We want the airwaves o la liberalización del espectro radioeléctrico

En la Federal Communications Commissions (FCC), el organismo regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos, están próximos a decidir si es que se liberalizará o no el acceso a las bandas del espectro radioeléctrico no licenciadas aún. Esto ha motivado que un grupo de usuarios y empresas de telecomunicaciones, liderados nada menos que por Google, lancen la campaña Free the airwaves, una iniciativa para llevar la tecnología wireless a todos, en todo el mundo. A través de una petición colectiva en su página web, buscan no solo crear conciencia en las personas de la importancia que tiene esta liberalización para el desarrollo de tecnologías inalámbricas en el futuro (con sus evidentes beneficios a los productores, desarrolladores y consumidores de las mismas), sino hacer manifiesta esta preocupación de la población a la misma FCC.

Considerado como un recurso limitado, el espectro radioeléctrico tradicionalmente ha sido administrado por el Gobierno para asegurar una utilización eficiente del mismo. Sin embargo, con el devenir de los años y la progresiva dinamización del sector, el sistema vigente para asignar el espectro radioeléctrico ha terminado por significar una traba a la innovación. Google sostiene que una significativa porción del espectro (más de tres cuartos de él) no se utiliza a causa de esta situación, lo que obviamente limita las posibilidades de crecimiento de las tecnologías inalámbricas cada vez más. Si tomamos en cuenta las últimas cifras sobre la forma en la que se invierte y se demanda esta tecnología, resulta paradójico que en un mercado con tanto crecimiento se dependa de un sistema ineficiente como el que se utiliza para la asignación del espectro. De acuerdo con Google, una liberalización de los “espacios en blanco” del espectro radioeléctrico lograría:

  • Allanar el camino para el acceso universal de banda ancha inalámbrica.
  • Extender la cobertura de la banda ancha inalámbrica hacia zonas a las que aún no llega.
  • Mejorar la fiabilidad de las comunicaciones de seguridad pública
  • Habilitar el aprendizaje a distancia para los estudiantes en lugares remotos o para quienes resulta poco práctico asistir a un aula tradicional.
  • Llevar acceso de alta velocidad a cada escuela primaria o secundaria del país.

Del otro lado, sus detractores (como fabricantes de equipos de sonido y cadenas de televisión) opinan que esta utilización libre del espectro podría interferir con las señales de televisión o con los micrófonos inalámbricos. Aunque claro, como señala el mismo Free the Airwaves, ni los ingenieros que desarrollan esta tecnología ni la misma FCC permitirían casos de este tipo. Además, si esto es cierto, ¿si se licenciaran a la manera tradicional el resto de espacios en blanco sucedería lo mismo?

Lawrence Lessig, quien se ha adherido a la campaña de Google, nos invita a reflexionar sobre la importancia de iniciativas como esta (a las que compara con las que iniciaron en su momento la masificación de Internet) a través de las cuales se impone la desregulación como la forma más eficiente de permitir el crecimiento de nuevos espacios para la competencia y la innovación tecnológica. Sin esto, señala, cualquier otro esfuerzo hacia la Net Neutrality o el crecimiento de la banda ancha sería tan vano como sostener una escalera sobre la arena.

Como en la canción de Ramones (We want the airwaves, del disco Pleasant Dreams – 1981), en la que se hablaba de tomar por asalto las ondas de radio y televisión con la música. Ahora, más de veinte años después, se trata de tomar el control de los espacios públicos (que son precisamente públicos) y promover su eficiente asignación de forma tal que no estrechen el desarrollo de las tecnologías.

Regulación, convergencia tecnológica y el caso “Ringtones”

Ring in the holidays with free ringtones por crickee.

Recientemente una corte federal canadiense se pronunció respecto de un tema que  comienza a cobrar vigencia en nuestro país. Nos referimos al caso  Canadian Wíreless Telecommunications Association et, al. contra Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) (el caso Ringtones) en que la demandante, una asociación que protege los intereses de los principales operadores de servicios portadores inalámbricos canadienses, cuestionó el supuesto derecho de la demandada, una sociedad de gestión colectiva que protege los intereses de autores y compositores canadienses, de cobrar por las regalías generadas por la transmisión de música (ringtones) a teléfonos celulares.

El tema de fondo del caso se centra en la interpretación del polémico derecho patrimonial de “comunicación pública” que otorgan las leyes de derechos de autor a los titulares de obras originales (en el caso canadiense el Copyright Act y en el peruano el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el derecho de autor). En el caso comentado, la corte federal confirmó el pronunciamiento de primera instancia sosteniendo que la transmisión de ringtones musicales por parte de empresas operadoras de telefonía móvil y otros proveedores de contenidos musicales en Internet se encuentra comprendido dentro de la definición de “comunicación pública de obras musicales” según lo establecido por el Copyright Act canadiense. Por su parte la demandante sostuvo que en el presente caso nos encontramos frente a una transmisión de punto a punto entre un proveedor y cada suscriptor de manera independiente y, por lo tanto, no ante una comunicación de tipo “pública”.

En primer lugar, los demandantes sostuvieron que el término “comunicación” debía ser interpretado de manera que comprenda únicamente transmisiones en tiempo real de manera que lleguen al receptor de manera simultánea o inmediatamente luego de la transmisión. La corte rechazó el argumento de los demandantes indicando que el referido término implica el paso de información de una persona a otra en sentido amplio con lo cual la transmisión de un ringtone si califica como “comunicación”.

Por otro lado, los demandantes argumentaron que los operadores móviles ofrecen a los consumidores una oportunidad de adquirir ringtones de manera individual de acuerdo a su libre elección  con lo cual dicha transacción tiene carácter privado. La corte sostuvo, haciendo un símil con la transmisión de programas televisivos, que la simple puesta a disposición de la obra para que sea potencialmente vista por el público ya le otorga el carácter de “pública”, interpretación que se asemeja a la amplia forma en que el derecho patrimonial de comunicación pública se encuentra recogido en nuestro ordenamiento.

El caso Ringtones constituye una mas de las batallas libradas por los usuarios de contenidos digitales frente a los titulares de derechos de autor, en esa tensión constante entre la posibilidades que ofrece la tecnología y el Internet como plataforma de difusión y acceso a contenidos, la necesidad de obtener beneficios económicos y la existencia de un rígido marco normativo en  materia de derechos de autor. Sin embargo la principal reflexión que nos deja este caso, es que en un entorno de convergencia tecnológica donde la generación de contenidos atractivos se muestra como el reto principal para las empresas de tecnología y telecomunicaciones es necesario generar mecanismos de protección de contenidos que resulten sensatos y coherentes con la realidad tecnológica actual, intentando conciliar los intereses tanto de los titulares de derechos de autor como de los consumidores de contenidos como lo son las empresas de telecomunicaciones.


El término ringtone  se refiere a la variedad de efectos de sonido que pueden ser reproducidos por un equipo celular cuando éste recibe llamadas. Un ringtone puede ser desde efecto de sonido, una melodía monofónica de tonos similares, melodías polifónicas compuestas de diversos instrumentos o incluso una canción en formato MP3.

La muerte de la (larga) distancia

Hace unos años Frances Cairncross escribió su famoso libro “La Muerte de la distancia: Cómo la Revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa” (The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing Our Lives), en dicho trabajo, la autora puntualiza como es que gracias a la revolución de las telecomunicaciones la distancia ya no condicionará la forma de dirigir los negocios y nuestra vida cotidiana. Desde su publicación son muchas las muertes que se han venido produciendo, veremos a continuación una adicional, tal vez la más anunciada de todas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú publicó este 2 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, en cumplimiento de sus normas de transparencia, un proyecto de Resolución Ministerial que plantea implementar desde el mes de enero del año 2009 la denominada Area Virtual Móvil (AVM). Con el AVM se podrá marcar directamente el número de abonado móvil para las llamadas entre teléfonos móviles y teléfonos fijos a móviles ubicados en distintas localidades. De esta forma ya no será necesario discar para las llamadas de larga distancia nacional el prefijo 0 y el código del departamento.

También se señala que corresponderá al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el marco de sus competencias, aprobar las condiciones tarifarias, de interconexión o las que fueran necesarias para la implementación y entrada en vigencia del AVM.

Finalmente, el Proyecto dispone, en lo que constituye una prueba de más de la regulación ficción a la que nos tienen acostumbrados nuestras autoridades, que serán las empresa operadoras las que asumirán los costos de adecuación de red para la implementación del AVM con la finalidad de evitar que sean trasladados a los usuarios. Es ficción, porque las llamadas originadas desde un equipo móvil no se encuentran sujetas a regulación tarifaria, en dicha medida, nada impediría que las operadoras móviles trasladen estos costos a los abonados a pesar de la declaración contraria contenida en el proyecto. Libertad de empresa le llaman algunos a esta potestad.

El MTC cree que esta medida facilitará la implementación de la portabilidad numérica en los servicios públicos móviles, incidirá en menores tarifas para los usuarios y promoverá la tendencia del mercado móvil de ir unificando sus tarifas. Lo cierto es que independientemente de estas metas, la medida terminará de moldear el mercado de larga distancia nacional.

En el Perú el servicio de larga distancia se brinda a través de las modalidades de preselección y llamada por llamada (call by call). Sin embargo, este mercado que se reveló como uno de los más dinámicos desde que se abriera la competencia en el año 1999, se ha visto afectado en los últimos tiempos por varios factores. Uno de ellos, es la eliminación de la preselección por defecto dispuesta por el MTC con la aprobación de los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” en febrero del pasado año pasado e implementada posteriormente por Osiptel. La eliminación de la preselección por defecto, más que dinamizar el mercado como se proponía, produjo que una parte importante del tráfico de larga distancia nacional que se originaba en terminales fijos migrara hacia las redes móviles, aprovechando que los operadores móviles venían ofreciendo planes tarifarios con un trato similar para llamadas locales y de larga distancia nacional.

La medida que crea el AVM no hará sino fortalecer la tendencia hacia la sustitución del tráfico fijo por tráfico móvil constituyendo tal vez el tiro de gracia para el negocio de larga distancia nacional desde líneas fijas, de tal suerte que los concesionarios de servicios móviles se cosolidarán como los operadores por defecto de dicho tráfico. Cabría preguntarnos si valió el esfuerzo (gasto de los escasos recursos públicos y el aumento de la conflictividad entre los operadores) que el MTC dispusiera eliminar la preselección por defecto, si ya tenía planificado crear el AVM y extinguir de facto el servicio de la larga distancia nacional desde las redes fijas sólo unos meses después.

Comcast incumplió las políticas de la FCC, pero no será multada

La FCC (Federal Communications Commission) aprobó el pasado 1 de agosto un Memorando de Opinión y Orden para que Comcast dejara su polémica práctica de administrar Internet a través del mecanismo conocido como throttling (ver nuestro post: Compast podría ser sancionada en agosto). La Comisión, sin imponer sanciones monetarias, otorgó un plazo de 30 días para que la operadora divulgara sus métodos de administración del tráfico de Internet.  La orden, aprobada en una votación ajustada de 3 a 2, concluyó que Comcast monitoreó el contenido de las conexiones de Internet de sus abonados y bloqueó selectivamente sus conexiones p2p. “Esencialmente, Comcast abre cada correo y lo abre no para entregarlo sobre la base de la dirección que aparece en el sobre sino por el tipo de letra de sus clientes”; señaló un vocero de la Comisión.

En la práctica, Comcast revisaba cada paquete de tráfico de Internet de sus clientes y los encaminaba según su contenido, no de su destino. La práctica de extrangular las conexiones p2p realizada por Comcast era particularmente extensa, incluso llegó a alcanzar en ciertas áreas las tres cuartas partes de todas las conexiones de p2p.

La orden puede interpretarse como una defensa de las libertades de Internet sancionadas por la FCC en el año 2005 en línea con el criterio de Net Neutrality, que como se sabe prohíbe que los operadores de acceso restrinjan o limiten el tráfico que fluye por Internet.

El presidente de la Comisión, el republicano Kevin Martin y los demócratas Jonatan Adelstein y Michael Copps, se mostraron favorables a la orden; votaron en contra, los comisionados republicanos Robert McDowell y Deborah Taylor Tate. Para el republicano McDowell la decisión politiza Internet: “La mayoría ha empujado a políticos y a burócratas en decisiones de ingeniería (…). Será interesante ver cómo la FCC manejará su recién creado poder porque, como institución, somos incapaces de decidir cualquier acción en los nanosegundos del tiempo de Internet. Además, pedir que nuestro gobierno tome estas decisiones significará que cada dos a cuatro años los principios de base podrían cambiar dependiendo de los resultados electorales.” Asimismo, agregó que la decisión de la Agencia podía dañar en última instancia la capacidad de los usuarios para utilizar la web. “(…) Irónicamente, la acción de hoy puede dar lugar realmente a velocidades en línea más lentas para el 95 por ciento de los consumidores de Internet en América “.

Sena Fitzmaurice, Directora de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Gubernamentales de Comcast en un comunicado público señaló que aun cuando se complace de que la Comisión no haya encontrado ninguna conducta que justifique una multa, “(…) nos decepciona la conclusión dividida de la Comisión porque creemos que nuestras elecciones en la gestión de redes fueron razonables, completamente consistentes con las prácticas de la industria y que no bloqueamos el acceso a sitios web o aplicaciones online, incluyendo servicios peer-to-peer”. Se espera que Comcast cuestione la decisión de la FCC ante los tribunales.

Los partidarios de la Net Neutrality han tomado esta decisión como una importante victoria (savetheinternet.com y Art Brodsky), la cual tendrá probablemente más implicancias que las del mero caso Comcast, teniendo en cuenta la influencia de la FCC como espejo de otras regulaciones y la popularidad que están teniendo las prácticas de gestionar el tráfico de Internet mediante técnicas que retan el criterio de la Net Neutrality.

Cablevisión le gana la batalla a Hollywood

 

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (Nueva York) acaba de fallar en favor de Cablevisión en  la demanda presentada por un grupo de empresas entre las que estaban Time Warner Inc, News Corp, CBS Corp. y Walt Disney Co. contra la empresa de cabledifusión por una supuesta violación de los derechos de autor sobre sus contenidos a través de su servicio Cablevision Remote.

Tras el éxito en el mercado norteamericano de servicios de grabado como TiVO, muchas cableras empezaron a ofertar equipos especiales con discos duros incorporados mediante los cuales sus usuarios puedan grabar programas y películas, de la misma forma en que lo hacíamos con nuestro querido VCR/VHS. Cablevision ofreció, sin embargo, un producto distinto. Su servicio Cablevision Remote no implicaba la adquisición de un nuevo aparato de grabado sino tan solo una nueva caja de cable sin disco duro a través de la cual el usuario podía programar los contenidos que deseaba grabar y éstos eran recopilados por la compañía y almacenados en discos duros remotos. Así, cuando el usuario deseaba volver a ver el programa que había grabado, dicho contenido era rebotado desde los servidores de Cablevisión al equipo terminal del usuario. De esta forma, ofrecía el mismo servicio que la competencia pero con el beneficio de no necesitar un disco duro local (con los costos de adquisición y mantenimiento que ello acarreaba para el consumidor final).

A las empresas de televisión, sin embargo, esto les sonó a gato por liebre e iniciaron una acción judicial en conjunto contra la compañía porque consideraban que, al almacenar remotamente sus contenidos y luego retransmitirlos a los usuarios, Cablevisión estaba haciendo una explotación comercial de sus contenidos por fuera de sus prerrogativas regulares de simple retransmisor directo. Obviamente, por detrás estaba el miedo de las compañías de televisión a que las personas haciendo uso de la tecnología puedan esquivar los comerciales y los horarios programados para ver sus contenidos.

Por suerte, hoy la Corte de Apelaciones ha modificado de la decisión de primera instancia -que encontraba responsable a Cablevisión por la violación de derechos de autor- y ha señalado que no existe responsabilidad directa en la empresa en tanto su servicio es análogo al que puede prestar cualquier otro aparato de grabación de audio/video doméstico. Su utilización, por ende, queda comprendida dentro del uso permitido (fair use) del que puede hacer un televidente cualquiera. La Corte señala que Cablevision, pese a que almacena el contenido y reproduce, al no tener un control directo sobre lo que almacena y repoduce, no es sujeto de responsabilidad directa ya que tan solo provee un servicio de grabación y no enerva los derechos de los demandantes a licenciar a retransmisión de sus contenidos. Es decir, la Corte le recuerda a las empresas que la tecnología está para mejorar la calidad de vida de las personas y no puede verse constreñida por figuras jurídicas inconsistentes con la realidad como la de nuestro avejentado y tan aletargado derecho de autor.

La Decisión completa en inglés se puede leer aquí.

Comcast podría ser sancionada en agosto

Como señaláramos en nuestro post del 16 de julio (Los seguidores de la Net Neutrality se anotan una victoria) la FCC (Federal Communications Commission) amenazó con sancionar a Comcast, el proveedor de acceso a Internet más importante de los Estados Unidos, si seguía limitando el acceso de sus abonados a programas demandantes de ancho de banda.

El caso se encuentra actualmente bajo análisis de la FCC. A pesar de que inicialmente el presidente de la FCC señaló que no pensaba imponer sanciones a Comcast, se habría filtrado la información que tres de los cinco miembros de la Comisión estarían de acuerdo con sancionar a la empresa por entorpecer el tráfico de Internet de sus abonados. Sin embargo, según funcionarios de la propia Comisión, la decisión no puede considerarse como definitiva hasta que voten los cinco miembros, lo cual sucedería en la sesión del 1 de agosto.

Los tres votos a favor de sancionar a Comcast serían los de los comisionados demócratas Michael Copps y Jonatan Adelstein y el de su presidente, el republicano, Kevin Martin, los cuales estarían reconociendo que la compañía violó las denominadas “Libertades de Internet” reconocidas por la FCC desde la gestión de Michael Powell, las  cuales constituyen una serie de principios que aseguran los derechos de los consumidores de servicios de banda ancha.

Operadores de acceso pueden mantener el anonimato de quienes decargan música

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo respaldó el derecho de Telefónica de España (Telefónica) a no revelar a una asociación que agrupa a productores y editores de grabaciones musicales y audiovisuales la identidad de sus clientes habituados al intercambio de música a través de Internet. Aún cuando se ha interpretado que esta sentencia estaría blindando el anonimato de quienes realizan este tipo de prácticas y como una derrota más de la industria discográfica, lo cierto es que sólo señala que las normas comunitarias no exigen a los países miembros incorporar dentro de su legislación la posibilidad de que los datos personales puedan revelarse en un procedimiento civil.

En el mes de noviembre de 2005, la  Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) promovió diligencias preliminares ante un Juzgado Mercantil de Madrid contra Telefónica, con el objeto de obtener la identidad de aquellas personas a las que ésta prestaba servicio de acceso a Internet y de las que Promusicae conocía su dirección «IP», la fecha y la hora de conexión. Promusicae denunciaba que estas personas -a partir del programa de intercambio de archivos peer to peer, KaZaA-, permitían a los internautas el acceso a una carpeta compartida de su computadora, donde se encontraban fonogramas cuyos derechos patrimoniales de explotación corresponderían exclusivamente a sus asociados.

De acuerdo con Promusicae los abonados de Telefónica que permitían el intercambio musical cometían un acto de competencia desleal y vulneraban sus derechos de propiedad intelectual. Para poder ejercitar las correspondientes acciones civiles era necesario que la operadora proporcionara las identidades de los supuestos infractores. Telefónica consideró que, conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la legislación comunitaria, la divulgación de los datos de sus abonados sólo está permitida en el marco de una investigación criminal o para salvaguardar la seguridad pública y de la defensa nacional y no en el marco de una diligencia preparatoria de un procedimiento civil.

El  caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto C‑275/06) el cual tuvo que determinar si el Derecho comunitario exige a los Estados miembros -en el marco de un  proceso  civil-  poner  a disposición de terceros los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información. El Tribunal concluyó que no. Sin embargo, la sentencia es  clara  en  señalar que no existe impedimento alguno para que los Estados miembros puedan recoger en sus legislaciones, mecanismos que permitan obligar a los operadores a  divulgar  información  de  sus  usuarios,   en  caso  éstos  se  vean  inmersos en investigaciones   judiciales  por  presuntas  violaciones  a  derechos  de  propiedad intelectual.

Para  la  industria  discográfica,  resulta  imprescindible  conocer  la identidad de quienes  vulneran sus derechos. En la medida que los proveedores de acceso a Internet no   permiten  el  acceso  a  esta  información,  será  imposible  que  las  empresas discográficas   puedan   accionar   contra   los   infractores.   La   jurisprudencia norteamericana  puede decirnos algo al respecto. Como se recordará, en el año 2003 la RIAA (Recording Association of America) inició una dura lucha en los tribunales hasta lograr en una decisión judicial, sobre la base de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de 1998, que se obligara a Verizon a revelar los datos de aquellos acusados de intercambiar ficheros protegidos por las leyes de propiedad intelectual. En  este  contexto la RIAA utiliza el procedimiento conocido como “John Doe”  (los  que  resulten responsables), que consiste en demandar a personas anónimas por  su  dirección IP hasta luego obtener de los operadores los datos reales de estas personas.  Hasta  el  momento  se  han  demandado  bajo  este mecanismo más de 20 mil personas,  entre  las  más  recordadas está Brianna LaHara, una niña de 12 años cuyos padres lograron finalmente un acuerdo con la Industria previo pago de 2 mil dólares.

¿Y si encriptamos todo Internet?

The Pirate Bay es como se escribe Napster o Audiogalaxy en el año 2008. Es, a la vez, el principal dolor de cabeza de gran parte de la industria del entretenimiento de la actualidad. Este tracker de BitTorrent, cuyos servidores se situan en Suecia, recoge casi un millón y medio de torrents compartidos por casi ocho millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Su popularidad, sin embargo, lo ha colocado en el últimos meses en el ojo de la tormenta y ha sido presa de todo tipo de ataques (desde redadas policiales hasta procesos judiciales). Sus usuarios -repartidos por todo el mundo pero trabajando juntos gracias a la web 2.0- hartos de ser perseguidos por quienes no comprenden una evolución natural de la industria han dado con una salida: ¿y qué pasaría si desaparecemos en los ojos de las autoridades?

Lo que los usuarios de The Pirate Bay proponen -y se encuentran actualmente desarrollando colaborativamente vía wiki- es la posibilidad de encriptar todo el contenido que pase a través de las redes a través de la masificación del uso de conexiones SSL (Secure Sockets Layer). Así como hoy existen algunos servicios de correo encriptado, que complican la labor de quien intenta acceder a ellas en forma no permitida, lo que se propone es que todo: para que desde la inocente conversación que tenemos por IM, las páginas web que visitamos para leer noticias o nuestra actividad de intercambio de archivos en redes P2P sea (asi imposible de registrar por los Proveedores del Servicio (ISP) o las Autoridades Regulatorias. Es decir, que cualquier actividad de intrusión en nuestra actividad en Internet dará como resultado una serie de códigos y números que guardarán el secreto de nuesta actividad en línea.

El contexto peruano del secreto de las telecomunicaciones

El inciso 10) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala el derecho fundamental de todas las personas al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Este derecho fundamental es reconocido también en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC. El artículo 87 de la Ley de Telecomunicaciones , a su vez, señala como infracciones muy graves a la interceptación o interferencia sin autorización de los servicios de telecomunicaciones que no han sido destinados al uso libre del público en general y la divulgación de la existencia o de los contenidos, o la publicación o cualquier otra utilización de toda clase de información obtenida mediante la interceptación o interferencia de los servicios de telecomunicaciones no destinados al uso público general. El artículo 13 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones precisa esta obligación, cuya supervisión está a cargo del MTC, al señalar que se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones cuando deliberadamente una persona que no es quien origina ni es el destinatario de la comunicación, sustrae, intercepta, interfiere, cambia o altera su texto, desvía su curso, publica, divulga, utiliza, trata de conocer o facilitar que él mismo u otra persona, conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación. El mismo artículo 13 señala que todos los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones quedan obligados a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, mediante la adopción de las medidas y procedimientos razonables para garantizar la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones cursadas a través de tales servicios, así como a mantener la confidencialidad de la información personal relativa a sus usuarios que se obtenga en el curso de sus negocios, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito de sus usuarios y demás partes involucradas o por mandato judicial. Se refiere también que el MTC podrá emitir las disposiciones que resulten necesarias para precisar los alcances de tal obligación.

Esto significa que, de cara a la legislación local, todos estamos plenamente autorizados por el marco legal y regulatorio vigente a encriptar el contenido de nuestra actividad a través de internet. Aunque la propuesta de TPB esté aún en desarrollo y no resulte plenamente aplicable el día de mañana, constituye un ejemplo excelente de cómo el mercado mismo se adelanta a los intentos de detección y regulación legal para asegurarse un derecho fundamental. Si la neutralidad en la red no viene a nostros, nosotros tendremos que procurarnos la neutralidad.

Los seguidores de la Net Neutrality se anotan una victoria

El regulador de las telecomunicaciones de los Estados Unidos, la FCC (Federal Communications Commission), a través de su presidente  Kevin J. Martin, amenazó el pasado 10 de julio con sancionar a las compañías de Internet que limitaran o entorpecieran el acceso de sus abonados a programas como BitTorrent o eMule acusados de demandar intensamente recursos de ancho de banda.

De acuerdo con Martin, Comcast, el proveedor de acceso a Internet más importante de los Estados Unidos, violó las libertades de Internet al interferir intencionalmente las conexiones de sus abonados cuando éstos intercambiaban ficheros. La práctica repudiada consistía en que cuando Comcast advertía que sus abonados utilizaban el programa BitTorrent procedía a limitarles la velocidad de acceso. La compañía admitió que llevaba a cabo esta práctica, muy utilizada por toda la industria, dado que estas conexiones consumen buena parte de la capacidad de sus usuarios y solo una mínima proporción de éstos las usan. Es decir, buscaba imponer limitaciones a los usuarios que más congestión producían para mantener estable el nivel de acceso de los demás.

Si bien la el presidente de la FCC advirtió que de momento no pensaba tomar medidas sancionadoras, los proveedores de acceso deberan tener cuidado al realizar este tipo de prácticas si no quieren verse obligados a pagar alguna multa. Cabe recordar que en el año 2005 la FCC impuso una sanción por un hecho similar cuando Madison River Communications, un pequeño proveedor de acceso a Internet de Carolina del Norte, bloqueó el acceso de sus suscriptores al servicio de voz sobre IP de Vonage.

Además de ordenar la restitución de la conexión la FCC multó a Madison River con US$ 15 mil dólares.

De acuerdo con estas declaraciones, la FCC estaría alineando sus políticas con el principio de Net Neutrality o Neutralidad de la Red. Como indica el profesor Tim Wu, de la Universidad de Columbia y presidente de Free Press, grupo que denunció el caso de Comcast ante la FCC: Si dos personas quieren intercambiar un archivo, los operadores no deben intervenir para nada.

Esta es sólo una batalla más del enfrentamiento que vienen sosteniendo desde hace unos años partidarios y detractores del principio de la Net Neutrality cuyo campo más cruento se encuentra sobre todo en los Estados Unidos, aunque sus repercusiones ya se empiezan a sentir en otras latitudes. Como se sabe el principio de la Net Nutrality se parece mucho al tradicional principio de no discriminación que rige la industria de las telecomunicaciones, puede definirse como la obligación de los agentes operadores de acceso a dar el mismo tratamiento al tráfico que circula por Internet, con independencia del contenido específico y de quien lo emita o lo reciba.

Para los defensores de la Net neutrality permitir la priorización de determinado tráfico por los operadores de acceso constituye un modelo de negocio al más puro estilo “Tony Soprano” (Tim WU: Why You Should Care About Network Neutrality) donde campeará la arbitrariedad y el despliegue de comportamientos potencialmente ilegales como por ejemplo privilegiar los contenidos propios en detrimento de los servicios de los competidores, lo que en última instancia sería la destrucción de Internet como fue concebido y como se lo conoce hoy. Frente a estos argumentos, los opositores de la Net neutrality consideran que el mercado asegura que los usuarios cuenten con un acceso libre a los distintos contenidos sin otra limitación que sus propios gustos o la información que poseen. La imposición de un principio como el de Net neutrality provocaría cuando menos una disminución de los niveles de inversión e innovación, generaría una administración ineficiente de la Red por parte de los operadores para gestionar la demanda de los consumidores, ya que no se podrían atender sus necesidades de manera ágil e innovativa.

En resumen, nos encontramos ante un round más de una controversia que promete ser larga y sinuosa. En juego no sólo está el mantenimiento de Internet tal como lo conocemos hoy sino también su propia viabilidad económica.

DigiWorld Yearbook 2008 España

Hace unos días se presentó en Madrid el prestigioso Informe DigiWorld 2008 España elaborado por ENTER (Centro para el Análisis de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones del IE-Business School) en colaboración con IDATE.

De acuerdo con el Informe los sectores DigiWorld (servicios y equipos de telecomunicaciones, software y servicios informáticos, televisión y electrónica de consumo) crecieron en el año 2007 sólo un 5,8% con respecto al año anterior, alcanzando los 2,75 billones de euros de facturación, lo que representaría el 7,2% del PIB mundial. De esta forma estos mercados habrían sufrido una clara ralentización en su crecimiento respecto de años anteriores. El sector de equipamiento de telecomunicaciones es el que habría registrado un menor crecimiento, 2% durante el año 2007.

En lo que respecta a las tendencias regulatorias mundiales, el Informe destaca que en un modelo del tipo “centro comercial” los operadores de servicios de telecomunicaciones más importantes podrían desarrollar un enfoque integrado que una el control de las infraestructuras de redes fijas y móviles, su plataforma de gestión de servicios y de usuarios y el desarrollo de contenidos originales. De esta forma dichas organizaciones podrían imponer nuevas aplicaciones en un entorno fijo–movil que pudiera competir con los gigantes de la Web (como Google, Yahoo o MSN). En este contexto es probable que los reguladores estén atentos ante el despliegue de posibles prácticas anticompetitivas.

También se destaca que con la convergencia de servicios diferenciados, la Web va a tener que adaptar los mecanismos de gestión de paquetes a la naturaleza disímil de las aplicaciones soportadas. Estas diferencias podría suponer también una diferenciación tarifaria. Situación que podría regularse bajo la noción de la net neutrality. De igual forma, las estrategia de IPTV de los operadores de telecomunicaciones podrían enfrentarlas con las ofertas de programas distribuidos por Internet. El riesgo de discriminación podría descartarse también con la noción de la net neutrality.

Finalmente, en lo que a regulación respecta, el Informe destaca la posibilidad de asistir a la generalización de una separación funcional o estructural entre las actividades de explotador de redes y proveedor de servicios. Recordemos que en el paquete de reformas de las Telecomunicaciones propuesto en noviembre de 2007 por la Comisión Europea se da a los reguladores el poder de imponer esta separación funcional y que este spin off ya se ha discutido para los casos británico e italiano. El Informe puede descargarse íntegramente en la página de Enter.