De Kirchneristán a Perusalem: Brasil, Chile y Colombia

Continuando con nuestro recorrido por diversas realidades de la industria cinematográfica de la región, esta vez le toca el turno de Brasil, Chile y Colombia. Como veremos, las ayudas públicas siguen siendo la regla.

Brasil

En Brasil se crea en el año 2001 la Agencia Nacional de Cine (Agência Nacional do Cinema – Ancine), órgano encargado de fomentar y regular las industrias audiovisuales del gigante latinoamericano. Está dotado de autonomía financiera y funciona casi como un organismo regulador independiente. Inicialmente se encontraba bajo la supervisión de la Casa Civil de la Presidencia, pero en octubre de 2003 su competencia fue transferida al Ministerio de Cultura.

La Agencia financia sus actividades con recursos directos e indirectos. Entre los primeros los recursos presupuestarios con base de la Ley de Adquisiciones. Los segundos se generan a partir de la autorización y supervisión de proyectos con fondos provenientes de una serie de  beneficios tributarios. Por ejemplo, la conocida como Ley Rouanet permite que los contribuyentes reduzcan del Impuesto a la Renta el patrocinio o donación de fondos para proyectos culturales.

Por otro lado, la Ley del Audiovisual establece dos mecanismos de incentivos fiscales. A través de certificados de inversión que permite aplicar el 100 por ciento de los recursos invertidos en la compra de proyectos para la distribución, la exhibición e infraestructura; así como, que las empresas que operan en el mercado brasileño puedan deducir el 70 por ciento del Impuesto a la Renta por las inversiones realizadas en proyectos de producción brasileños.

Además, se ha creado otros cuatro incentivos fiscales para beneficiar a la industria: (i) la exención de la contribución al desarrollo de la industria cinematográfica nacional (Condecine), un impuesto sobre los ingresos derivados de la explotación comercial de la actividad audiovisual por desarrolladores extranjeros en caso inviertan en la producción de obras de producción independiente local; (ii) una subvención financia la industria cinematográfica nacional (Funcines), los recursos se aplican, con la aprobación de Ancine en proyectos de obras nacionales independientes, la construcción y renovación de salas y la adquisición de empresas en el sector; (iii) Programa de Apoyo al Desarrollo Nacional de Cine (Prodecine), con recursos de Condecine para la ejecución de proyectos independientes; (iv) A través de la Ley N º 10.179/01 se permite la conversión de la deuda pública en la producción, distribución, exhibición y difusión de las obras audiovisuales brasileñas.

Prácticamente todo el mercado cinematográfico está en manos del gobierno. Productoras de todos los tamaños salen en busca de un guión y lo envían al gobierno para su financiación, en un  sistema que protege a los inversores privados de las pérdidas derivadas de un posible fracaso en las taquillas. Eso hace que Brasil tenga un modelo cinematográfico al capricho de los directores que no garantiza la rentabilidad y la explotación de todos los canales existentes.

Chile

El fomento al cine cine chileno se remonta a 1941 cuando la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) creó la empresa estatal Chile Films. En el año 1967 se introdujeron una serie de incentivos tributarios en la Ley de presupuesto para el desarrollo del cine local. Este proceso se interrumpe con el golpe de Estado de 1973. A partir de entonces Chile Films reduce su actividad para luego privatizarse.

En 2004 la La Ley 19.981 creó el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA) y el Fondo de Fomento Audiovisual dependientes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Ello permitiría la utilización de fondos estatales para la creación, difusión, protección y preservación de obras audiovisuales.

Desde el mes de septiembre de 2005, se implementó el Fondo de Fomento Audiovisual con un presupuesto inicial de poco menos de dos millones de dólares para la creación y producción de obras audiovisuales, formación profesional, investigación y capacitación y difusión y exhibición de obras audiovisuales, y asignaciones directas focalizadas en festivales de interés nacional y la restauración patrimonial. En el 2005, el Consejo implementó una línea financiera para subsidiar a las salas de cine que exhiban producciones chilenas exclusivamente, por un monto de mas de 200 mil dólares cifra que se incrementa a más de 600 mil en el 2013.

El año 1999 la suma de los diferentes instrumentos públicos creados para el apoyo al audiovisual chileno aportaron una cifra cercana al millón de dólares. En 2007 ese monto se había multiplicado por diez. 

No obstante, las ayudas públicas no ha significado necesariamente una mayor audiencia por parte del público local. En el año 2012, un observador (La falta de público en Chile para el cine chileno) apuntaba que la falta de público había generado que los directores locales comenzaran a hacer películas para los festivales de cine, aumentando la brecha con el consumidor local. Un análisis que también se ha hecho por estos lares.

Colombia

En Colombia el Estado antes de comenzar fomentando al cine lo gravó. En 1918, el Concejo de Bogotá impuso una tasa del 10 por ciento del valor de la boleta de entrada a las salas de cine para el Fondo de Pobres. En los años siguientes se crearon nuevos impuestos al cine en otras ciudades. Los ingresos tuvieron diferentes usos como por ejemplo, financiar el emprésito patriótico por gastos de guerra o el fomento al deporte.

En 1929 llegó el cine sonoro a Colombia. A finales de la década del 30 se creó la Oficina de Cine de la Sección de Cultura Popular del Ministerio de Educación. La primera Ley de fomento del cine se aprueba en 1942. Esta Ley aplica una serie de exenciones a los exhibidores por la exhibición de cortos y largometrajes nacionales sobre el 10 por ciento de impuestos al boleto y la  cuota de pantalla. Sin embargo la Ley se reglamenta recién a principios de los años 70, con el decreto 871, conocido como Ley del Sobreprecio a las entradas a las salas de cine. Los recursos obtenidos por este medio, fueron empleados para la realización de cortometrajes locales.

En 1978 se aprueba el Decreto 1244 a través del cual se autoriza al Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), a la Corporación Financiera Popular y a la Compañía de Informaciones Audiovisuales, a participar en la constitución de la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine). Su objetivo era la ejecución de políticas que tuvieran incidencia sobre la industria cinematográfica, y la recaudación, administración e inversión de los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico. En 10 años se realizaran, con apoyo estatal, 29 largometrajes. Sin embargo, los resultados económicos no fueron buenos. En 1993 se liquidó Focine.

En el 2003 se aprueba la Ley 814, Ley del Cine. La Ley crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) cuya administración está a cargo de Proimágenes Colombia. El Fondo se nutre de una tasa pagada por los exhibidores, distribuidores y productores por la exhibición de obras cinematográficas en el territorio nacional. Adicionalmente, impone a los exhibidores una contribución del 8,5 por ciento de los ingresos de películas extranjeras mientras que los distribuidores pagarán el 7,5 por ciento . Los productores de películas colombianas deberán descontar un 5 por ciento de sus ingresos por taquilla. Asimismo, se establece para inversiones y donantes de proyectos cinematográficos una disminución del impuesto a la renta del 125% del valor invertido o donado. Finalmente, el productor puede titulizar los proyectos cinematográficos en el mercado de valores para que pueda ser transado como activo financiero. Las utilidades que se obtengan en taquilla y otras ventanas de exhibición serán distribuidas proporcionalmente entre los accionistas.

Para el año 2014 se han aprobado unos 9 millones de dólares para el fomento del cine local.

En la imagen: Tropa de élite 2 (1969) de José Padilha.

El creciente ecosistema de páginas web sobre Derecho en Perú

Compruebo con entusiasmo que en los últimos años ha crecido en cantidad y calidad el número espacios dedicados al comentario legal escritos desde Perú. Cuando Oscar y yo empezamos este blog en el 2008, parecía una idea temeraria que un abogado invierta tiempo y esfuerzo en un proyecto de este tipo.1 No porque no existan las competencias o el interés de hacerlo, sino porque Internet era consistentemente mal vista como un espacio informal y esencialmente recreativo. Incluso existían (y deben de seguir existiendo) abogados que prefieren no tener ningún tipo de presencia en Internet. Como estudiante me sorprendía la gran cantidad de artículos y comentarios originales que se publicaban a través de boletines y revistas pero que tenían una difusión limitadísima debido a las restricciones del medio impreso. Por suerte, hoy existen espacios de este tipo dentro de periódicos y revistas y también de forma independiente que se publican semanalmente a través de Internet.

Quiero dedicar este post a listar algunas de las páginas web de Derecho que leo seguido y/o que me parecen más interesantes en temática, frecuencia de actualización y estilo.2 Realmente el panorama se ha diversificado bastante y creo que hay comentaristas y espacios para todos los gustos. Si algo me gustaría es ver más blogs escritos con soltura, más cerca de un tono conversacional que de uno propio de un libro de texto.

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  1. No voy a caer en la miopía de pensar que fuimos los primeros o creer que “abrimos el camino” al resto. De hecho, en esa época ya existían blogs y páginas web que tocaban de una u otra manera asuntos jurídicos o escritas por abogados, como el constante Desde El Tercer Piso de José Alejandro Godoy. Formamos parte de una tendencia pero no la iniciamos. 

  2. Para otras dos listas similares, ver mis posts Blogs peruanos de DerechoEscribir un blog siendo estudiante

Cuatro semanas que podrían cambiar los derechos de autor en Perú

El boletín Digital Rights LAC que publican un grupo de ONGs latinoamericanas incluye este mes un artículo mío sobre #IntervenganAPDAYC y su posible impacto en el régimen de derechos de autor en Perú. En el artículo, resumo las principales consecuencias que ha traído la investigación de Marco Sifuentes y Jonathan Castro sobre los malos manejos de sociedad de gestión colectiva: desde las audiencias en el Congreso hasta el cambio del Director de la Oficina de Derechos de Autor.

Lo mejor que puede pasar tras el escándalo de APDAYC no es la renuncia de sus directivos o la desarticulación de la sociedad de gestión colectiva. Sin perjuicio de las responsabilidades individuales existentes, quizás lo mejor que nos pueda pasar sea que APDAYC nos sirva de excusa para tener una conversación que traíamos pendiente como país. Un estado que busca construir su política cultural y promover el respeto por la propiedad intelectual no puede darse el lujo de cerrar los ojos a su realidad, que se resume en pequeñas cosas como que el mayor centro de comercialización minorista de copias ilegales del país (Polvos Azules) esté a pocas cuadras de la Corte Suprema.

Perú necesita identificar los problemas actuales de su sistema de derechos de autor y discutir posibles soluciones. Es un debate que muy pocas veces nos hacemos en voz alta y, sin embargo, con frecuencia actuamos como si lo tuviésemos muy claro, en espacios de negociación secretos como el del Acuerdo Trans Pacífico (TPP) donde Perú está sentándose a asumir obligaciones que pesarán tanto o más que una ley dada por el Congreso.

Sobre el tema, hay dos ideas importantes que no han recibido suficiente atención. La primera tiene que ver con que muchas de las “denuncias” realizadas como parte la investigación no eran tanto denuncias contra APDAYC sino contra las leyes de derechos de autor mismas. El ejemplo más claro es el polémico caso de cobro por uso de música en matrimonios o en eventos de carácter benéfico. No se trata de algo que APDAYC haya inventado sino que es algo que la ley le autorizó a hacer o, mejor dicho, no le prohibió hacer vía una excepción. Mucha de la indignación contra APDAYC realmente debió ir dirigida contra quien escribió la Ley de Derechos de Autor en 1996 y se preocupó muy poco por estos casos. Por suerte, como señalo en el artículo, hay trece proyectos de ley esperando discusión en el Congreso que intentan cambiar parte del marco legal que permite esto. Con independencia de cuál sea mi opinión personal sobre el fondo del asunto, creo que un debate público sobre el tema va a ser muy saludable.

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Crónica de un cártel anunciado: la Tasa Google

El modelo empresarial de Google es un nuevo tipo de feudalismo, los campesinos producen el contenido, Google hace de los beneficios“ Alan Murray (Googlephobia)

Un cártel es un acuerdo entre empresas que participan en un mismo mercado con el objeto de reducir los niveles de producción para mantener un determinado nivel de precios. El objetivo, a fin de cuentas, no es otro que el de elevar los ingresos de los participantes en el acuerdo. De esta forma, las empresas que participan en el cártel forman una estructura monopólica reduciendo el bienestar de los consumidores.

Uno de los cárteles más conocidos se ejecutó a partir de las conocidas como cenas de Gary (Gary dinners), celebradas entre los años 1907 y 1911 en los Estados Unidos. En estas famosas cenas, los ejecutivos de la industria del acero acordaban el nivel de producción y con ello los precios de toda la actividad. El arquitecto de esta práctica, fue el juez Elbert H. Gary (de allí el nombre), presidente de United States Steel Corporation.1

Dados los efectos negativos que tienen los cárteles, suelen estar prohibidos por la legislación de Libre Competencia. No obstante, aunque resulte paradójico, en algunas oportunidades este tipo de acuerdos es promovido por el propio Estado. Por ejemplo, en el Perú tenemos el caso conocido como el del SOAT, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haciendo pívot convocó a las empresas aseguradoras para coordinar el nivel de las tarifas del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito.2 Como veremos, el Perú no parece ser el único lugar en el que determinados aspectos de la economía de los privados se discuten en los despachos ministeriales.

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  1. Page, William H., The Gary Dinners and the Meaning of Concerted Action (February 25, 2009). SMU Law Review, Vol. 62. 

  2. Resolución No. 0224-2003/TDC-INDECOPI recaída en el Expediente No. 004-2002-CLC. 

Un Derecho para robots

En El Cristal Roto, el blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, me pidieron comentar la posibilidad de reconocer ciertos derechos a robots. A primera impresión la pregunta podría parecer banal o un mero ejercicio de la imaginación. Sin embargo, en el fondo se encuentra la interrogante sobre qué es aquello que nos distingue a los humanos como los únicos que directa o indirectamente (ej. sociedades conyugales) pueden ser objetos de derecho.

La pregunta sobre la posibilidad de considerar a ciertos tipos de máquinas o robots como sujetos de derecho es compleja y puede ser abordada desde distintos planos. En este artículo explico y planteo algunos supuestos, con la plena certeza de que estoy realizando primero un ejercicio de pensamiento lateral antes que un auténtico análisis jurídico. Al mismo tiempo, reconozco que este problema pertenece a la categoría de cuestiones en las que la ley se instituye como un reflejo de la moral, la ética o la filosofía dominantes en cierto periodo histórico. Con esto, quiero decir que la auténtica respuesta a si en el futuro existirán o no derechos para los robots será respondida inicialmente por la ética o la filosofía antes que por el Derecho mismo y probablemente será una regla en constante evolución.

Pueden leer el artículo completo desde aquí. Gracias a Germán Gomez, Óscar Súmar y al equipo de El Cristal Roto por invitarme a participar.

Enlace | ¿Un Derecho para robots?

Interviniendo la Ley peruana de Derechos de Autor

articulo_morachimoEl número 63 de la Revista Jurídica editada por Thomson Reuters Perú incluye un artículo mío sobre las cambios más urgentes a la Ley sobre del Derecho de Autor en Perú. Mi artículo parte de la investigación de Marco Sifuentes y Jonathan Castro denominada #IntervenganAPDAYC pero se centra en un grupo de cambios que resultan urgentes a la Ley y que podrían haber evitado una crisis como la descrita en los reportajes.

En mi artículo explico las razones por las que creo que deben de cambiarse los artículos referentes al uso de obras en ámbitos domésticos, en actos oficiales y religiosos, bibliotecas y también las reglas sobre el cobro por uso de obras fuera del catálogo de las sociedades de gestión colectiva. Algunos de estos puntos ya son parte de los trece proyectos de ley que plantean reformar la Ley sobre el Derecho de Autor y que fueron presentados el año pasado. En el artículo no me extiendo sobre ellos porque lo escribí cuando todavía no se habían presentado algunos y porque eso es materia de otro informe que estamos trabajando en Hiperderecho.

Gracias a Elizabeth Barreda y al equipo editorial de la Revista Jurídica Thomson Reuters por invitarme a participar y por permitirme compartir este artículo con ustedes. La revista semanal es uno de los varios beneficios exclusivos de sus suscriptores. Para mayor información pueden visitar su página web.

Descarga | Intervniendo la Ley Peruana de Derechos de Autor, 8 páginas [PDF]

 

Nuevo libro: Internet y Derechos Humanos (sorteo)

celeEl Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo acaba de editar el libro Internet y Derechos Humanos: Aportes para la discusión en América Latina. El libro está copilado por el profesor Eduardo Bertoni y se compone de un conjunto de ensayos que abordan temas como neutralidad de red, privacidad vigilancia o derechos de autor. El libro busca presentar los principales puntos de discusión en materia de regulación de Internet y analizarlas desde la perspectiva de los derechos humanos. Los textos están escritos por escritos por Carlos Cortés, Atilio Grimani y el propio Eduardo Bertoni y han sido publicado en el marco de la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI), el programa especial del CELE que tiene como objetivo proporcionar asesoramiento y apoyo técnico a los promotores y hacedores de políticas en materia de Internet.

Personalmente, he disfrutado mucho la lectura del libro. Algunos de los ensayos ya los conocía porque habían sido publicados individualmente el año pasado. Sin embargo, creo que en su conjunto brindan un vistazo muy actual y documentado del estado de la discusión en materia de políticas públicas e Internet en América Latina. No puedo hacer énfasis suficiente en la importancia de este tipo de trabajos, que plantean la discusión desde el interés público y los derechos humanos, dada la escasez de este tipo de aproximaciones en la literatura latinoamericana sobre la materia.1

El profesor Bertoni y el equipo del CELE han tenido la gentileza de enviarme algunos ejemplares del libro para compartir con ustedes. Voy a sortear dos ejemplares del libro entre todas las personas que dejen un comentario en esta entrada desde hoy hasta el próximo martes 24, inclusive. Al igual que en otras oportunidades, los únicos requisitos para participar son vivir en Perú (incluye provincias) y usar un correo electronico real al momento de dejar el comentario. Este es el correo al que te escribiré para coordinar la entrega.

Por cierto, el libro también puede ser descargado íntegramente en PDF desde la web de la Universidad de Palermo.

Actualización (26/03): Los ganadores son Javier Murillo y Guillermo García. Gracias a todos por participar.


  1. Los interesados pueden revisar el igualmente recomendable Hacia una Internet libre de censura: Propuestas para América Latina también publicado por el CELE en el año 2012. Un libro que curiosamente fue citado en el nefasto Proyecto de Ley de Protección del Menor en Internet de Omar Chehade y cuya referencia fue desmentida por los propios autores del ensayo citado

Empresaurios Contraatacan

En los últimos tiempos la humanidad viene siendo testigo de incomparables avances tecnológicos y del surgimiento de modelos de negocio que ponen a prueba el statu quo y todo lo que, hasta poco tiempo antes, era considerado el “deber ser”. Estos nuevos aires son posibles gracias a la presencia cada vez mayor de unas personas que aprovechan su gran pasión por una idea, sus ganas de cambiar el mundo y el acceso –cada vez más fácil—a tecnología de punta. Estas personas comúnmente llamadas innovadores nos están permitiendo vivir tiempos de cambio vertiginoso y de acceder a conocimientos y mejoras económicas antes impensables.

Es así, que cada vez con más frecuencia vemos diferentes iniciativas –tanto privadas como públicas—que fomentan la creatividad, el espíritu emprendedor y las ganas de cambiar el mundo mediante la utilización de nuevas tecnologías. El Perú no es ajeno a ello, y en los últimos años hemos sido testigos de la aparición de muchas iniciativas locales de este tipo como Wayra, Startup Academy, Lima Valley, StarsCamp, InnovaPe, StartUp Peru.

En los últimos días, sin embargo, hemos sido testigos de la lucha de los antiguos actores de un segmento de negocio particular contra aquellos que, justamente, comulgan con este nuevo espíritu y que tratan de cambiar el modelo propiciando mejores servicios o mejor acceso a los mismos para la comunidad en general.

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¿Cuales fueron las modificaciones a la ley de delitos informáticos?

Hace algunos meses escribimos una nota donde exponíamos la ley de delitos informáticos en cuatro conclusiones.

Sin embargo, atendiendo a las diversas críticas que recibió la ley de delitos informáticos desde su aprobación, algunos congresistas presentaron diversos proyectos de ley que terminaron en un dictamen que fue aprobado el día de ayer.

Compartimos la nota publicada hoy por Gestión con una síntesis de las principales novedades 

Gestión delitos informaticos 2014-02-14

Puntualmente considero lo siguiente:

  1. Como hemos sostenido anteriormente la ley era necesaria sin embargo eran necesarios algunos ajustes.
  2. La ausencia de un marco legal adecuado ha permitido el avance de la cibercriminalidad.
  3. Confiamos que con los ajustes propuestos se logre detener el cibercrimen y la ciberdelincuencia.
  4. Los cambios propuestos son importantes, aclaratorios mas no sustanciales.
  5. El debate reciente ha servido para que se vea la importancia de la norma pero pues una ley solo es el primer paso.
  6. Se requiere suscribir Budapest y una capacitación intensa a los actores y operadores jurídicos ya que nos encontramos frente a una problemática con un alto componente técnico.

 

Cuentos de terror: The Pirate Bay

Hace unas semanas me pidieron comentar para el boletín Digital Rights LAC la norma o caso que más me había impactado durante todo el 2013. Aunque durante el 2013 tuvimos muchos debates, decidí comentar el auténtico cuento de terror que ha significado la intervención del dominio de The Pirate Bay por parte de Indecopi. En mi contribución escribí:

A inicios de diciembre, The Pirate Bay empezó a usar un nombre de dominio peruano (thepiratebay.pe) como dirección principal para su sitio. Solo seis días después, la Comisión de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dictó de oficio una medida cautelar fuera de procedimiento ordenando al registrador peruano la cancelación del nombre de dominio. Para la Comisión fue suficiente el hecho de que en otros países los administradores de la página hayan sido procesados por contribución a la infracción de derechos de autor. En ningún momento se dio la oportunidad de que los titulares del servicio afectado presenten sus descargos y ni siquiera se les notificó la propia medida cautelar. Tampoco se tiene noticia de que hayan iniciado un procedimiento principal por infracción a los derechos de autor.

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