Tropezar de nuevo con la misma piedra: Yonhy Lescano vs. la pornografía en Internet

El 26 de noviembre de este año el Congresista Yonhy Lescano publicó un tuit donde mostraba su entusiasmo por legislar sobre pornografía en Internet:

Así, casi al cierre de la legislatura el Congresista presentó un escueto proyecto de ley cuya publicidad ha tenido alta difusión. En esta nota nos centraremos en el análisis jurídico y las implicancias que una norma como la propuesta puede tener en el ecosistema digital peruano.

  • Antecedentes normativos en el Perú

Uno de los primeros antecedentes sobre el tema bajo análisis surgió en el año 2003 y concluyó con la promulgación de la Ley 28119 “Ley que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de Internet” e imponía en los administradores de las denominadas cabinas de Internet la obligación de prohibir, a través de la instalación de filtros en cada computador, “el acceso de menores de edad a páginas web, canales de conversación o cualquier otra forma de comunicación en red de contenido y/o información pornográfica u otras formas reñidas con la moral o el pudor, que atenten contra su integridad física, psicológica o que afecten su intimidad personal y/o familiar”. La supervisión de esta obligación se encuentra a cargo de los municipios.

Posteriormente en el año 2013 el Congresista Omar Chehade presentó el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR “Ley de Protección del Menor de Contenidos Pornográficos en Internet”. Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, resumió con bastante acierto el proyecto de ley del Congresista Chehade (que rápidamente fue bautizado por las redes sociales como #LeyChehade) en los siguientes términos:

El Proyecto propone establecer un sistema nacional de filtros de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores de Internet que impidan el acceso a páginas con contenido pornográfico. Este filtro sería aplicado por defecto a todos los usuarios de Internet y la única manera de evitarlo sería solicitándolo expresamente a la empresa operadora. Para ello, un grupo de representantes de entidades públicas sería el encargado de determinar qué contenidos serían objeto de censura. De esta manera, la propuesta busca proteger a los menores de edad del acceso a páginas pornográficas.

Es decir bajo esa premisa si yo contrataba un servicio de acceso a Internet (sea a través de Olo, Claro, Movistar, Entel o cualquier operador) éste vendría bloqueado por defecto contra cualquier contenido “pornográfico” salvo que solicite expresamente a la empresa que lo desbloquee. Una comisión estatal se encargaría de determinar cuales serían esos contenidos pornográficos en todo Internet de manera discrecional.

Las consecuencias de aprobar el proyecto de ley tal como se presentó según Morachimo eran las siguientes:

“La propuesta tiene un fin loable: proteger a los menores de contenidos para adultos en Internet. Sin embargo, crear una lista negra obligatoria de páginas web y servicios bloqueados por defecto es una idea que, además de imposible, atenta contra los derechos fundamentales. Sería equivalente a que todos los programas de televisión y publicaciones pasen por una revisión previa antes de hacerse públicos. Los principales proveedores de Internet ya ofrecen ese servicio a solicitud del usuario. Invertir el esquema atentaría contra la libertad de expresión, al abrir la posibilidad de establecer una censura estatal, y también afectaría el derecho a la vida privada, que asiste a todos los mayores de edad que desean acceder a esos contenidos sin tener que registrarse previamente.”

Así mismo, Morachimo manifestó que resultaría imposible que un grupo de siete funcionarios estatales revisen toda la Internet y actualicen constantemente una lista de páginas web bloqueadas.

[La siguiente infografía complementa de manera gráfica los argumentos expuestos por Morachimo]

Las reacciones de diferentes sectores de la sociedad civil y la academia lograron que el proyecto sea corregido por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y termine con la promulgación de la Ley 30254 “Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes” que actualmente se encuentra pendiente de reglamentación por la Presidencia del Consejo de Ministros.

  • El proyecto de ley del Congresista Lescano: “Proyecto de ley que prohibe la difusión de pornografía en Internet”, línea por línea. 

El proyecto de ley 825/2016-CR fue presentado el 21 de diciembre de 2016 y parte de preocupaciones muy similares a las esgrimidas por el Congresista Chehade en su momento y ha generado similares reacciones de rechazo por parte de la sociedad civil.

A continuación haremos un repaso detenido por el proyecto de ley.

La Exposición de Motivos se inicia advirtiendo la tendencia creciente de acceder a Internet a través de teléfonos celulares y otros dispositivos. Añade lo siguiente “[el acceso a Internet] “es mal aprovechado para la difusión de páginas web con contenido pornográfico”. No queda clara en la afirmación si lo que se busca es centrar la atención en los responsables de difundir el contenido pornográfico o en los usuarios de dicho contenido. Seguidamente se concluye que dicho acceso “invade la privacidad de las personas (…) atenta contra la integridad moral de niños y jóvenes y además incentiva la comisión de delitos sexuales”, lo que hace necesario proteger “el desarrollo físico y mental de las personas” y prevenir “la violencia sexual dentro y fuera de la familia”. La pornografía, a su vez, genera todo lo siguiente, según el texto del proyecto de ley:

  • Adicción y actitudes antisociales.
  • Conductas de agresión.
  • Cosificación de la mujer.
  • Pedofilia.
  • Transtornos en la conducta sexual.
  • Promiscuidad.
  • Negligencia del uso de métodos anticonceptivos.
  • Vulnerabilidad a enfermedades de transmisión sexual.
  • Violencia contra la mujer.

Lo cierto es que más allá afirmaciones genéricas que podría ser expresadas en una conversación de pasillo, no se aporta ninguna evidencia científica de la relación causa-efecto de dichas aseveraciones y se concluye de manera categórica que es necesario restringirla en su totalidad.

A continuación se aportan una serie de cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre violencia familiar y sexual que más allá de su certeza, no logran probar la relación causa-efecto entre el acceso a contenidos pornográficos por Internet y la violencia familiar y sexual. Posteriormente se exponen una serie de cifras, sin duda, muy interesantes sobre la expansión de los medios tecnológicos en el Perú extraídos de una encuesta de la empresa GFK del año 2015. Sin embargo, nuevamente, no se demuestra cual sería la relación entre aquel mayor acceso a dispositivos tecnológicos en el Perú con la supuesta problemática que se busca regular.  Inmediatamente después se concluye que las normas vigentes (algunas las hemos citado al inicio de este post) resultan insuficientes ante la expansión tecnológica en el Perú, sin embargo, no se aporta ningún sustento documentado de su insuficiencia. Más aún cuando la Ley 30254 se encuentra en pleno proceso de reglamentación y la Ley de delitos informáticos data del año 2014.

La Exposición de Motivos concluye con un listado de países que, en el entendido del Congresista, prohiben la difusión de páginas en Internet de contenido pornográfico.

Vayamos una por una.

En el caso de Corea del Sur se señala lo siguiente:

En Corea del Sur con la Ley de Telecomunicaciones de Negocios censura las páginas con contenido pornográfico obligando al  proveedor de servicios de Internet a bloquear el acceso a “comunicación desestabilizadora”, “material dañino para menores”, “difamación cibernética”, “violencia sexual”, “acoso cibernético” y “pornografía y desnudo”.

No se hace referencia a los artículos específicos de la ley coreana y la cita de la Exposición de Motivos es imprecisa ya que remite a un documento denominado “Information Policy. 8 de enero 2010” que no hemos podido ubicar. Sin embargo Wikipedia en una nota sobre “Censura del Internet en Corea del Sur” señala lo siguiente:

De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones de Negocios, tres agencias gubernamentales en Corea del Sur son responsables de la vigilancia y censura de Internet: el Comité de Regulaciones de Radiodifusión, la Korea Media Rating Board, y la Comisión de Seguridad de Internet de Corea (KISCOM, 2005). KISCOM censura la Internet por medio de obligar al proveedor de servicios de Internet bloquear el acceso a “comunicación desestabilizadora”, “material dañino para menores”, “difamación cibernética”, “violencia sexual”, “acoso cibernético” y “pornografía y desnudos”.1

En los siguientes artículos (ver nota de SeoulBeats y de The Economist) se puede apreciar una paradoja interesante sobre cómo Corea del Sur pese a ser de los países con conexiones a Internet de mayor velocidad mantiene una regulación de contenidos en Internet muy nociva para los internautas y el ejercicio de sus derechos civiles en Internet.

Ley Audiovisual en España (ver texto completo). Esta norma regula las comunicaciones audiovisuales de ámbito estatal y, tal como señala el especialista español Raúl Rubio en esta nota:

…excluye a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizadas para el transporte y difusión de la señales; aquellas personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponda a terceros; las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin finalidad comercial; los servicios que no constituyan medios de comunicación en masa, es decir, que no estén destinados a una parte significativa del público y no tengan un claro impacto sobre él; cualesquier actividad que no compita por la misma audiencia que las emisiones de radiodifusión televisiva; y, en particular, los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados.

Por lo tanto esta norma no resulta de aplicación al caso de Internet que es el centro de la propuesta regulatoria del Congresista Lescano.

Lo más curioso es que se confunde a lo largo de la exposición de motivos dos conceptos a los que regresaremos luego “pornografía infantil” y “pornografía” en sentido amplio.

Ley 25.960 en Argentina sobre instalación de filtros para acceder a sitios pornográficos. 

La Exposición de Motivos no cuenta con ninguna referencia online del referido proyecto de ley sin embargo hicimos la búsqueda en Internet y encontramos que se trata de un acuerdo entre el gobierno argentino y el canadiense para desarrollar buenas prácticas de enología (¿?). Sin embargo el número real de la norma es la Ley 25.690, se trata de una norma bastante escueta que lo único que pide a las empresas de telecomunicaciones que ofrecen acceso a Internet es que ofrezcan software de protección (filtros) que impida el acceso a sitios específicos. Esta práctica no sólo es difundida en el mercado peruano sino que la propia Ley 30254 (pendiente de reglamentación) contempla una obligación similar.

Sobre Estados Unidos y Rusia se hacen vagas referencias a supuestos bloqueos realizados por ambos gobiernos para la distribución de pornografía online pero ninguna información concreta sobre alguna ley que regule el tema ni a la fuente de la noticia. Lo que si es cierto en el caso de Estados Unidos es que regulaciones de corte similar a los proyectos presentados en Perú por los Congresistas Lescano y Chehade han sido declarados inconstitucionales. Tal es el caso de la Child Online Protection Act (COPA).

En el caso de la India se menciona el Information Technology Act que en su sección 67-B  regula la publicación o transmisión de pornografía infantil y la sanciona con pena de cárcel. Disposiciones equivalentes ya existe en la normativa penal peruana.

Finalmente la Exposición de Motivos se refiere al Reino Unido.  La noticia que se cita hace referencia al proyecto que en algún momento promovió el ex Primer Ministro británico David Cameron para establecer filtros mandatorios contra la pornografía online. El estado actual de dicha propuesta es el siguiente según reporta Wikipedia:

The current legal status of ISP web blocking is voluntary, but there have been a number of attempts to introduce legislation to move it onto a mandatory footing. David Cameron first announced such legislation in July 2013[32][33] but default filtering was rejected at the September 2013 conference of the Liberal Democrats (the Coalition Government’s minor partner)[34] and no Government legislation to this effect occurred during the 2010-15 Parliament.

Como se puede apreciar, las distintas regulaciones que sirven de base para el proyecto de ley regulan aspectos muy diferentes sobre el acceso a contenidos en Internet y en algunos casos o son muy imprecisas o no resultan aplicables a la propuesta del congresista Lescano.

A continuación revisaremos con detalle los cuatro artículos que contiene el proyecto de ley.

Artículo 1. Objeto de la ley. Prohíbese la difusión en Internet de páginas web u otros de contenido y/o información pornográfica, la misma que representa una afectación a la salud mental y a la educación sexual de las personas y representa un factor que incentiva los delitos sexuales.

El proyecto de ley no deja claro a qué se refiere con “contenido y/o información pornográfica” y quien lo definirá. ¿Calificará como pornografía la imagen de una mujer desnuda?¿la de una mujer dando de lactar a su hijo?¿Las fotografías de una playa de nudistas? Es precisamente ante el nivel de subjetividad que genera esta compleja definición que en otras jurisdicciones ha sido considerado inconstitucional por potenciales afectaciones a libertades informativas y de expresión. Y si eres un científico investigando el cáncer al seno y no carga la página con el estudio más reciente sobre el tema entenderás a que nos referimos. No ocurre lo mismo con la denominada “pornografía infantil” (actos sexuales que involucran menores de edad) que se encuentra, como corresponde, severamente sancionada por nuestra normativa penal vigente.

Artículo 2. Instalación de bloqueadores Las empresas proveedoras del servicio de internet instalarán bloqueadores que impidan la visualización de páginas de contenido pornográfico.

El término más común es “filtros” y no bloqueadores. Existen dos tipos de filtros de contenido en Internet: (i) en la fuente y (ii) en el dispositivo de acceso. Los filtros en la fuente son los que utilizan gobiernos que buscan censurar el acceso a contenidos para su población, como es el caso de China y Cuba. En estos casos todas las conexiones de Internet vienen filtradas por defecto. El gobierno es quien asume la titánica tarea de revisar todo el Internet (si acaso es posible) y definir los sitios y criterios que califican a un contenido de “inadecuado”, o en el caso del proyecto de ley del Congresista Lescano, “pornográfico” de acuerdo a un sistemas de listas negras que los prestadores de servicios de acceso a Internet deben cumplir bajo pena de sanción. Los filtros de contenido en la fuente han sido rechazados en más de una oportunidad por diversos organismos internacionales como la OEA como una alternativa desproporcionada que afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información [el siguiente video ilustra muy bien este punto].

Los filtros de contenido en el dispositivo son una herramienta razonable para fomentar una navegación libre de contenidos nocivos (en el caso de menores de edad) o incluso en el caso de adultos que no deseen acceder a esos contenidos. Estos filtros son comúnmente ofrecidos por las empresas que ofrecen acceso a Internet y también están disponibles de manera gratuita en Internet. En estos casos es el individuo los descarga y es quien define de manera voluntaria su experiencia de navegación y configura el filtro. Tanto la Ley argentina citada en la Exposición de Motivos como la Ley 30254 (pendiente de reglamentación) contemplan este mecanismo.

Artículo 3. Condiciones de autorización. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo otorgará autorización y renovará las autorizaciones para brindar el servicio a nivel nacional a las empresas proveedoras de Internet que cumplan con la instalación de bloqueadores a páginas web y otros de contenido pornográfico.

La anterior es una medida bastante drástica que incluso podría atentar contra la libertad de empresa ya que se estaría condicionando la actividad privada al cumplimiento de una obligación que puede afectar derechos fundamentales de terceros como hemos explicado anteriormente. De hecho la Ley 30254 ha asignado al OSIPTEL la función de supervisar el ofrecimiento de filtros por parte de las empresas de telecomunicaciones a los usuarios, no al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En síntesis este proyecto de ley incurre en las mismas equivocaciones que la denominada #LeyChehade, carece de técnica legislativa adecuada, no toma en cuenta la regulación vigente sobre la materia, el funcionamiento de Internet y genera un peligroso sistema de control de contenidos que violenta derechos fundamentales. El proyecto ha sido derivado a las Comisiones de Transportes y Comunicaciones y de Mujer y Familia y sin duda requerirá un amplio y profundo debate nacional que exceda los cuatro artículos que lo conforman y que nos evite tropezar de nuevo con la misma piedra.

Puede revisarse la siguiente información adicional:

El 2014 en telecomunicaciones y tecnologías de la información: balance y perspectivas

El 2014 ha sido un año muy activo en materia de regulación de telecomunicaciones, tecnologías de la información y propiedad intelectual. Tanto a nivel del Poder Legislativo como el Ejecutivo dichos temas vienen consolidando su presencia y abriendo debates nacionales de la mayor relevancia reflejando la importancia que estos temas revisten en el plano internacional.

Primero haremos un repaso por lo ocurrido en el terreno internacional y luego lo acontecido a nivel local.

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Internet ¿jungla digital?

Cada vez la prensa peruana reporta con mayor frecuencia casos diversos sobre discriminación, injuria, difamación, suplantación de identidad y “hackeos” ocurridos en Internet. La siguiente pregunta, como diría Chespirito, es ¿y ahora quien podrá defendernos? La respuesta nunca llega o se tiñe de imprecisiones con respecto a si Internet es un espacio regulado, si es necesario regularlo o si estamos frente a una realidad paralela irregulable.

La respuesta es simple, Internet es un espacio más donde realizamos actividades de distinta índole, hacemos negocios, socializamos, expresamos opiniones. No lo hacemos de manera directa y física sino remota. Sin embargo eso no quiere decir que sea un espacio que requiera siempre de regulación específica. En algunos casos no será necesaria la regulación, en otros casos la regulación actual cubre perfectamente esas conductas y finalmente existen algunos supuestos que sí requerirán ajustes normativos. Lo cierto es que no estamos frente al primer caso en que las nuevas tecnologías plantean retos al Derecho. Lo importante será que el Derecho se adapte a la realidad (y no al revés).

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Derecho y tecnología en el 2013 en diez tuits

A inicios del 2013 publiqué una síntesis de los temas que consideré serían de importancia durante el 2013. Al final del año decidí hacer un resumen del año en diez tuits que publiqué en Twitter bajo el hashtag #perutechlaw2013. A continuación transcribo la síntesis:

  1. El Reglamento de la Ley de #datospersonales marcó un hito importante durante el 2013.
  2. Las normas sobre #dineroelectronico 2013 pueden dinamizar uso de banca móvil y favorecer inclusión financiera.
  3. La ley de #delitosinformaticos y su eventual modificatoria seguirán siendo tema de continuo debate durante 2014.
  4. #LeyChehade proy. de ley seguirá su curso en 2014. Propuesta fue cuestionada por atentar contra #derechoshumanos.
  5. La reforma del #derechodeautor debe ser técnica, transversal y concordada con normativa internacional y temas digitales.
  6. Reformas regulatorias en el sector telecom ha sido activa en 2013 y seguirá en 2014 #reddorsal #4G
  7. Caso #Snowden traerá mucha atención sobre #privacidad y #vigilanciaciudadana + interés de Estados en regular Internet.
  8. El 2013 cierra con un debate intenso y muy importante sobre #concentraciondemedios que se extenderá durante el 2014.
  9. En 2013 se tomaron medidas interesantes de flexibilización de regulación de #firmasdigitales x @IndecopiOficial
  10. #TPP y filtro de cap. de #propiedadintelectual en 2013. #Peru no debería negociar más allá de #TLC #temasdigitales

Para ver un reporte más amplio sobre la materia y cuadro sinóptico de resumen pueden revisarse el siguiente enlace. La versión en inglés del mismo reporte puede revisarse aquí.

¿Ministerio de Ciencia y Tecnología?

Durante la campaña electoral el entonces candidato Ollanta Humala prometió crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología . Al ganar las elecciones el Presidente Humala sometió dicha iniciativa a consideración de un equipo técnico y concluyó que no se crearía el referido Ministerio sino que se potenciaría el rol del CONCYTEC. El debate nuevamente vuelve a la palestra cuando el Presidente ha manifestado en un foro internacional que mantiene su interés en crear el referido Ministerio. Algunos favorecen la iniciativa, otros la han cuestionado.

Anteriormente hemos comentado el tema en los siguientes posts:

  • “Propuesta para un Perú Digital” donde nos referimos específicamente a las tecnologías de la información su nivel de desarrollo en el Perú y el rol del Estado al respecto.
  • ¿Y si el Perú apuesta por la tecnología?” donde presentamos una propuesta alternativa para promover aspectos tecnológicos desde el Estado tanto en tecnologías de la información como en materia de ciencia y tecnología. Si bien dicha propuesta plantearía la división del actual Ministerio de Transportes y Comunicaciones en dos ministerios, podría no necesariamente ocurrir de esa manera.

Vale la tema resumir lo comentado en dicha oportunidad y retomar este interesante debate:

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Las consecuencias no deseadas de regular Internet

No es un secreto que Internet es un potenciador de la economía global, que aporta hasta el 3% del PBI en algunos países. Según estudios del Boston Consulting Group y McKinsey & Company, si Internet fuese una industria equivaldría a la industria de hoteles y restaurantes de Argentina, a la industria minera en Brasil y estaría entre las diez más grandes empresas mexicanas. No hay duda, pues, que Internet dejó hace muchos años de ser un espacio exclusivo de actividad académica, ocio y entretenimiento para convertirse en una plataforma promotora de la innovación, competitividad y emprendimiento donde constantemente interactúan ciudadanos, gobiernos y empresas en el denominado ecosistema digital.

Sin embargo, dicho ecosistema no está libre de la injerencia del Derecho, que puede actuar ya sea promoviendo y consolidando su crecimiento como desincentivándolo. Lamentablemente, existen muchos ejemplos en los que suele ser más común lo segundo. Por ejemplo, en China existen brigadas digitales dedicadas a vigilar y censurar la conducta de los ciudadanos en la red o países como Ecuador donde las afectaciones a libertad de expresión están cada vez más institucionalizadas. También, intentos como SOPA en EE.UU. donde la propiedad intelectual se convierte en el eje central de defensa en una propuesta apartada de equilibrios constitucionales esenciales.

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Activismo Digital en el Perú

Cuando el 25 de enero de 2011, quince mil manifestantes ocuparon la Plaza Tahrir en Egipto el mundo fue testigo no solo de una impresionante protesta sino también de la primera manifestación de activismo digital. En efecto, en esa oportunidad los egipcios utilizaron la potencia y el alcance de redes sociales como Facebook y Twitter para encender y acelerar su movimiento y terminar con el derrocamiento del régimen que gobernaba Egipto hacía más de 30 años. Así como antiguamente en las revoluciones se usaba la comunicación boca a boca, o como en el caso de Lutero los panfletos impresos ayudaron a diseminar su mensaje, en estos últimos años venimos siendo testigos del uso de las redes sociales como herramienta para diseminar mensajes políticos y el Perú no es ajeno a esto.

En las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de muchas discusiones políticas en Twitter en relación con proyectos de ley, decisiones políticas, elecciones, revocatorias u opiniones de políticos vertidas en redes sociales como el hashtag (#presidentenosepique) de este fin de semana iniciado por el mismísimo expresidente Alan García. Como nuestro blog no es de corte político queremos comentar el tema del activismo digital como expresión de la sociedad y, finalmente, un derecho humano tal como expresamos en un post anterior sin entrar a la discusión acerca de las opciones políticas detrás de los reclamos ciudadanos.

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2013: Grandes definiciones en regulación de tecnologías de la información

El 2013 será un año clave para el desarrollo regulatorio de las tecnologías de la información en el país. Estas tecnologías y su adecuada regulación tienen un gran impacto en nuestra vida diaria, desde de nuestro habitual envío de e-mail hasta contratar servicios y realizar pagos online incluso desde nuestro smartphone, por lo que es importante saber lo que vendrá el 2013.

El 2012 fue importante pues evidenció una mayor comprensión de su importancia para la innovación y la consolidación en diversos sectores productivos. No en vano un reciente estudio de McKinsey & Company señala que las industrias basadas en tecnologías de la información y el Internet contribuyen en algunos países hasta con tres puntos porcentuales del PBI.

En el Perú, un hecho muy importante el 2012 fue la presentación de la Agenda de Competitividad 2012-2013 por parte del Consejo Nacional de Competitividad. Dicho documento constituye uno de los primeros reconocimientos expresos que hace el actual gobierno sobre la relevancia de las tecnologías de la información para medir la competitividad del país, dentro de una lógica más amplia de modernización del Estado.

Una importante definición el 2013 es la tan esperada reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales, que tendrá un gran impacto en diversos sectores desde supermercados hasta bancos y financieras. Esta Ley estableció que ninguna entidad pública o privada puede utilizar datos personales de una persona, sin su previa y expresa autorización. Se ha creado la Dirección General de Protección de Datos Personales dentro del Ministerio de Justicia, quien liderará su implementación en el 2013. El Reglamento debería buscar un sano equilibrio entre la protección de la privacidad y el deseable flujo de información en el mercado, para no afectar actividades económicas basadas en la información.

De otro lado, en julio de 2012 entró en vigencia la Ley de banda ancha y construcción de la red dorsal nacional. Esta norma busca promover el uso masivo de Internet de alta velocidad en todo el territorio nacional, partiendo del hecho que aún seguimos registrando un serio problema de infraestructura de telecomunicaciones y, por ende, bajos niveles de acceso a Internet, sobre todo en las zonas andinas y amazónicas. La propuesta de construir una red de fibra óptica permitirá que gran parte de la población se beneficie de las enormes ventajas que ofrece el Internet en términos de acceso al conocimiento y comercio internacional.

Por ello, la reglamentación de la Ley, que se dará en el 2013, permitirá una agresiva promoción del desarrollo de infraestructura de comunicaciones a fin de proveer de conectividad a todo el país. Proinversión será el encargado de concesionar la construcción, operación y financiamiento de esta red dorsal. No debemos dejar de lado que, en paralelo, en el Congreso se ha iniciado la revisión de la Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento, la misma que tendría que guardar sintonía con el proceso de reglamentación de la Ley de banda ancha.

Finalmente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inició en noviembre pasado la implementación del capítulo del TLC Perú-Estados Unidos que regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por infracciones a los derechos de autor de sus usuarios. Dicho proceso ha sido muy discutido en otros países y consideramos que en el Perú se deberá tener mucho cuidado en equilibrar la protección de la propiedad intelectual con el respeto de derechos constitucionales como el debido proceso, libertad de expresión y privacidad.

Al intentar regular estas materias lo recomendable, como principio general, es respetar la neutralidad regulatoria, es decir, no regular una tecnología específica sino más bien establecer principios generales de los servicios que son regulados. De igual manera, no debería prohibirse conductas en el entorno digital que son válidas y lícitas en el mundo físico. De lo contrario y frente al progresivo avance tecnológico, las normas correrán el riesgo de quedar rápidamente desactualizadas. Es más, muchas veces podemos encontrar en nuestra legislación tradicional viejas soluciones para nuevos problemas.

Los mejores libros del 2012

Como en anteriores años reproducimos la lista que presenta al final de cada ejercicio Adam Thierer en el blog The Technology Liberation Front, sobre  los mejores libros de cyberlaw y regulación de la sociedad de la información (Cyberlaw & Info-Tech Policy).

Esta vez Thierer regresa al ranking general que había dejado el año 2011 por una entrega temática. A diferencia de otros años, ninguno de estos libros se pueden bajar de la Red, sólo es posible su compra física.

La lista:

(1) Rebecca MacKinnon – Consentimiento de la Red: la lucha mundial por la libertad en Internet (Consent of the Network: The Worldwide Struggle for Internet Freedom).

(2) Susan Crawford – Captive Audience: La industria de las telecomunicaciones y poder monopólico en la nueva edad dorada (Captive Audience: The Telecom Industry and Monopoly Power in the New Gilded Age) .

(3) John Palfrey y Urs Gasser – Interoperabilidad: Promesa y peligros de sistemas altamente interconectados (Interop: The Promise and Perils of Highly Interconnected Systems).

(4) Christopher Yoo – La Internet dinámica: Cómo la tecnología, usuarios y empresas están transformando la Red (The Dynamic Internet: How Technology, Users, and Businesses are Transforming the Network).

(5) Brett Frischmann – Infraestructura: El valor social de los recursos compartidos (Infrastructure: The Social Value of Shared Resources).

Otros lanzamientos importantes en el 2012:

Julie E. Cohen – Configurando la auto red: La Ley, código y el juego en la práctica cotidiana (Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice).

Cole Stryker – Hackeando el futuro: privacidad, identidad y anonimato en la Red (Hacking the Future: Privacy, Identity, and Anonymity on the Web).

Jerry Brito (ed.) – Copyright desbalanceado: De los incentivos al exceso (Copyright Unbalanced: From Incentive to Excess).

Randolph J. Mayo (ed.) – Ley de Comunicación y regulación en la Era Digital: Los próximos cinco años (Communications Law and Policy in the Digital Age: The Next Five Years).

Josué Gans – La información quiere ser compartida (Information Wants to Be Shared).

Andrew Keen – Vertigo digital: ¿Cómo la actual revolución social en línea nos está dividiendo, disminuyendo y desorientando? (Digital Vertigo: How Today’s Online Social Revolution Is Dividing, Diminishing, and Disorienting Us).

Bruce Schneier – Inliers & outliers: Habilitación de la confianza que la sociedad necesita para prosperar (Liars & Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive).

Más títulos del 2012:

E. Gabriella Coleman – Libertad Codificada: La Ética y estética del hacking (Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hacking).

Sean A. Pager & Adam Candeub (eds.) – Cultura transnacional en la era de Internet (Transnational Culture in the Internet Age).

John Naughton – De Gutenberg a Zuckerberg: lo que usted realmente necesita saber acerca de Internet (From Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know about the Internet).

Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee – Carrera contra la máquina: Cómo la revolución digital está acelerando la innovación, impulsando la productividad, y de forma irreversible transformando el empleo y la economía (Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy).

Chris Reed – Haciendo las leyes para el ciberespacio (Making Laws for Cyberspace).

J.R. Smith & Siobhan MacDermott – Privacidad sin límite: Estrategias para la vida digital (Wide Open Privacy: Strategies For The Digital Life).

Eubanks Virginia – Atolladero digital: La lucha por la justicia social en la era de la información (Digital Dead End: Fighting for Social Justice in the Information Age).

Lori Andrews – Sé quién eres tú y vi lo que hiciste: Redes sociales y la muerte de privacidad (I Know Who You Are and I Saw What You Did: Social Networks and the Death of Privacy).

Hassan Masum y Mark Tovey (eds.) – La sociedad reputación: Cómo las opiniones en línea pueden afectar el mundo fuera de línea (The Reputation Society: How Online Opinions Are Reshaping the Offline World).

Reed Hundt & Levin Blair – La política de la abundancia: Cómo la tecnología puede solucionar el presupuesto, revivir el sueño americano y establecer el legado de Obama (The Politics of Abundance: How Technology Can Fix the Budget, Revive the American Dream, and Establish Obama’s Legacy).

Kal Raustiala y Sprigman Christopher – La economía de la imitación: ¿Cómo la imitación es la chispa de la innovación (The Knockoff Economy: How Imitation sparks Innovation).

Jason Mazzone – Copifraude y otras violaciones de la Ley de Propiedad Intelectual (Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law).

Clay A. Johnson – Dieta de Información: Un caso para el consumo consciente (The Information Diet: A Case for Conscious Consumption).

Julian Assange – Cypherpunks: La libertad y el futuro de Internet (Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet).

Andy Greenberg – Esta máquina mata secretos: Cómo wikiLeakers, cypherpunks y hacktivistas apuntan a la liberación de la información mundial (This Machine Kills Secrets: How WikiLeakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim to Free the World’s Informatione the World’s Information).

El artículo completo lo pueden ver en The Technology Liberation Front (Important Cyberlaw & Info-Tech Policy Books (2012 Edition)).

Lo que nos dejó la UIT

La semana pasada culminó en Dubai la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT). En esta polémica reunión, representantes de más de 140 países revisaron los reglamentos de la UIT con la finalidad de adaptarlos y corregirlos. En este contexto, un fuerte bloque de países proponían incluir a Internet dentro del ámbito de control de la UIT y con ello terminar con el modelo multisectorial de gobernanza hasta ahora vigente.

Afortunadamente, gracias en parte a una gran presión de la sociedad civil, las propuestas intervencionistas no prosperaron y el texto final del Reglamento fue mucho menos problemático. Sin embargo, sí resulta de preocupación la vaguedad de algunos de sus artículos y, en general, la poca transparencia y participación con la que se intentó llevar a cabo esta “toma de control” de Internet.

La semana pasada escribó una nota para el diario El Comercio de Perú  comentado la reunión y la decisión de Perú de no firmar el acuerdo hasta no contar con la autorización del Ejecutivo.

Es necesario el debate

El saldo de la última reunión de la UIT no es del todo negativo aunque preocupa. El peligro era que se incluya dentro de su ámbito de control a Internet, desequilibrando el modelo de gobernanza multisectorial vigente. Si bien el texto final del acuerdo tiene cierto lenguaje controvertido, las propuestas más polémicas promovidas por países como Rusia fueron finalmente desestimadas.

Entre lo positivo, destaca que no se ampliaron las definiciones para incluir a Internet como parte de las comunicaciones reguladas por la UIT. Así mismo, el preámbulo señala que los países implementarán el tratado en concordancia con sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Por el contrario, preocupan aspectos negativos como la vaguedad de ciertos artículos, que podrían ser interpretadas como una autorización para que los Estados intervengan fiscalizando los contenidos de comunicaciones electrónicas.

Creo que antes de obligarnos como país a asumir nuevas reglas sobre nuestras comunicaciones es necesario debatirlas. Perú no debe de firmar el Acuerdo o debe de tomarse el tiempo necesario para discutir internamente con todos los sectores involucrados la pertinencia de su adhesión.

Artículo en El Comercio

Más información: ¿Qué es la UIT?

Publicado originalmente en el blog de Hiperderecho