“To tweet or not to tweet?”: el uso de redes sociales por abogados

La semana pasada la revista “La Ley” publicó su primera edición impresa. En ella presenta el artículo “Twitter, socio para el desempeño del Derecho” donde aborda un tema muy interesante y vigente relacionado con el uso de las redes sociales en la profesión legal revisando el caso puntual del Perú. El artículo inicia citando una estadística realizada por la propia publicación donde se indica que 89% de los abogados peruanos encuestados señalan que usan el Internet para revisar las normas legales y un 73 % considera que plataformas como Facebook o Twitter son útiles como medios habituales de información.

A continuación el artículo advierte tres beneficios concretos sobre participar activamente en redes sociales: (i) ayuda a mejorar la reputación profesional del abogado, (ii) permite compartir ideas y opiniones generando debate y permitiendo la retroalimentación, (iii) permite extender la red de contactos del abogado y (iv) sirve como espacio de influencia y defensa de causas y posiciones. El artículo concluye con una idea muy interesante según la cual es necesario romper el mito de ese aparente divorcio entre los abogados y la tecnología y, por el contrario, sacarle provecho a esta herramienta.

Sin duda, y esto lo podemos confirmar quienes escribimos en este espacio, es importante promover el uso de la tecnología por parte de los abogados. Por tanto es importante estar presentes lejos de mostrar indiferencia por este medio nuevo de interacción social. Sin embargo la estadística elaborada por la publicación, si bien es muy relevante, no explora las razones de la aparente distancia por parte de abogados peruanos en el uso de redes sociales.  Sería muy interesante ahondar en aquellas razones y sumar las respuestas al análisis.

Creo que el aparente distanciamiento por parte de abogados peruanos en el uso activo de redes sociales no se agota en un desconocimiento de las indudables ventajas advertidas por la citada publicación. La participación activa en redes sociales por abogados es un tema de debate mundial a través de diversos foros internacionales y asociaciones de profesionales del Derecho y va más allá del simple desconocimiento de sus ventajas. Se trata de un asunto que involucra aspectos muy sensibles relacionados con la ética y la responsabilidad profesional.

Un interesante y muy completo estudio realizado por la International Bar Association (IBA) del año 2012, entre 60 gremios profesionales ubicados en 47 jurisdicciones distintas (incluye la participación del Colegio de Abogados de Lima), recogió gran parte de las preocupaciones de profesionales del Derecho respecto del uso de redes sociales. El informe aborda, entre otros, los siguientes aspectos:

  • La interacción entre abogados, jueces y miembros del jurado en redes sociales.
  • La publicación de comentarios y opiniones acerca de casos en curso o casos en los que estuvieron involucrados.
  • El efecto, de ser el caso, de comunicaciones en línea entre un abogado y un potencial o actual cliente en relación con la relación abogado-cliente (“attorney-client privilege”) y el secreto profesional.
  • El uso de evidencia hallada en redes sociales y su inclusión en procesos judiciales.
  • La percepción pública de abogados y jueces y si ésta puede verse afectada por su participación en redes sociales.
  • La relación entre los estudiantes de Derecho y sus profesores y si ésta relación se ve comprometida por formar parte de sus redes de contactos en redes sociales.
  • Las ventajas y desventajas de participar activamente en redes sociales.
  • La necesidad potencial para capacitación de abogados, jueces y estudiantes de Derecho sobre aspectos éticos e implicancias profesionales del uso de redes sociales en la profesión.
  • El potencial involucramiento de colegios y asociaciones profesionales para intervenir y desarrollar ciertos principios o lineamientos al respecto.

Los resultados de la encuesta son muy interesantes. A continuación transcribo algunos:

  • Más del 90% de encuestados encontró que el uso de redes sociales presenta nuevos retos para la profesión legal.
  • Casi el 70% de encuestados cree que es inaceptable que abogados y jueces formen parte de sus listas de contactos en redes sociales.
  • Más del 90% de encuestados consideraron inaceptable que abogados y jueces publiquen comentarios u opiniones en redes sociales relativos a colegas abogados, otros jueces, partes o procesos judiciales en curso. Sin embargo comentar sobre un caso en curso sería aceptable para los periodistas.
  •  Más de 85% consideró aceptable que los abogados accedan y usen información encontrada en redes sociales como evidencia en procesos judiciales.
  • Casi 40% sienten que el uso de redes sociales por parte de jueces puede afectar la imparcialidad e independencia del magistrado.
  • 85% considera que los estudiantes de Derecho deben ser informados en las escuelas de Derecho sobre los riesgos potenciales y desventajas asociadas al uso de redes sociales.
  • Más del 75% considera que existen más ventajas que desventajas en el uso de redes sociales para la profesión legal.
  • 80% considera que es necesario establecer códigos de ética profesional aplicables a la actividad de la profesión legal en línea cuando sea necesario.
  • Más del 90% considera que los colegios y asociaciones profesionales deben elaborar lineamientos sobre el uso de redes sociales por los profesionales del Derecho.

Definitivamente, y en eso coinciden las encuestas citadas, las redes sociales y en general el medio “online” no deben ser ajenas a la profesión legal dadas las evidentes ventajas derivadas de su uso. Sin embargo existen situaciones delicadas a ser tomadas muy en cuenta.

Algunos expertos sugieren que es importante establecer lineamientos y políticas claras dentro de las firmas de abogados respecto de cuando y cómo usar redes sociales por parte de sus miembros. Ello a fin de evitar cualquier posible afectación a alguno de sus clientes o casos que vienen atendiendo o incluso hayan atendido. En la misma línea resulta muy importante definir bien qué tipo de información se debe publicar a través de la cuenta institucional de una firma de abogados y qué no. Lo importante radica en ser claros en el mensaje respecto de a quien se representa en estos espacios. Asimismo, se recomienda, ser cuidadosos en no entender que las publicaciones (sean opiniones o debates en general) en redes sociales califiquen o puedan ser consideradas como asesoría legal.

Luego de la citada encuesta, la IBA publicó en mayo de este año una lista de principios que resumo a continuación y que pueden servir de referencia como parámetros de la presencia en redes sociales de cualquier abogado o estudio de abogados:

  • Independencia. La independencia es fundamental como principio rector de la profesión legal. Es importante que los colegios profesionales aseguren que sus abogados no se encuentren sujetos a presiones que afecten su imparcialidad.
  • Integridad. Los profesionales del Derecho deben mantener los estándares más altos de integridad en cualquier relación que establezcan a través de redes sociales. Los colegios profesionales deben promover entre sus miembros la reflexión sobre el impacto que las redes sociales pueden tener en términos de reputación profesional. La publicación de comentarios o contenidos poco profesionales o anti éticos puede tener efectos irreparables aún si se hicieron originalmente en privado.
  •  Responsabilidad. Entendiendo el uso.- es importante conocer las configuraciones de privacidad de las diferentes redes sociales que aplican a los usuarios de una página web así como sus implicancias derivadas. Siendo claros.- cuando los abogados se presentan como tales y emiten opiniones estas puede ser consideradas formalmente como recomendaciones legales y ello podría generar responsabilidad frente a terceros al estar ejerciendo la práctica en jurisdicciones donde no se cuenta con licencia para ello. Los colegios profesionales deberán promover en sus miembros dicha claridad en el uso de redes sociales. Haciendo un uso adecuado.- Los abogados deben considerar cuando el medio utilizado es apropiado para los objetivos perseguidos basado en su carácter masivo y en el público al que se dirigen. Como recomendación general los abogados no deberán hacer o decir algo que no harían o dirían frente a una multitud. Asimismo deben ser conscientes del efecto que pueden tener dichas declaraciones y uso no apropiado de redes sociales.  Cumpliendo las reglas éticas de publicidad de la práctica en línea con lo establecido por los códigos y reglas establecidos por los colegios profesionales aplicables a la profesión. Conflictos de interés.- Los conflictos de interés no siempre están limitados al aspecto de la representación sino que pueden surgir y crear problemas de orden político e incluso ético con los clientes. Los abogados deben ser conscientes que sus declaraciones en redes sociales pueden revelar posiciones contrarias a las de sus clientes y generar problemas con ellos.
  • Confidencialidad. Es importante entender que las redes sociales no son un espacio apropiado para ventilar información de clientes u otra información confidencial a menos que puedan garantizar que la pueden resguardar de acuerdo con sus obligaciones profesionales, éticas y legales.
  • Manteniendo la confianza pública. Los abogados deben ser consecuentes en su conducta “online” como “offline” mostrando independencia, integridad y confianza. Sus declaraciones deben ser ciertas y nunca engañosas.
  • Políticas. Cuando un profesional del Derecho utiliza las redes sociales, los empleados de la firma deben contar con orientación e instrucciones claras sobre su correcto uso. Los colegios de abogados y organismos reguladores debe alentar a firmas de abogados a desarrollar políticas y directrices claras y coherentes
    sobre el uso de los medios de comunicación social.

Los lineamientos de la IBA son bastante claros e intentan abordar aquellos aspectos en los que se debe enmarcar la actividad “online” de los profesionales del Derecho. Nótese la relevancia del componente ético y la participación de los colegios profesionales y las propias firmas de abogados en el desarrollo de principios rectores.

Al respecto vale la pena echar una mirada a los “Social Media Ethics Guidelines”, lineamientos emitidos por la New York State Bar Association, colegio profesional rector de la profesión legal en el estado de Nueva York, en marzo del presente año. Cito algunos extractos a continuación:

• Gathering evidence. Lawyers may try to locate impeachment material by looking at the public portion of an individual’s social media accounts–even if that person is represented by counsel in the matter–but the lawyer cannot review any restricted portion of a represented person’s social media site without an express authorization from the person’s counsel.

• Advising clients about their social media accounts. Attorneys may advise clients to “take down” social media information or shift it to private areas, so long as the change would not violate any decisions, statutes or rules on spoliation of evidence. However, material subject to a duty to preserve may not be deleted unless an “appropriate record” of the information is maintained.

• Reviewing jurors’ profiles and posts. Although a lawyer may view a juror’s public social media information, there must be no communication with the juror, even if the contact is automatically generated by the social media network.

• Advertising. Lawyers’ social media profiles must not list their practice areas under “specialist” headings, unless they are properly certified in those areas.

• Posting advice. A lawyer may give general answers to legal questions others ask on social media, but should avoid furnishing specific legal advice.

Si queremos dar respuesta al título de la presente nota, reitero, es necesario para todo abogado aprovechar el potencial que ofrecen las redes sociales pero hay que trabajar mucho en el “cómo” y “cuando”. No debemos olvidar que como abogados estamos obligados a cumplir con diversos parámetros de responsabilidad ética y profesional al momento de ofrecer y ejecutar nuestros servicios.

Más información sobre interesante tema en:

Comisión de la Mujer cambió para mejor la Ley Chehade

Esta semana se hizo público el Dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso sobre el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR presentado por el congresista Omar Chehade que planteaba un esquema de censura previa de contenidos en Internet y ponía en riesgo la libertad de expresión en línea en Perú.

El nuevo texto se aleja de la mirada pesimista de la tecnología del proyecto original y reconoce que la propuesta original era insostenible. En cambio, se enfoca hacia una solución más profunda y documentada del problema, superando el modelo de prohibición e intervencionismo estatal. En esa línea, el Proyecto ahora propone que el Estado juegue un rol facilitador en alianza con la empresa privada para desarrollar estrategias que eduquen a las familias sobre la importancia del uso responsable de Internet. Seguir leyendo

Internet ¿jungla digital?

Cada vez la prensa peruana reporta con mayor frecuencia casos diversos sobre discriminación, injuria, difamación, suplantación de identidad y “hackeos” ocurridos en Internet. La siguiente pregunta, como diría Chespirito, es ¿y ahora quien podrá defendernos? La respuesta nunca llega o se tiñe de imprecisiones con respecto a si Internet es un espacio regulado, si es necesario regularlo o si estamos frente a una realidad paralela irregulable.

La respuesta es simple, Internet es un espacio más donde realizamos actividades de distinta índole, hacemos negocios, socializamos, expresamos opiniones. No lo hacemos de manera directa y física sino remota. Sin embargo eso no quiere decir que sea un espacio que requiera siempre de regulación específica. En algunos casos no será necesaria la regulación, en otros casos la regulación actual cubre perfectamente esas conductas y finalmente existen algunos supuestos que sí requerirán ajustes normativos. Lo cierto es que no estamos frente al primer caso en que las nuevas tecnologías plantean retos al Derecho. Lo importante será que el Derecho se adapte a la realidad (y no al revés).

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Brasil y su “Marco Civil da Internet”: análisis y perspectivas desde Perú

En la víspera del inicio del foro Net Mundial, foro convocado por el gobierno brasileño para discutir aspectos relacionados con la gobernanza de Internet, la Cámara de Senadores de dicho país siguiendo el camino trazado por la Cámara de Diputados aprobó hoy el Marco Civil da Internet, norma considerada como “la Constitución de Internet”. Según reportan especialistas en Twitter, como Omar Kaminski (sugiero seguir también a Paulo Sa), el texto aprobado por el Senado no sufrió modificaciones con relación al aprobado previamente por la Cámara de Diputados (acá se puede revisar una versión no oficial en español del texto aprobado por la Cámara de Diputados). La norma sólo espera la aprobación final de la Presidenta Dilma Rousseff y, según reporta la prensa, sería pronta y favorable.

No soy experto en legislación brasileña pero intentaré repasar los aspectos principales de la norma haciendo constantes referencias al marco jurídico peruano.

El artículo 1 de la norma señala lo siguiente:

Art. 1.— Esta Ley establece los principios, garantías, derechos y obligaciones para el uso de Internet en Brasil y determina directrices para la actuación de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en este sentido. (énfasis agregado).

El artículo es importante porque quizás sea uno de los primeros antecedentes normativos que pretende establecer garantías y derechos en Internet, más allá de sólo obligaciones. Destaca además el enfoque transversal a todo el Internet y no sólo a ciertos aspectos de ella como el comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en España) o la propiedad intelectual (DMCA, SOPA, Ley Sinde, entre otras). Finalmente como lo indica el artículo 1 se trata de una norma marco o de principios mínimos.

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Cuatro semanas que podrían cambiar los derechos de autor en Perú

El boletín Digital Rights LAC que publican un grupo de ONGs latinoamericanas incluye este mes un artículo mío sobre #IntervenganAPDAYC y su posible impacto en el régimen de derechos de autor en Perú. En el artículo, resumo las principales consecuencias que ha traído la investigación de Marco Sifuentes y Jonathan Castro sobre los malos manejos de sociedad de gestión colectiva: desde las audiencias en el Congreso hasta el cambio del Director de la Oficina de Derechos de Autor.

Lo mejor que puede pasar tras el escándalo de APDAYC no es la renuncia de sus directivos o la desarticulación de la sociedad de gestión colectiva. Sin perjuicio de las responsabilidades individuales existentes, quizás lo mejor que nos pueda pasar sea que APDAYC nos sirva de excusa para tener una conversación que traíamos pendiente como país. Un estado que busca construir su política cultural y promover el respeto por la propiedad intelectual no puede darse el lujo de cerrar los ojos a su realidad, que se resume en pequeñas cosas como que el mayor centro de comercialización minorista de copias ilegales del país (Polvos Azules) esté a pocas cuadras de la Corte Suprema.

Perú necesita identificar los problemas actuales de su sistema de derechos de autor y discutir posibles soluciones. Es un debate que muy pocas veces nos hacemos en voz alta y, sin embargo, con frecuencia actuamos como si lo tuviésemos muy claro, en espacios de negociación secretos como el del Acuerdo Trans Pacífico (TPP) donde Perú está sentándose a asumir obligaciones que pesarán tanto o más que una ley dada por el Congreso.

Sobre el tema, hay dos ideas importantes que no han recibido suficiente atención. La primera tiene que ver con que muchas de las “denuncias” realizadas como parte la investigación no eran tanto denuncias contra APDAYC sino contra las leyes de derechos de autor mismas. El ejemplo más claro es el polémico caso de cobro por uso de música en matrimonios o en eventos de carácter benéfico. No se trata de algo que APDAYC haya inventado sino que es algo que la ley le autorizó a hacer o, mejor dicho, no le prohibió hacer vía una excepción. Mucha de la indignación contra APDAYC realmente debió ir dirigida contra quien escribió la Ley de Derechos de Autor en 1996 y se preocupó muy poco por estos casos. Por suerte, como señalo en el artículo, hay trece proyectos de ley esperando discusión en el Congreso que intentan cambiar parte del marco legal que permite esto. Con independencia de cuál sea mi opinión personal sobre el fondo del asunto, creo que un debate público sobre el tema va a ser muy saludable.

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Un Derecho para robots

En El Cristal Roto, el blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, me pidieron comentar la posibilidad de reconocer ciertos derechos a robots. A primera impresión la pregunta podría parecer banal o un mero ejercicio de la imaginación. Sin embargo, en el fondo se encuentra la interrogante sobre qué es aquello que nos distingue a los humanos como los únicos que directa o indirectamente (ej. sociedades conyugales) pueden ser objetos de derecho.

La pregunta sobre la posibilidad de considerar a ciertos tipos de máquinas o robots como sujetos de derecho es compleja y puede ser abordada desde distintos planos. En este artículo explico y planteo algunos supuestos, con la plena certeza de que estoy realizando primero un ejercicio de pensamiento lateral antes que un auténtico análisis jurídico. Al mismo tiempo, reconozco que este problema pertenece a la categoría de cuestiones en las que la ley se instituye como un reflejo de la moral, la ética o la filosofía dominantes en cierto periodo histórico. Con esto, quiero decir que la auténtica respuesta a si en el futuro existirán o no derechos para los robots será respondida inicialmente por la ética o la filosofía antes que por el Derecho mismo y probablemente será una regla en constante evolución.

Pueden leer el artículo completo desde aquí. Gracias a Germán Gomez, Óscar Súmar y al equipo de El Cristal Roto por invitarme a participar.

Enlace | ¿Un Derecho para robots?

Interviniendo la Ley peruana de Derechos de Autor

articulo_morachimoEl número 63 de la Revista Jurídica editada por Thomson Reuters Perú incluye un artículo mío sobre las cambios más urgentes a la Ley sobre del Derecho de Autor en Perú. Mi artículo parte de la investigación de Marco Sifuentes y Jonathan Castro denominada #IntervenganAPDAYC pero se centra en un grupo de cambios que resultan urgentes a la Ley y que podrían haber evitado una crisis como la descrita en los reportajes.

En mi artículo explico las razones por las que creo que deben de cambiarse los artículos referentes al uso de obras en ámbitos domésticos, en actos oficiales y religiosos, bibliotecas y también las reglas sobre el cobro por uso de obras fuera del catálogo de las sociedades de gestión colectiva. Algunos de estos puntos ya son parte de los trece proyectos de ley que plantean reformar la Ley sobre el Derecho de Autor y que fueron presentados el año pasado. En el artículo no me extiendo sobre ellos porque lo escribí cuando todavía no se habían presentado algunos y porque eso es materia de otro informe que estamos trabajando en Hiperderecho.

Gracias a Elizabeth Barreda y al equipo editorial de la Revista Jurídica Thomson Reuters por invitarme a participar y por permitirme compartir este artículo con ustedes. La revista semanal es uno de los varios beneficios exclusivos de sus suscriptores. Para mayor información pueden visitar su página web.

Descarga | Intervniendo la Ley Peruana de Derechos de Autor, 8 páginas [PDF]

 

Nuevo libro: Internet y Derechos Humanos (sorteo)

celeEl Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo acaba de editar el libro Internet y Derechos Humanos: Aportes para la discusión en América Latina. El libro está copilado por el profesor Eduardo Bertoni y se compone de un conjunto de ensayos que abordan temas como neutralidad de red, privacidad vigilancia o derechos de autor. El libro busca presentar los principales puntos de discusión en materia de regulación de Internet y analizarlas desde la perspectiva de los derechos humanos. Los textos están escritos por escritos por Carlos Cortés, Atilio Grimani y el propio Eduardo Bertoni y han sido publicado en el marco de la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI), el programa especial del CELE que tiene como objetivo proporcionar asesoramiento y apoyo técnico a los promotores y hacedores de políticas en materia de Internet.

Personalmente, he disfrutado mucho la lectura del libro. Algunos de los ensayos ya los conocía porque habían sido publicados individualmente el año pasado. Sin embargo, creo que en su conjunto brindan un vistazo muy actual y documentado del estado de la discusión en materia de políticas públicas e Internet en América Latina. No puedo hacer énfasis suficiente en la importancia de este tipo de trabajos, que plantean la discusión desde el interés público y los derechos humanos, dada la escasez de este tipo de aproximaciones en la literatura latinoamericana sobre la materia.1

El profesor Bertoni y el equipo del CELE han tenido la gentileza de enviarme algunos ejemplares del libro para compartir con ustedes. Voy a sortear dos ejemplares del libro entre todas las personas que dejen un comentario en esta entrada desde hoy hasta el próximo martes 24, inclusive. Al igual que en otras oportunidades, los únicos requisitos para participar son vivir en Perú (incluye provincias) y usar un correo electronico real al momento de dejar el comentario. Este es el correo al que te escribiré para coordinar la entrega.

Por cierto, el libro también puede ser descargado íntegramente en PDF desde la web de la Universidad de Palermo.

Actualización (26/03): Los ganadores son Javier Murillo y Guillermo García. Gracias a todos por participar.


  1. Los interesados pueden revisar el igualmente recomendable Hacia una Internet libre de censura: Propuestas para América Latina también publicado por el CELE en el año 2012. Un libro que curiosamente fue citado en el nefasto Proyecto de Ley de Protección del Menor en Internet de Omar Chehade y cuya referencia fue desmentida por los propios autores del ensayo citado

Empresaurios Contraatacan

En los últimos tiempos la humanidad viene siendo testigo de incomparables avances tecnológicos y del surgimiento de modelos de negocio que ponen a prueba el statu quo y todo lo que, hasta poco tiempo antes, era considerado el “deber ser”. Estos nuevos aires son posibles gracias a la presencia cada vez mayor de unas personas que aprovechan su gran pasión por una idea, sus ganas de cambiar el mundo y el acceso –cada vez más fácil—a tecnología de punta. Estas personas comúnmente llamadas innovadores nos están permitiendo vivir tiempos de cambio vertiginoso y de acceder a conocimientos y mejoras económicas antes impensables.

Es así, que cada vez con más frecuencia vemos diferentes iniciativas –tanto privadas como públicas—que fomentan la creatividad, el espíritu emprendedor y las ganas de cambiar el mundo mediante la utilización de nuevas tecnologías. El Perú no es ajeno a ello, y en los últimos años hemos sido testigos de la aparición de muchas iniciativas locales de este tipo como Wayra, Startup Academy, Lima Valley, StarsCamp, InnovaPe, StartUp Peru.

En los últimos días, sin embargo, hemos sido testigos de la lucha de los antiguos actores de un segmento de negocio particular contra aquellos que, justamente, comulgan con este nuevo espíritu y que tratan de cambiar el modelo propiciando mejores servicios o mejor acceso a los mismos para la comunidad en general.

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¿Cuales fueron las modificaciones a la ley de delitos informáticos?

Hace algunos meses escribimos una nota donde exponíamos la ley de delitos informáticos en cuatro conclusiones.

Sin embargo, atendiendo a las diversas críticas que recibió la ley de delitos informáticos desde su aprobación, algunos congresistas presentaron diversos proyectos de ley que terminaron en un dictamen que fue aprobado el día de ayer.

Compartimos la nota publicada hoy por Gestión con una síntesis de las principales novedades 

Gestión delitos informaticos 2014-02-14

Puntualmente considero lo siguiente:

  1. Como hemos sostenido anteriormente la ley era necesaria sin embargo eran necesarios algunos ajustes.
  2. La ausencia de un marco legal adecuado ha permitido el avance de la cibercriminalidad.
  3. Confiamos que con los ajustes propuestos se logre detener el cibercrimen y la ciberdelincuencia.
  4. Los cambios propuestos son importantes, aclaratorios mas no sustanciales.
  5. El debate reciente ha servido para que se vea la importancia de la norma pero pues una ley solo es el primer paso.
  6. Se requiere suscribir Budapest y una capacitación intensa a los actores y operadores jurídicos ya que nos encontramos frente a una problemática con un alto componente técnico.