en Competencia Desleal

¿Debe INDECOPI subirse al taxi o bajarse de él?

Por Agustín Valencia-Dongo1

La proliferación de equipos móviles inteligentes y la creciente oferta de paquetes de datos móviles han permitido que en los últimos años exista una serie de aplicaciones informáticas destinadas a facilitar la vida de sus usuarios. Dentro de este grupo de aplicaciones, han cobrado particular importancia aplicaciones como EASYTAXI, TAXIBEAT o recientemente UBER, destinadas a crear plataformas en las que usuarios del servicio de transporte urbano pueden contactar a un “taxista” de una forma eficiente y rápida. El incremento del uso de estos servicios no ha sido sin embargo pacífico, pues ha traído una serie de cuestionamientos por parte de los taxistas competidores e incluso de varias agencias de competencia en el mundo.

Si usted tiene instalada una o varias de estas aplicaciones en su equipo móvil, no debe serle un misterio el porqué de su éxito. Este tipo de aplicaciones permiten contactarlo con el vehículo que se encuentre más cerca de usted y encontrar su ubicación exacta, informarle de la tarifa con anticipación e incluso permitirle pagar con tarjeta de crédito. La mayoría de estas aplicaciones además, le informan la placa del vehículo que realizará el transporte y el nombre de su conductor, antes de que usted pueda si quiera subir al auto. Como en cualquier taxi tomado en la calle, el pago se hace al taxista y no a la empresa que administra la plataforma. Si bien el precio es mayor al de un taxi tomado de la calle, para muchos éste se justifica no solo por la eficiencia sino por la seguridad y calidad del servicio.

Recientemente, el diario El Comercio publicó un informe en el que detalla la forma como operan estos servicios en nuestro país y los cuestionamientos que vienen recibiendo. Particularmente, se menciona que actualmente cinco empresas de este tipo vienen siendo investigadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), por presuntas infracciones en materia de competencia desleal y publicidad engañosa. Ello en tanto las empresas permitirían conductores que no cuentan con la autorización de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima para prestar el servicio y además difundirían publicidad engañosa pues dan a entender que ellas son quienes prestan el servicio cuando en realidad actúan únicamente como una plataforma.

Sobre el particular, es importante recordar que de acuerdo al Artículo 14 del Decreto Legislativo No. 1044, para que se configure un acto de competencia desleal a través de la violación de normas, se requiere acreditar dos requisitos: (i) la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que ésta no esté siendo cuestionada en la vía contenciosa, o (ii) cuando debiendo tener un título para prestar determinada actividad, no se acredite la tenencia del mismo.

Si bien la necesidad de contar con una autorización municipal para la prestación del servicio de taxi cabría en el segundo supuesto, esta exigencia tendría que hacerse a los conductores de los vehículos afiliados y no a la empresa que administra la aplicación y que funciona únicamente como una plataforma comercial. Debe recordarse que a diferencia de las empresas de taxi tradicionales, las aplicaciones comentadas funcionan como cualquier plataforma virtual cuyo objeto es contactar a la oferta y la demanda. En tanto estas empresas no son las que prestan el servicio de taxi, no pueden incurrir en un acto de violación de normas por no contar con las autorizaciones municipales para prestar dicho servicio. Lo contrario sería equivalente a exigirle a cualquier sección de clasificados de un diario exhibir las licencias de construcción de los departamentos que son publicados para la venta.

Lo anterior nos lleva a la segunda imputación comentada por el INDECOPI, referida a una supuesta publicidad engañosa por parte de estas aplicaciones, en tanto estarían dando a entender a los consumidores que se tratan de empresas de taxi y no de simples plataformas. La información dada por el diario El Comercio y que tendría como fuente directa al INDECOPI, no deja claro de dónde un consumidor extraería esta información. Por el contrario, a manera de ejemplo, los términos que rigen la oferta de EASYTAXI en su página web, indican claramente que los Usuarios declaran conocer expresamente que son los “Usuarios Conductores” quienes realizan de forma exclusiva la prestación del servicio de transporte. Los términos incluso consideran a pasajeros y conductores, ambos como Usuarios del servicio. Si lo que busca INDECOPI es sancionar un supuesto engaño en este caso, va a tener que encontrar alguna pieza contractual o publicitaria que desconozca o contradiga expresamente los términos y condiciones señaladas.

Más allá de lo señalado, la forma como otras jurisdicciones han tratado a estos servicios no ha sido unánime.

Recientemente, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, emitió un comunicado en el que respalda la competencia de servicios como UBER y CABIFY en el mercado mexicano, pues considera que son una nueva modalidad de transporte que trae competencia en el mercado, sin embargo recomienda su regulación en aspectos de seguridad, específicamente que los vehículos tengan coberturas de seguro para los pasajeros y que se realice una búsqueda de antecedentes de los conductores. Por el contrario, UBER está prohibido de funcionar en España por una medida cautelar, que tomó en consideración el hecho de que sus conductores no cuenten con licencias municipales.

Es importante destacar, que la mayoría de controles de seguridad y requisitos previos que exigen estas aplicaciones a sus usuarios conductores para la afiliación, son incluso mayores que los exigidos para obtener la licencia municipal. En el caso particular de UBER, por ejemplo, se verifican antecedentes penales y judiciales, el domicilio, el vehículo, el record de papeletas y se hace una capacitación de servicio junto con un examen psicotécnico. Finalmente, lo importante que debe tener en cuenta INDECOPI es que su función no solo es la de proteger al consumidor, sino además la de fomentar la competencia. INDECOPI debería evitar que la intervención construya barreras de acceso al mercado que terminen perjudicando a los consumidores2.


  1. Artículo publicado originalmente en Bullard Falla Ezcurra +, Competencia & Regulación de Mercados Perú, Lima, 30 de junio de 2015, Año II, Número 33. 

  2. Aunque asiduos usuarios de estos servicios, a la fecha, ni el autor ni el estudio tienen vinculación alguna con estos procedimientos o los intereses de las empresas en los mismos. 

Un Derecho de código abierto

El movimiento del software de código abierto u open source, que surgió formalmente a inicios de los noventas y del que todos nos beneficiamos a diario al usar Internet, tiene muchísimo que enseñarnos a los abogados. [1] Al establecer sus principios, sus creadores no solo intentaban resolver el problema de cómo distribuir el software sino también el de cómo crearlo, mantenerlo y mejorarlo en forma colaborativa a lo largo del tiempo. En su aproximación hacia estos desafíos sentaron las reglas de un sistema de colaboración que ha sabido mantenerse por algunas décadas y ha influenciado otros espacios como la investigación científica, la producción cultural y hasta la moda. De espaldas a esta revolución, los operadores jurídicos nos hemos mantenido fieles a un sistema de producción normativo sacado de una época en que la circulación de información y la participación ciudadana eran totalmente distintas.

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El advenimiento de la anticipada Neutralidad de Red para Estados Unidos

Aunque fue en Estados Unidos donde se inventó la Neutralidad de Red como concepto jurídico, hasta hace unas semanas ahí mismo parecía lejos de convertirse en una política regulatoria firme. Tras la liberalización del mercado de acceso a Internet de Banda Ancha hace más de quince años, la autoridad de telecomunicaciones de ese país había renunciado a la capacidad legal para imponer este tipo de reglas estrictas de no discriminación y estandarización de la oferta. En este blog hemos seguido desde hace más de seis años los distintos intentos de la Federal Communications Commission (FCC) por imponer alguna versión de estas reglas y sus correspondientes fracasos. Esta controversia podría haberse terminado hace unas semanas cuando la FCC aprobó extender su poder regulatorio sobre las conexiones de banda ancha e imponer en ese país uno de los regímenes más estrictos de Neutralidad de Red del mundo.

La definición de lo que entendemos por Neutralidad de Red plantea un serio problema de lenguaje y es objeto de debate incluso entre quienes defienden su obligatoriedad. Sin embargo, de forma general puede entenderse como el principio según el cual quien presta el servicio de acceso a Internet no puede establecer dentro de su red reglas particulares para tratar (mejor o peor) a distintos contenidos, aplicaciones, protocolos o servicios en línea. La discusión sobre su validez divide a quienes piensan que este principio debe de ser de consagrado en la ley de forma absoluta o relativa (con excepciones) y a quienes creen que las empresas deben de quedar libres para configurar y vender sus servicios como quieran. Desde su primer ensayo, esta definición ha ido expandiéndose para alcanzar también las obligaciones de transparencia de los proveedores de servicios respecto de sus prácticas de gestión de red y, más recientemente, los casos en los que la gestión de red no se da en en la última milla de la conexión sino a nivel de la interconexión entre proveedores de servicios y proveedores de contenidos.

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Murales y derechos de autor

Mucho se ha hablado sobre la eliminación del mural de Tupac Amaru en el Jr. Lampa hace unos días (más sobre la nota). Más allá del ruido político generado, el hecho trae un tema técnico relevante para la discusión relativo al derecho de autor. Nos dedicamos a ese tema específico en esta nota.

Antes de seguir leyendo les sugerimos revisar esta síntesis introductoria sobre derechos de autor que preparamos hace algún tiempo para Utero.pe.

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Recomendaciones para comprar por Internet desde Perú — en serio

Tengo más de ocho años comprando con frecuencia todo tipo de cosas a través de Internet, en distintas páginas, con distintos medios de pago y con distintos resultados. Además, estudié seis años Derecho y he desarrollado una comprensión aceptable de cómo funciona una computadora conectada a Internet. Quizás por esto me vuelvo loco cada que leo artículos tontos en la prensa nacional con recomendaciones o precauciones para comprar por Internet. La mayoría de las veces se usan como fuentes a fabricantes de antivirus (su recomendación: comprar un antivirus), emprendedores de medios de pago (su recomendación: usar su medio de pago, aceptado solo en tiendas peruanas) o se entrevista a opinólogos que en treinta segundos dejan claro que lo único que compran por Internet son pasajes de avión que encima van a pagar a un supermercado cuidando que nadie los siga.

Estoy lejísimos de ser un experto en seguridad informática o en fraude por Internet. Y lo cierto es que si el sistema de venta por Internet funciona bien no debería de requerir que nadie sea un experto en estos temas para usarlo. Sin embargo, he aprendido algunas cosas con la experiencia que quiero compartir con ustedes.

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¿Puede el diseño gráfico cambiar el Derecho?

Existen numerosas razones por las que es necesario un abogado.[1] Además de las razones formales (defensa cautiva), existen razones prácticas por las cuales no cualquiera puede aproximarse a un problema jurídico y elaborar estrategias de respuesta. Algunas veces, incluso para situaciones que no requieren de un abogado, muchas personas recurren a un abogado porque necesitan que alguien más los ayude a navegar el mar de documentos y normales legales que tienen que revisar para tomar una decisión, solicitar un permiso o resolver un problema. En general, esta situación no es exclusiva de los abogados sino que es otra manifestación del sistema de especialización de labores sobre el que se funda nuestra sociedad. Sin embargo, incluso cuando sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer (ej. declarar impuestos, registrar una marca) recurrimos a un abogado porque los documentos en los que están las instrucciones nos resultan difíciles o imposibles de entender.

El formato actual de las leyes es un legado de un mundo muy distinto al que conocemos hoy. La idea de imprimir leyes y hacerlas accesibles surgió en una época en la que los recursos lingüísticos y de impresión eran muy limitados. Con el paso del tiempo, hemos descansado sobre la convención de que las leyes deben de estar escritas formalmente y con el mayor nivel de precisión posible, aunque eso signifique sacrificar su comprensión. Afortunadamente, desde hace algunas décadas ha crecido un movimiento en favor de la claridad y facilidad del lenguaje jurídico consagrado en las leyes. En cambio, aunque hoy nuestras imprentas y métodos de diseños son muy superiores a los que teníamos cien o doscientos años antes, no ha cambiado para nada el formato en el que publicamos nuestras leyes. Nuestros cuerpos legales siguen siendo un texto en prosa ordenado en encabezados y artículos y con una seria propensión a las doble negaciones, la voz pasiva y el punto y coma. Los abogados, acostumbrados a lidiar con este tipo de textos, resultan en mejor posición para poder dilucidarlos que la persona común y corriente.

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#10criterios: ¿Son solo un asunto de imagen?

La semana pasada la Asociación Civil Transparencia presentó los 10 criterios para el debate político en redes sociales en colaboración con un grupo de trabajo del cual formo parte en representación de Hiperderecho. El documento busca iniciar una conversación exploratoria sobre cuál debe de ser el estándar exigible para el uso de las redes sociales por parte de políticos, funcionarios públicos y entidades. Hemos empezado con las redes sociales pero la idea es promover una reflexión más amplia sobre las posibilidades del uso de la tecnología desde el Estado para la promoción de la participación política y ciudadana en asuntos públicos.

¿No resulta superficial preocuparse por lo que diga o no diga una autoridad o una institución en una red social? Si menos de la mitad del país usa Internet y asumimos que solo una pequeña fracción de estos usan una red social para interactuar con un político, pareciera que existen cosas mucho más importantes a las que colectivamente deberíamos de prestarle atención. Creo que crítica es válida y su respuesta tiene varias partes. La primera es que las redes sociales van camino a convertirse en un espacio de interacción política para más y más personas. Por el rol que juegan hoy en la agenda política y por lo que serán en el futuro, es necesario promover una actitud positiva hacia ellas por parte de las autoridades. Es muy posible que los futuros líderes políticos de nuestro país en los próximos diez o quince años sean hoy niños o jóvenes usuarios de redes sociales y estén en peligro de crecer de cara a la conversación política en Internet como un concierto de insultos.

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Twitter, políticamente incorrecto

¿Son malos nuestros políticos porque se faltan el respeto en público? ¿O se insultan mutuamente en Twitter precisamente porque son malos políticos? La reciente escalada de agresiones entre políticos y autoridades puede decirnos tanto de ellos como de nosotros.

En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de la política desde la primera fila. Un grupo de políticos, periodistas y comentaristas locales han participado de forma directa o indirecta de un enfrentamiento verbal que no ha tenido nada que envidiar a un intercambio de gritos entre palomillas ventana. Con independencia de las responsabilidades legales que pudiesen existir (difamación, infracción al código de ética), creo que vale la pena reflexionar sobre por qué suceden estas cosas y si al momento de condenarlas socialmente estamos individualizando a los únicos responsables.

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El 2014 en telecomunicaciones y tecnologías de la información: balance y perspectivas

El 2014 ha sido un año muy activo en materia de regulación de telecomunicaciones, tecnologías de la información y propiedad intelectual. Tanto a nivel del Poder Legislativo como el Ejecutivo dichos temas vienen consolidando su presencia y abriendo debates nacionales de la mayor relevancia reflejando la importancia que estos temas revisten en el plano internacional.

Primero haremos un repaso por lo ocurrido en el terreno internacional y luego lo acontecido a nivel local.

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Educación en el Perú y una meta inalcanzable (II)

Educación-de-calidad

Con esta entrada terminamos la pequeña saga dedicada a la educación peruana. En la primera entrada dedicamos algunas líneas a repasar la actualidad del sector a partir del informe de la consultora Proexpansión (“La educación de calidad en Lima”), los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) y las presentaciones de Jáime Saavedra y Martín Vizcarra en el CADE 2014. En esta oportunidad dedicaremos los siguientes párrafos a comentar la racionalidad de la meta de gasto en educación establecida del Acuerdo Nacional.

La meta del Acuerdo Nacional

En un país presupuestívoro1 como es el Perú, parece hasta lógico que achaquemos todos los males nacionales a la falta de presupuesto público suficiente, sin que de recibo nos preguntemos si el gasto propuesto es alcanzable, no ya si es plausible o eficiente, simplemente si dada la estructura de los ingresos públicos es posible prodigar el dinero del contribuyente peruano para satisfacer los apetitos de los políticos, que al fin y al cabo son los mentores del Acuerdo Nacional.

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  1. Presupuestívoro: “voz que aplicamos a la persona que, sin merecerlo o sin aptitudes, vive del presupuesto”. Ricardo Palma, Papeletas Lexicográficas, Lima, Imprenta la Industria, 1903.