¿Debe INDECOPI subirse al taxi o bajarse de él?

Por Agustín Valencia-Dongo1

La proliferación de equipos móviles inteligentes y la creciente oferta de paquetes de datos móviles han permitido que en los últimos años exista una serie de aplicaciones informáticas destinadas a facilitar la vida de sus usuarios. Dentro de este grupo de aplicaciones, han cobrado particular importancia aplicaciones como EASYTAXI, TAXIBEAT o recientemente UBER, destinadas a crear plataformas en las que usuarios del servicio de transporte urbano pueden contactar a un “taxista” de una forma eficiente y rápida. El incremento del uso de estos servicios no ha sido sin embargo pacífico, pues ha traído una serie de cuestionamientos por parte de los taxistas competidores e incluso de varias agencias de competencia en el mundo.

Si usted tiene instalada una o varias de estas aplicaciones en su equipo móvil, no debe serle un misterio el porqué de su éxito. Este tipo de aplicaciones permiten contactarlo con el vehículo que se encuentre más cerca de usted y encontrar su ubicación exacta, informarle de la tarifa con anticipación e incluso permitirle pagar con tarjeta de crédito. La mayoría de estas aplicaciones además, le informan la placa del vehículo que realizará el transporte y el nombre de su conductor, antes de que usted pueda si quiera subir al auto. Como en cualquier taxi tomado en la calle, el pago se hace al taxista y no a la empresa que administra la plataforma. Si bien el precio es mayor al de un taxi tomado de la calle, para muchos éste se justifica no solo por la eficiencia sino por la seguridad y calidad del servicio.

Recientemente, el diario El Comercio publicó un informe en el que detalla la forma como operan estos servicios en nuestro país y los cuestionamientos que vienen recibiendo. Particularmente, se menciona que actualmente cinco empresas de este tipo vienen siendo investigadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), por presuntas infracciones en materia de competencia desleal y publicidad engañosa. Ello en tanto las empresas permitirían conductores que no cuentan con la autorización de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima para prestar el servicio y además difundirían publicidad engañosa pues dan a entender que ellas son quienes prestan el servicio cuando en realidad actúan únicamente como una plataforma.

Sobre el particular, es importante recordar que de acuerdo al Artículo 14 del Decreto Legislativo No. 1044, para que se configure un acto de competencia desleal a través de la violación de normas, se requiere acreditar dos requisitos: (i) la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que ésta no esté siendo cuestionada en la vía contenciosa, o (ii) cuando debiendo tener un título para prestar determinada actividad, no se acredite la tenencia del mismo.

Si bien la necesidad de contar con una autorización municipal para la prestación del servicio de taxi cabría en el segundo supuesto, esta exigencia tendría que hacerse a los conductores de los vehículos afiliados y no a la empresa que administra la aplicación y que funciona únicamente como una plataforma comercial. Debe recordarse que a diferencia de las empresas de taxi tradicionales, las aplicaciones comentadas funcionan como cualquier plataforma virtual cuyo objeto es contactar a la oferta y la demanda. En tanto estas empresas no son las que prestan el servicio de taxi, no pueden incurrir en un acto de violación de normas por no contar con las autorizaciones municipales para prestar dicho servicio. Lo contrario sería equivalente a exigirle a cualquier sección de clasificados de un diario exhibir las licencias de construcción de los departamentos que son publicados para la venta.

Lo anterior nos lleva a la segunda imputación comentada por el INDECOPI, referida a una supuesta publicidad engañosa por parte de estas aplicaciones, en tanto estarían dando a entender a los consumidores que se tratan de empresas de taxi y no de simples plataformas. La información dada por el diario El Comercio y que tendría como fuente directa al INDECOPI, no deja claro de dónde un consumidor extraería esta información. Por el contrario, a manera de ejemplo, los términos que rigen la oferta de EASYTAXI en su página web, indican claramente que los Usuarios declaran conocer expresamente que son los “Usuarios Conductores” quienes realizan de forma exclusiva la prestación del servicio de transporte. Los términos incluso consideran a pasajeros y conductores, ambos como Usuarios del servicio. Si lo que busca INDECOPI es sancionar un supuesto engaño en este caso, va a tener que encontrar alguna pieza contractual o publicitaria que desconozca o contradiga expresamente los términos y condiciones señaladas.

Más allá de lo señalado, la forma como otras jurisdicciones han tratado a estos servicios no ha sido unánime.

Recientemente, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, emitió un comunicado en el que respalda la competencia de servicios como UBER y CABIFY en el mercado mexicano, pues considera que son una nueva modalidad de transporte que trae competencia en el mercado, sin embargo recomienda su regulación en aspectos de seguridad, específicamente que los vehículos tengan coberturas de seguro para los pasajeros y que se realice una búsqueda de antecedentes de los conductores. Por el contrario, UBER está prohibido de funcionar en España por una medida cautelar, que tomó en consideración el hecho de que sus conductores no cuenten con licencias municipales.

Es importante destacar, que la mayoría de controles de seguridad y requisitos previos que exigen estas aplicaciones a sus usuarios conductores para la afiliación, son incluso mayores que los exigidos para obtener la licencia municipal. En el caso particular de UBER, por ejemplo, se verifican antecedentes penales y judiciales, el domicilio, el vehículo, el record de papeletas y se hace una capacitación de servicio junto con un examen psicotécnico. Finalmente, lo importante que debe tener en cuenta INDECOPI es que su función no solo es la de proteger al consumidor, sino además la de fomentar la competencia. INDECOPI debería evitar que la intervención construya barreras de acceso al mercado que terminen perjudicando a los consumidores2.


  1. Artículo publicado originalmente en Bullard Falla Ezcurra +, Competencia & Regulación de Mercados Perú, Lima, 30 de junio de 2015, Año II, Número 33. 

  2. Aunque asiduos usuarios de estos servicios, a la fecha, ni el autor ni el estudio tienen vinculación alguna con estos procedimientos o los intereses de las empresas en los mismos. 

El 2014 en telecomunicaciones y tecnologías de la información: balance y perspectivas

El 2014 ha sido un año muy activo en materia de regulación de telecomunicaciones, tecnologías de la información y propiedad intelectual. Tanto a nivel del Poder Legislativo como el Ejecutivo dichos temas vienen consolidando su presencia y abriendo debates nacionales de la mayor relevancia reflejando la importancia que estos temas revisten en el plano internacional.

Primero haremos un repaso por lo ocurrido en el terreno internacional y luego lo acontecido a nivel local.

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Educación en el Perú y una meta inalcanzable (II)

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Con esta entrada terminamos la pequeña saga dedicada a la educación peruana. En la primera entrada dedicamos algunas líneas a repasar la actualidad del sector a partir del informe de la consultora Proexpansión (“La educación de calidad en Lima”), los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) y las presentaciones de Jáime Saavedra y Martín Vizcarra en el CADE 2014. En esta oportunidad dedicaremos los siguientes párrafos a comentar la racionalidad de la meta de gasto en educación establecida del Acuerdo Nacional.

La meta del Acuerdo Nacional

En un país presupuestívoro1 como es el Perú, parece hasta lógico que achaquemos todos los males nacionales a la falta de presupuesto público suficiente, sin que de recibo nos preguntemos si el gasto propuesto es alcanzable, no ya si es plausible o eficiente, simplemente si dada la estructura de los ingresos públicos es posible prodigar el dinero del contribuyente peruano para satisfacer los apetitos de los políticos, que al fin y al cabo son los mentores del Acuerdo Nacional.

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  1. Presupuestívoro: “voz que aplicamos a la persona que, sin merecerlo o sin aptitudes, vive del presupuesto”. Ricardo Palma, Papeletas Lexicográficas, Lima, Imprenta la Industria, 1903. 

Educación en el Perú y una meta inalcanzable (I)

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Hace unos días leí un interesante documento elaborado por la consultora Proexpansión “La educación de calidad en Lima” sobre la base de los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) que realiza anualmente el Ministerio de Educación. Más allá de los pobres resultados de la ECE, llama la atención el insistente reclamo al Estado para que cumpla con la meta del 6 por ciento del PBI estipulada en el Acuerdo Nacional. A estos dos tópicos dedicaré un par de entradas de este blog.

La evaluación censal ministerial es sólo la data que nutre parte importante del Informe de Proexpansión, la oportunidad para su publicación parece estar en el impacto generado por dos de las exposiciones de la Mesa de Educación del CADE 2014, a cargo del actual Ministro de Educación, Jáime Saavedra, y el todavía en funciones presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra1. Abajo, podrán ver las aplaudidas presentaciones de Saavedra y Vizcarra. Como muestra de lo que interesa en realidad la educación en el Perú -donde casi todos hablamos de todo pero no nos informamos de nada-, el video ha sido visto poco más de 800 veces.

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  1. Jáime Saavedra y Martín Vizcarra no son dos funcionarios improvisados, cosa rara en gran parte de la administración pública peruana. Saavedra es Doctor en Economía por la Universidad de Columbia y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además se ha desempañado en el Banco Mundial. Fue Director Ejecutivo e Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo Económico (GRADE). También ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico y profesor visitante en la Universidad de Toronto. Vizcarra, por su parte, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un diplomado en Administración Gerencial de ESAN. Entre otros cargos, ha sido miembro del directorio de EGESUR, Director de la Sociedad Nacional de Industrias en Moquegua y Miembro de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC – Moquegua. También ha sido Decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Moquegua. 

Así puede quedar la Ley de Derechos de Autor

Han sido unos meses interesantes para quienes seguimos el debate sobre los derechos de autor en Perú. Luego del escándalo de APDAYC, se presentaron hasta doce proyectos de ley buscando modificar el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor. Estos proyectos fueron asignados a la Comisión de Defensa del Consumidor, que este mes los ha condensado en un solo Dictamen proponiendo modificar varias decenas de artículos de la ley.

Este Dictamen se anuncia como un texto concertado de todos los Proyectos de Ley, aunque está mucho más enfocado en las reformas al sistema de gestión colectiva. El nuevo texto no es todo lo que hubiésemos deseado, pero definitivamente aporta varios cambios positivos y necesarios a nuestro sistema de derechos de autor. Para ser un proyecto tan ambicioso ha merecido muy poco debate y comentarios dentro y fuera del propio Congreso. Sin embargo, a pesar de las omisiones y errores que detallo, que ojalá puedan arreglarse en el Pleno, el Dictamen constituye un paso adelante en nuestra transición hacia un sistema de derechos de autor coherente con la realidad nacional y con una gestión colectiva más transparente, para beneficio de creadores y usuarios por igual.

Para una ley con dieciocho años de vigencia, toda reforma es bienvenida. Casi todas sus reformas han sido a propósito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde no necesariamente lo que ha primado ha sido el interés público. Después de mucho, esta reforma no nace por una obligación internacional sino por un auténtica necesidad pública expresada en todas las historias de abusos y conflictos que nos reveló la investigación de #IntervenganAPDAYC. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que se está desaprovechando la oportunidad de actualizar completamente el régimen de excepciones y limitaciones, así como de añadirle más garantías procesales expresas a los procedimientos llevados a cabo en Indecopi por infracciones a los derechos de autor. Esta reforma no es todo lo que queremos pero, salvo excepciones, ofrece un panorama mejor que el que tenemos.

Formalmente, el Dictamen espera ser incluido Agenda del Pleno del Congreso para su discusión y aprobación. Sin embargo, es posible que su debate no alcance a llevarse a cabo durante esta legislatura, que fue recientemente ampliada hasta el 27 de junio.

El análisis completo, incluyendo el texto del Dictamen, en la web de Hiperderecho.

La ONAGI y el fácil arte de debilitar la competencia

¿Que es eso de ONAGI? Fue la pregunta con la que espolee a un compañero de trabajo. Sabía lo que era “unagui“, gracias a un capítulo de Friends, pero ¡ONAGI! Si hasta parece chino, japonés o coreano. Poco después, descubrí que no era un término de alguna remota lengua oriental, supe que en chino, “ó nà guǐ” quiere decir algo así como “Oh, ese fantasma”, siempre según Google Translate -que como todos sabemos podría significar “que viva Constantinopla” o algo similar. Sin embargo, el casual hallazgo me pareció de lo más pertinente para redactar algunas notas sobre esta fantasmal ONAGI, que como ahora sabemos es el flamante organismo diseñado por el Estado peruano, para encargarse -entre una decena de funciones- de supervisar las promociones comerciales realizadas a través de sorteos y canjes, como si no fuera suficiente con INDECOPI.

Llama la atención que la ONAGI -entre una serie de perlas muy mentadas en los últimos tiempos-, realice una mas que cuestionable y novedosa interpretación respecto de una legislación que en la práctica tiene casi cincuenta años de promulgada y que nunca sirvió para los menesteres por donde ahora transita gracias a los esfuerzos de este curioso regulador comercial.  Continuar leyendo

Cuentos de terror: The Pirate Bay

Hace unas semanas me pidieron comentar para el boletín Digital Rights LAC la norma o caso que más me había impactado durante todo el 2013. Aunque durante el 2013 tuvimos muchos debates, decidí comentar el auténtico cuento de terror que ha significado la intervención del dominio de The Pirate Bay por parte de Indecopi. En mi contribución escribí:

A inicios de diciembre, The Pirate Bay empezó a usar un nombre de dominio peruano (thepiratebay.pe) como dirección principal para su sitio. Solo seis días después, la Comisión de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dictó de oficio una medida cautelar fuera de procedimiento ordenando al registrador peruano la cancelación del nombre de dominio. Para la Comisión fue suficiente el hecho de que en otros países los administradores de la página hayan sido procesados por contribución a la infracción de derechos de autor. En ningún momento se dio la oportunidad de que los titulares del servicio afectado presenten sus descargos y ni siquiera se les notificó la propia medida cautelar. Tampoco se tiene noticia de que hayan iniciado un procedimiento principal por infracción a los derechos de autor.

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Los seis días de thepiratebay.pe

Ayer supimos que la Comisión de Derechos de Autor de Indecopi dictó una medida cautelar contra The Pirate Bay ordenando que su dominio registrado en Perú (thepiratebay.pe) sea cancelado. El dominio fue registrado hace tiempo pero había empezado a usarse como principal desde el jueves pasado. En una decisión sin precedentes, la Comisión de Derechos de Autor inició de oficio el trámite de una medida cautelar con la finalidad de suspender el dominio emplazando a la Red Científica Peruana como sujeto obligado a acatarla. Ya he escrito lo que creo del tema en el blog de Hiperderecho pero creo que todavía hay mucho por discutir sobre la forma y el fondo de este caso.

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Cazando a un pedófilo en Perú

Esta semana apareció en varios medios la noticia de la captura de un cuidadano peruano acusado de pedofilia, en un operativo de la Policía de España con ayuda de su par local. Obviamente, la Policía peruana ha aprovechado para ganarse unos puntos y, en palabras del jefe de la Dirincri, anunciar que se trata del “mayor depravado de habla hispana”.1 Resulta interesante analizar esta noticia de cara a la reciente Ley de Delitos Informáticos. La primera reacción de muchos ha sido pensar que es gracias a esta Ley que se ha logrado esta captura y ahora el Estado está mejor “armado” para combatir estos delitos. Bueno, creo que eso no es cierto.

Algo que omiten muchas notas de prensa es la forma en la que han dado con esta persona. La nota del Prensa del Ministerio del Interior de España aporta más detalles. Al parecer, la policía española había identificado varios videos conteniendo pornografía infantil, grabados por los propios menores y que eran compartidos por un mismo usuario en distintos foros. Analizando estos videos, lograron identificar a una de las víctimas gracias al escudo que estaba sobre un uniforme que aparecía al fondo. Con esa pista, pudieron contactar a la menor e identificar la cuenta de la persona que le había pedido que grabe el video. Entonces se pusieron en contacto en la empresa que proveía el servicio de correo electrónico (no se menciona cuál), la que facilitó más información sobre el titular de la cuenta.

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  1. Aparentemente, la frase “captura del siglo” ya ha sido utilizada demasiadas veces en lo poco que llevamos de este siglo.