi puede pedir un auto de Uber desde su smartphone y ser recogido por un conductor privado que cobra por distancia en un auto en óptimas condiciones. De esa manera, el usuario peruano se ahorra el peligro de tomar un taxi de la calle, el terrible trámite de negociar la tarifa y hasta la necesidad de portar efectivo porque la aplicación descuenta el costo del viaje directamente de la tarjeta de crédito del usuario. Del otro lado, conductores para quienes antes no resultaba atractivo prestar el servicio de taxi porque los márgenes eran muy bajos ahora pueden hacerlo sabiendo que su inversión será valorada por sus pasajeros.

La controversia entre los nuevos gigantes de la economía de pares y el Estado debe de ser una de las discusiones legales más interesantes de nuestra época. En junio de este año, una huelga coordinada de miles de taxistas pidiendo mayor regulación para Uber paralizó las principales ciudades europeas y en San Francisco son frecuentes las manifestaciones contra AirBnB por la forma en la que distorsiona el mercado inmobiliario. Desde el punto de vista legal, el surgimiento de estos servicios nos plantea varias preguntan cuyas respuestas nos obligan a cuestionarnos principios y sistemas que hasta hace poco parecían escritos en piedra.

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Las empresas de acceso a Internet versus la Internet

A propósito de las recientes declaraciones del Presidente de Telefónica España, se ha revivido en nuestro contexto la discusión sobre la relación entre empresas operadoras y empresas de Internet. En particular, varios artículos aparecidos en el diario La República (1, 2, 3, 4) introducen una serie de conceptos e ideas que vale la pena discutir en detalle.

A nosotros tanto y a ellos tan poco

Lo primero que hay que saber es que los comentarios exactos del presidente de Telefónica, César Alierta, y el consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, estaban orientados específicamente a la diferencia entre el marco regulatorio aplicable en Europa a las empresas que proveen el servicio de acceso a Internet (ej. Claro o Vodafone) respecto del aplicable a las empresas que brindan contenidos o servicios en Internet (ej. Facebook o BuzzFeed). En corto, a ambos empresarios les parece injusto que a sus empresas les exijan cumplir con tantas reglas mientras que a otras se les exija tan poco. Para llegar a esta conclusión, se asumen varias ideas que no necesariamente son ciertas o que no se ajustan a nuestro sistema legal y económico. Me explico.

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To tweet or not to tweet?: el uso de redes sociales por abogados

La semana pasada la revista “La Ley” publicó su primera edición impresa. En ella presenta el artículo “Twitter, socio para el desempeño del Derecho” donde aborda un tema muy interesante y vigente relacionado con el uso de las redes sociales en la profesión legal revisando el caso puntual del Perú. El artículo inicia citando una estadística realizada por la propia publicación donde se indica que 89% de los abogados peruanos encuestados señalan que usan el Internet para revisar las normas legales y un 73 % considera que plataformas como Facebook o Twitter son útiles como medios habituales de información.

A continuación el artículo advierte tres beneficios concretos sobre participar activamente en redes sociales: (i) ayuda a mejorar la reputación profesional del abogado, (ii) permite compartir ideas y opiniones generando debate y permitiendo la retroalimentación, (iii) permite extender la red de contactos del abogado y (iv) sirve como espacio de influencia y defensa de causas y posiciones. El artículo concluye con una idea muy interesante según la cual es necesario romper el mito de ese aparente divorcio entre los abogados y la tecnología y, por el contrario, sacarle provecho a esta herramienta.

Sin duda, y esto lo podemos confirmar quienes escribimos en este espacio, es importante promover el uso de la tecnología por parte de los abogados. Por tanto es importante estar presentes lejos de mostrar indiferencia por este medio nuevo de interacción social. Sin embargo la estadística elaborada por la publicación, si bien es muy relevante, no explora las razones de la aparente distancia por parte de abogados peruanos en el uso de redes sociales.  Sería muy interesante ahondar en aquellas razones y sumar las respuestas al análisis.

Creo que el aparente distanciamiento por parte de abogados peruanos en el uso activo de redes sociales no se agota en un desconocimiento de las indudables ventajas advertidas por la citada publicación. La participación activa en redes sociales por abogados es un tema de debate mundial a través de diversos foros internacionales y asociaciones de profesionales del Derecho y va más allá del simple desconocimiento de sus ventajas. Se trata de un asunto que involucra aspectos muy sensibles relacionados con la ética y la responsabilidad profesional.

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Comisión de la Mujer cambió para mejor la Ley Chehade

Esta semana se hizo público el Dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso sobre el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR presentado por el congresista Omar Chehade que planteaba un esquema de censura previa de contenidos en Internet y ponía en riesgo la libertad de expresión en línea en Perú.

El nuevo texto se aleja de la mirada pesimista de la tecnología del proyecto original y reconoce que la propuesta original era insostenible. En cambio, se enfoca hacia una solución más profunda y documentada del problema, superando el modelo de prohibición e intervencionismo estatal. En esa línea, el Proyecto ahora propone que el Estado juegue un rol facilitador en alianza con la empresa privada para desarrollar estrategias que eduquen a las familias sobre la importancia del uso responsable de Internet. Continuar leyendo

Internet ¿jungla digital?

Cada vez la prensa peruana reporta con mayor frecuencia casos diversos sobre discriminación, injuria, difamación, suplantación de identidad y “hackeos” ocurridos en Internet. La siguiente pregunta, como diría Chespirito, es ¿y ahora quien podrá defendernos? La respuesta nunca llega o se tiñe de imprecisiones con respecto a si Internet es un espacio regulado, si es necesario regularlo o si estamos frente a una realidad paralela irregulable.

La respuesta es simple, Internet es un espacio más donde realizamos actividades de distinta índole, hacemos negocios, socializamos, expresamos opiniones. No lo hacemos de manera directa y física sino remota. Sin embargo eso no quiere decir que sea un espacio que requiera siempre de regulación específica. En algunos casos no será necesaria la regulación, en otros casos la regulación actual cubre perfectamente esas conductas y finalmente existen algunos supuestos que sí requerirán ajustes normativos. Lo cierto es que no estamos frente al primer caso en que las nuevas tecnologías plantean retos al Derecho. Lo importante será que el Derecho se adapte a la realidad (y no al revés).

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