Reflexiones desde Cuba en el día de las telecomunicaciones y el Internet

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el Cuban Cyberspace Camp 2016 organizado por la Unión de Juristas de Cuba y iTechLaw, asociación internacional de abogados en tecnología. Mi participación se centró en comentar la experiencia peruana en la regulación de la ley de protección de datos personales así como las normas que regulan la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por infracciones a derechos de autor. Tuve además la grata posibilidad de conocer, durante tres días, la realidad cubana de primera fuente. Todo ello me ha llevado a escribir esta nota a propósito del reciente día de las telecomunicaciones y el Internet, que se celebró el 17 de mayo último. Dos historias, que relato a continuación, resumen la gran experiencia vivida.

El acceso a Internet y las comunicaciones en Cuba

La empresa de telecomunicaciones en Cuba se llama ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.). Se trata de una empresa estatal que mantiene el monopolio en la prestación de los servicios de comunicaciones, algo similar a lo que ocurría en nuestro país con la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel en los años ochenta, es decir, antes de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Si bien los ciudadanos cubanos pueden contratar los servicios de telefonía fija y móvil, no es posible contratar directamente el servicio de acceso a Internet. Entonces ¿cómo hacen los cubanos para conectarse a Internet? La conexión se puede hacer únicamente a través de las pocas antenas que el Estado ha instalado en parques públicos. ¿Cómo? La manera oficial de conectarse a Internet es comprando tarjetas prepago emitidas por ETECSA a costos elevados. Toda restricción desproporcionada genera un mercado negro y es por ello que algunos cubanos han desarrollado un rentable negocio en esos mismos parques revendiendo minutos de acceso a Internet a un precio menor. Por lo tanto, si uno quiere conectarse a Internet en Cuba es necesario acceder a cualquiera de estos dos mecanismos, y, quizás lo principal, tener la suerte de vivir cerca de un parque público donde exista alguna de estas antenas. Otra alternativa, si uno se hospeda en un hotel, es que el hotel tenga el servicio de ETECSA disponible en alguna de sus áreas comunes. Los precios se ubican aproximadamente en 5 euros por hora (algo así como 16 soles por hora). En cualquier caso, si vemos en alguna calle de La Habana una acumulación extraña de personas mirando sus teléfonos casi sin parpadear, tengan por seguro que se trata de un punto de acceso a Internet de ETECSA.

“El Paquete” y la fascinante creatividad cubana

La restricción de las comunicaciones y el acceso a la información en Cuba choca frontalmente con la sed del cubano por acceder a contenidos e información internacional, lo cual no ha sido obstáculo alguno para poner a prueba su creatividad y sacarla adelante con mucho éxito.

Conversaba con la madre de un amigo cubano y ella me comentaba que todos los días por la noche ve el programa de la doctora Polo “Caso Cerrado”. Enseguida le pregunté con cierta ingenuidad: ¿a través de qué canal transmiten ese programa? y con mucha naturalidad me respondió, cual Sherlock Holmes a Watson: “Por el Paquete”. Esa respuesta me abrió una fascinante puerta a uno de los sistemas más recursivos que he conocido y que batallan con éxito contra una desmedida restricción estatal de acceso a la información.

En sus inicios el acceso a contenidos distintos a los que difunde el Estado a través de sus canales oficiales se daba en Cuba a través de la conocida piratería satelital. Sin embargo, esto fue rápidamente detectado por las autoridades locales y perdió vigencia. Fue en esos momentos donde surgió, allá por el año 2007, el Paquete. El Paquete es la entrega semanal en la puerta de tu casa de un disco de un 1 TB que recopila las ediciones más recientes de los principales programas, series internacionales y programas online a cambio del equivalente a un dólar (sí, un dólar ó tres soles y treintaidos centavos). Dado su rotundo éxito, El Paquete comenzó a ampliar su oferta e incluir una sección de clasificados donde los cubanos pueden encontrar productos a la venta y ofrecer los suyos (una especie de Mercado Libre offline). Es mas, El Paquete sirve como medio publicitario para negocios y servicios que quieren insertar su publicidad en ese medio por su amplia cobertura a todos los rincones del país. Me comentaron que incluso en algunos de los programas latinos los conductores saludan a ciudadanos cubanos por sintonizar el programa “gracias al Paquete”.

¿Cómo funciona? Todos los lunes aparece el “muchacho del Paquete” (que puede ser cualquier vecino del barrio) con la entrega semanal actualizada al domingo inmediato anterior. El usuario tiene un corto tiempo para copiar en tarjetas de memoria de algunos GB los contenidos que le interesan. Al final del día pasa el muchacho a recoger el disco duro y en ese momento se le paga. Nadie sabe (ni quiere saber) quienes son los creadores del “El Paquete” pero lo cierto es que es un negocio muy rentable que da trabajo a miles de cubanos y acceso a la información a otros miles basado en una red de pares (“peer-to-peer”) completamente descentralizada (con una lógica muy parecida a los primeros sistemas de distribución de música online como Napster o Kazaa pero en versión física).

Ante la inexistencia de un servicio de televisión por cable y de un adecuado acceso a Internet, El Paquete es una alternativa de acceso a contenidos para todos los ciudadanos cubanos.

Las dos experiencias antes relatadas me hacen pensar en la importancia de las comunicaciones y la conectividad para el desarrollo económico y social de un país. El Perú dio un significativo paso en la liberalización del mercado de las telecomunicaciones a inicios de los noventa, pero ahora ello no es suficiente.

Sin embargo, no es posible que en nuestro país siga siendo tan complicado desplegar infraestructura de telecomunicaciones para lograr la total conectividad y que sigamos apareciendo rezagados en los rankings regionales y mundiales. Pese a los esfuerzos regulatorios desarrollados por el Estado para destrabar dicho despliegue, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) existe un déficit de infraestructura de aproximadamente 30 mil antenas de telefonía móvil. Sumado a eso se encuentra la superposición de competencias de diversos gobiernos regionales y locales que vía ordenanzas deciden prohibir la instalación de infraestructura en sus distritos alegando supuestas razones de salud pública que ya han sido desmentidas incluso por organismos del más alto nivel como la Organización Mundial de la Salud.

Mientras países como Cuba claman por un mayor acceso a Internet y a la información, parece que en nuestro país la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información siguen siendo relegadas a un, lamentable, segundo plano. Ojalá no tengamos que esperar a que aparezcan mecanismos alternativos de acceso a las comunicaciones o “Paquetes” peruanos que suplan las deficiencias de nuestro actual sistema.

 

¿Cómo perfeccionar la ley de geolocalización?

La tecnología puede ser muy efectiva contra la delincuencia

La delincuencia usa hoy la tecnología para afectar a los ciudadanos. Debemos hacer un esfuerzo para que la tecnología sea más bien un arma eficaz para que nuestra autoridades luchen contra la delincuencia.

El 27 de julio de 2015, como parte de las facultades legislativas concedidas al Poder Ejecutivo, se publicó el Decreto Legislativo No. 1182, con la válida preocupación de combatir la creciente delincuencia, especialmente los miles de casos de extorsión que todos los días se reportan.

La norma establece un procedimiento muy célere (24 horas) para que en caso de un delito flagrante (extorsión, por ejemplo) la Policía pueda obtener datos que permitan geolocalizar dispositivos móviles (celulares, tablets, etc) de la red pública de telecomunicaciones y así ubicar a presuntos delincuentes.

El procedimiento creado por la norma requiere algunos presupuestos: a) que se esté cometiendo un delito de manera flagrante usando dispositivos móviles (para lo cual el afectado será quien informe de la ocurrencia del delito); b) debe ser un delito sancionado con cuatro o más años de privación de libertad (la extorsión claramente encaja en la norma); c) el acceso a los datos de geolocalización debe ser necesario para la investigación del delito (y no para cualquier otra causa); y d) que dentro de las 24 horas se reporte el caso a un fiscal y a un Juez para que convaliden la medida.

La pregunta clave es: ¿ésta norma viola el derecho de todo ciudadano al secreto o privacidad de sus comunicaciones?

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El 2014 en telecomunicaciones y tecnologías de la información: balance y perspectivas

El 2014 ha sido un año muy activo en materia de regulación de telecomunicaciones, tecnologías de la información y propiedad intelectual. Tanto a nivel del Poder Legislativo como el Ejecutivo dichos temas vienen consolidando su presencia y abriendo debates nacionales de la mayor relevancia reflejando la importancia que estos temas revisten en el plano internacional.

Primero haremos un repaso por lo ocurrido en el terreno internacional y luego lo acontecido a nivel local.

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Las empresas de acceso a Internet versus la Internet

A propósito de las recientes declaraciones del Presidente de Telefónica España, se ha revivido en nuestro contexto la discusión sobre la relación entre empresas operadoras y empresas de Internet. En particular, varios artículos aparecidos en el diario La República (1, 2, 3, 4) introducen una serie de conceptos e ideas que vale la pena discutir en detalle.

A nosotros tanto y a ellos tan poco

Lo primero que hay que saber es que los comentarios exactos del presidente de Telefónica, César Alierta, y el consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, estaban orientados específicamente a la diferencia entre el marco regulatorio aplicable en Europa a las empresas que proveen el servicio de acceso a Internet (ej. Claro o Vodafone) respecto del aplicable a las empresas que brindan contenidos o servicios en Internet (ej. Facebook o BuzzFeed). En corto, a ambos empresarios les parece injusto que a sus empresas les exijan cumplir con tantas reglas mientras que a otras se les exija tan poco. Para llegar a esta conclusión, se asumen varias ideas que no necesariamente son ciertas o que no se ajustan a nuestro sistema legal y económico. Me explico.

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Derecho y tecnología en el 2013 en diez tuits

A inicios del 2013 publiqué una síntesis de los temas que consideré serían de importancia durante el 2013. Al final del año decidí hacer un resumen del año en diez tuits que publiqué en Twitter bajo el hashtag #perutechlaw2013. A continuación transcribo la síntesis:

  1. El Reglamento de la Ley de #datospersonales marcó un hito importante durante el 2013.
  2. Las normas sobre #dineroelectronico 2013 pueden dinamizar uso de banca móvil y favorecer inclusión financiera.
  3. La ley de #delitosinformaticos y su eventual modificatoria seguirán siendo tema de continuo debate durante 2014.
  4. #LeyChehade proy. de ley seguirá su curso en 2014. Propuesta fue cuestionada por atentar contra #derechoshumanos.
  5. La reforma del #derechodeautor debe ser técnica, transversal y concordada con normativa internacional y temas digitales.
  6. Reformas regulatorias en el sector telecom ha sido activa en 2013 y seguirá en 2014 #reddorsal #4G
  7. Caso #Snowden traerá mucha atención sobre #privacidad y #vigilanciaciudadana + interés de Estados en regular Internet.
  8. El 2013 cierra con un debate intenso y muy importante sobre #concentraciondemedios que se extenderá durante el 2014.
  9. En 2013 se tomaron medidas interesantes de flexibilización de regulación de #firmasdigitales x @IndecopiOficial
  10. #TPP y filtro de cap. de #propiedadintelectual en 2013. #Peru no debería negociar más allá de #TLC #temasdigitales

Para ver un reporte más amplio sobre la materia y cuadro sinóptico de resumen pueden revisarse el siguiente enlace. La versión en inglés del mismo reporte puede revisarse aquí.

Propuesta para un Perú Digital

Recientemente el Foro Económico Mundial, que se desarrolló en nuestra capital, publicó su reporte anual sobre “Tecnologías de Información”. Es grato ver que el Perú ha mejorado en tres posiciones, pasando de la posición 106 a la 103, entre 142 países. Sin embargo, lo anterior no resulta igualmente alentador si comparamos nuestros avances con los de países como Chile, que ha pasado de la posición 39 a la 34, y Costa Rica de la 58 a la 53. Sin embargo, el caso destacado es Colombia que pasó de la posición 73 a la 66.

La explicación es sencilla. Colombia apostó por la innovación y la tecnología como ejes estratégicos de su desarrollo económico y social a través de la creación del Plan “Vive Digital”, mismo que articula el desarrollo de infraestructura con la promoción y generación de servicios y aplicaciones informáticas dirigidas a los usuarios a través de medidas regulatorias y políticas públicas específicas. El punto de partida de esta apuesta fue una reforma institucional: transformar el Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dando una visión convergente a las telecomunicaciones tradicionales.

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Cuando la ley no basta: la renovación de las concesiones de Movistar

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Por: Ernesto Soto Chávez 1

La renovación de los contratos de concesión de Movistar es un asunto que fue explicado suficientemente (Para entender (realmente) la renovación de los contratos de concesión de Movistar) y en ella hay una experiencia que podemos rescatar y un mensaje que nos debe servir para la posteridad.

Quedó la sensación de que la decisión de renovar las concesiones de Movistar se gestó con poca transparencia y ejecutó con mucha discrecionalidad, exigiendo o dejando de exigir a la empresa compromisos y obligaciones sin mayor sustento legal, y que existe poca predictibilidad en la toma de este tipo de decisiones, pese a que afectan a miles de usuarios.

Realmente, la renovación de las concesiones de Movistar se realizó en el límite de la legalidad, pero dentro de ella. Lo que sucede es que la legalidad misma, es decir, el marco legal de la renovación, no está bien diseñado.

Por ejemplo, estamos de acuerdo en que faltó mayor transparencia en el procedimiento de renovación, pero la ley no obliga a que sea público, como sí lo sería un procedimiento de fijación de tarifas. Acaso, ¿la renovación de las concesiones del mayor operador del país es menos importante para los usuarios que un procedimiento de fijación de tarifas? No, pero la ley los diferencia y prevé mecanismos de publicidad en uno y no en otro, lo que desacredita la decisión la decisión del Gobierno, cualquiera que esta sea.

Es cierto que algunos contratos de concesión suelen prever la realización de audiencias públicas como parte del procedimiento de renovación o que incluso estas pueden realizarse aplicando la Ley 274442; sin embargo, esa es una facultad del Ministerio, no una obligación.

Ahora, la idea de que el Gobierno pudo exigir a Movistar cualquier obligación como condición para aprobar la renovación se deriva del mismo procedimiento de renovación que prevé suscribir “nuevos términos y condiciones”. Valiéndose de ello, el Ministerio propuso los términos y condiciones que ya conocemos. Si la empresa no los aceptaba, la renovación no se producía. No había otra opción.

Como ven, todo se realizó dentro de la más absoluta legalidad, pero sin legitimidad. Es decir, sin generar la conciencia de que lo que se hacía era legal. Lo que le faltó al procedimiento de renovación fue legitimidad.

En mi opinión, esa falta de legitimidad es consecuencia del diseño del procedimiento de renovación que al considerar casi exclusivamente los intereses del Gobierno crea un desbalance entre su posición y de la empresa que solicita la renovación, permitiendo al primero exigir al segundo, prácticamente, cualquier término o condición para que la renovación se produzca, todo ello sin prever mecanismos de publicidad obligatorios y adecuados que actúen como control de la decisión del Gobierno.

¿Y cómo debería ser ese procedimiento de renovación que legitime la decisión del Gobierno y asegure la predictibilidad del sistema?

Pues, para empezar, debería ser claro en establecer que la renovación opera por mandato legal, independientemente de que se haya pactado contractualmente, para evitar justificaciones complejas y discusiones innecesarias como sucedió en el caso de Movistar.

También debe precisarse que si bien la renovación requiere que se suscriban nuevos términos y condiciones, estos deben mantener el equilibrio económico financiero del contrato para evitar exigencias desproporcionadas o irrazonables.

Asimismo, debe preverse la realización de audiencias públicas y obligatorias con posterioridad a la emisión del informe de Osiptel y antes de la decisión del Ministerio que permita a la sociedad civil participar con comentarios y observaciones en la decisión final.

Incluso se podría evaluar considerar como “favorable” la opinión previa de Osiptel sobre la renovación, en caso no cumpla con elaborar el informe técnico a su cargo dentro del plazo previsto. Esto aceleraría el curso de la renovación, pero sin afectar el sentido de la decisión final, porque el procedimiento de renovación en sí mismo está sujeto a silencio administrativo negativo, es decir, se considera denegado al término del plazo previsto si el Ministerio no emite pronunciamiento.

Estas propuestas si bien se refieren al sector de las telecomunicaciones, pueden  reformularse y aplicarse en cualquier otro sector donde existan procedimientos de renovación de concesiones que además de legalidad, requieran legitimidad. Ese es el mensaje que debemos rescatar de esta experiencia.


  1. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y profesor adjunto del curso Seminario de Derecho Administrativo en la PUCP 

  2. Artículo 182.- Audiencia pública.— 182.1 Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida directamente sobre servicios públicos 

¿De quién es Internet?

Hace un par de semanas se emitió el especial de Umbrales dedicado a la gobernanza del Internet a través de TV Perú. El especial de una hora es una excelente introducción para cualquiera que quiera adentrarse un poco más en el ecosistema de relaciones y actores que confluyen en Internet. En mi intervención, desarrollo una versión simplificada de la división por capas de Internet tan bien expuesta por otros autores como Benkler en The Wealth of Networks o Goldstein y Wu en Who Controls The Internet?El ejemplo cómo Estados Unidos demostró en el caso Wikileaks los niveles de control bajo la mesa que puede ostentar en Internet lo escuché en esta brillante discusión entre Lessig y Zittrain del 2010 a través de Radio Berkman.

Para quienes siguen el tema, no resulta novedad señalar que Internet tiene muchos dueños dependiendo de si se habla de su infraestructura, su código o sus contenidos. Sin embargo, me parece que el especial de Umbrales muestra en forma muy didáctica una panorámica de las distintas formas de control y espacios de gobernanza a los que está sujeta la red. También participan del especial Germán Pérez, Sandro Marcone, José Soriano, Rolando Toledo, entre otros.

El programa completo puede verse desde su canal de Youtube. Gracias a Maite y Manuel por haberme invitado nuevamente al programa y por su entusiasmo y persistencia en seguir hablando de estos temas.

También:
Hablando de comercio electrónico en Umbrales

2013: Grandes definiciones en regulación de tecnologías de la información

El 2013 será un año clave para el desarrollo regulatorio de las tecnologías de la información en el país. Estas tecnologías y su adecuada regulación tienen un gran impacto en nuestra vida diaria, desde de nuestro habitual envío de e-mail hasta contratar servicios y realizar pagos online incluso desde nuestro smartphone, por lo que es importante saber lo que vendrá el 2013.

El 2012 fue importante pues evidenció una mayor comprensión de su importancia para la innovación y la consolidación en diversos sectores productivos. No en vano un reciente estudio de McKinsey & Company señala que las industrias basadas en tecnologías de la información y el Internet contribuyen en algunos países hasta con tres puntos porcentuales del PBI.

En el Perú, un hecho muy importante el 2012 fue la presentación de la Agenda de Competitividad 2012-2013 por parte del Consejo Nacional de Competitividad. Dicho documento constituye uno de los primeros reconocimientos expresos que hace el actual gobierno sobre la relevancia de las tecnologías de la información para medir la competitividad del país, dentro de una lógica más amplia de modernización del Estado.

Una importante definición el 2013 es la tan esperada reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales, que tendrá un gran impacto en diversos sectores desde supermercados hasta bancos y financieras. Esta Ley estableció que ninguna entidad pública o privada puede utilizar datos personales de una persona, sin su previa y expresa autorización. Se ha creado la Dirección General de Protección de Datos Personales dentro del Ministerio de Justicia, quien liderará su implementación en el 2013. El Reglamento debería buscar un sano equilibrio entre la protección de la privacidad y el deseable flujo de información en el mercado, para no afectar actividades económicas basadas en la información.

De otro lado, en julio de 2012 entró en vigencia la Ley de banda ancha y construcción de la red dorsal nacional. Esta norma busca promover el uso masivo de Internet de alta velocidad en todo el territorio nacional, partiendo del hecho que aún seguimos registrando un serio problema de infraestructura de telecomunicaciones y, por ende, bajos niveles de acceso a Internet, sobre todo en las zonas andinas y amazónicas. La propuesta de construir una red de fibra óptica permitirá que gran parte de la población se beneficie de las enormes ventajas que ofrece el Internet en términos de acceso al conocimiento y comercio internacional.

Por ello, la reglamentación de la Ley, que se dará en el 2013, permitirá una agresiva promoción del desarrollo de infraestructura de comunicaciones a fin de proveer de conectividad a todo el país. Proinversión será el encargado de concesionar la construcción, operación y financiamiento de esta red dorsal. No debemos dejar de lado que, en paralelo, en el Congreso se ha iniciado la revisión de la Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento, la misma que tendría que guardar sintonía con el proceso de reglamentación de la Ley de banda ancha.

Finalmente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inició en noviembre pasado la implementación del capítulo del TLC Perú-Estados Unidos que regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por infracciones a los derechos de autor de sus usuarios. Dicho proceso ha sido muy discutido en otros países y consideramos que en el Perú se deberá tener mucho cuidado en equilibrar la protección de la propiedad intelectual con el respeto de derechos constitucionales como el debido proceso, libertad de expresión y privacidad.

Al intentar regular estas materias lo recomendable, como principio general, es respetar la neutralidad regulatoria, es decir, no regular una tecnología específica sino más bien establecer principios generales de los servicios que son regulados. De igual manera, no debería prohibirse conductas en el entorno digital que son válidas y lícitas en el mundo físico. De lo contrario y frente al progresivo avance tecnológico, las normas correrán el riesgo de quedar rápidamente desactualizadas. Es más, muchas veces podemos encontrar en nuestra legislación tradicional viejas soluciones para nuevos problemas.