en Educación, Perú

Educación en el Perú y una meta inalcanzable (II)

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Con esta entrada terminamos la pequeña saga dedicada a la educación peruana. En la primera entrada dedicamos algunas líneas a repasar la actualidad del sector a partir del informe de la consultora Proexpansión (“La educación de calidad en Lima”), los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) y las presentaciones de Jáime Saavedra y Martín Vizcarra en el CADE 2014. En esta oportunidad dedicaremos los siguientes párrafos a comentar la racionalidad de la meta de gasto en educación establecida del Acuerdo Nacional.

La meta del Acuerdo Nacional

En un país presupuestívoro ((Presupuestívoro: «voz que aplicamos a la persona que, sin merecerlo o sin aptitudes, vive del presupuesto». Ricardo Palma, Papeletas Lexicográficas, Lima, Imprenta la Industria, 1903.)) como es el Perú, parece hasta lógico que achaquemos todos los males nacionales a la falta de presupuesto público suficiente, sin que de recibo nos preguntemos si el gasto propuesto es alcanzable, no ya si es plausible o eficiente, simplemente si dada la estructura de los ingresos públicos es posible prodigar el dinero del contribuyente peruano para satisfacer los apetitos de los políticos, que al fin y al cabo son los mentores del Acuerdo Nacional.

Lo que no deja de llamar la atención es la recurrencia con la se afirma que los males de la educación nacional están en el incumplimiento de la meta presupuestaria establecida en el Acuerdo Nacional, que como se sabe, determina como objetivo del Estado un incremento mínimo anual  del presupuesto del sector del 0.25 por ciento del PBI, hasta alcanzar un monto global equivalente al 6 por ciento. Como veremos, creo que es una meta inalcanzable.

En está línea pródiga, Proexpansión señala (aquí) que el Perú es el país que menos invierte en educación en la región, sólo el 3 por ciento del PBI del presupuesto se destina a este sector. Para salir de esta situación recomienda elevar el gasto a niveles mucho mayores que el 4 por ciento del PBI prometido por el Ministro. Sin embargo, el gasto público dedicado a educación no es bajo para el Perú y está en armonía con el nivel de gasto sectorial de los demás países de la región si comparamos los gastos reales en educación en relación con los ingresos del Estado o con el presupuesto general. En el cuadro siguiente reproducimos un cuadro del Informe de Proexpansión, algo desactualizado como se advertirá, a partir de datos del 2010.

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¿Es el gasto educación del Perú el peor de la región?

Es innegable el esfuerzo que viene realizando el Estado peruano para dotar al sector educación de los recursos necesarios para superar el paupérrimo estado en el que se encuentra. Aunque los desafíos son enormes y los recursos siempre serán escasos, lo cierto es que el presupuesto en educación se ha más que duplicado en muy poco tiempo. Si en el año 2010 el gasto en educación fue de unos 10 mil millones de soles, para el 2015 el presupuesto aprobado por el Congreso para el sector alcanza la suma de 22 mil millones de soles (unos 7,500 millones de dólares).

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Un aspecto relevante para determinar si es posible alcanzar la meta del Acuerdo Nacional, es determinar cuáles son las reales posibilidades del Estado para hacerlo. Si el Estado recibe ingresos limitados o no muy abundantes y con poco margen para aumentarlos, una meta ambiciosa será muy difícil que se materialice. En el Perú, la presión tributaria se sitúa consistentemente entre el 13 y el 16.5 por ciento del PBI, y el presupuesto público se nivela alrededor del 17 y el 20 por ciento del PBI. Dados los esfuerzos públicos realizados para incrementar la recaudación tributaria y los escasos resultados obtenidos, es poco realista suponer que la presión tributaria se incrementará de forma considerable en el corto plazo hasta alcanzar los niveles de nuestros vecinos o a los países de la OECD. Por lo tanto, debemos situar el techo de la presión tributaria en el Perú alrededor del 17 por ciento del PBI. Lo que no suele decirse, es que los demás países de la región tienen un gasto público general (no sólo en educación) también bastante mayor con relación a su PBI. Por ejemplo, el gasto público de Argentina representa el 36.8 por ciento del PBI, en Bolivia el 38.5 por ciento, en Brasil el 41.1 por ciento, en Colombia el 29.2 por ciento y en Uruguay el 31.2 por ciento.

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Si medimos el gasto en educación con relación al gasto estatal, veremos como el Perú no está muy disociado de sus vecinos. A cifras del 2014, el gasto público en educación del Perú representó casi el 15 por ciento del total del gasto estatal ((Para el año 2015 el presupuesto el gasto en educación será el 17 por ciento del presupuesto general del Estado, lo que equivale al 3.5 por ciento del PBI.)), monto relativo mayor al destinado por Ecuador y Uruguay, similar al de Brasil y ligeramente por debajo del gasto educativo de Colombia y Argentina.

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El cuero para la correa de la educación

La pregunta entonces es a cuánto tendría que ascender el gasto en educación para alcanzar la meta del 6 por ciento del PBI establecida en el Acuerdo Nacional. Aritmética simple, nada menos que a la friolera de 38,144 millones de soles (casi 13 mil millones de dólares), unos 16,000 millones de soles más en educación que el presupuesto asignado para el sector para el 2015. Este monto sería equivalente al 29 por ciento del presupuesto 2015, que corresponde a la suma de las partidas destinadas a Salud, Órden Público, Defensa, Saneamiento, Ambiente, Cultura, Justicia, Trabajo y Pesca. Tan realista es la meta establecida en el Acuerdo Nacional que a nivel mundial sólo Costa Rica tiene un presupuesto de tal magnitud en educación (35.6 por ciento de su gasto público), ningún otro país de la región o del entorno de la OCDE se sitúa en consonancia con la meta propuesta para el Perú.

Como el dinero del sector educación no sale del aire, hay que tener en cuenta que en el Perú el gasto público se rige por el principio de «caja única», que es la expresión en jerga contable del dicho: «del mismo cuero salen todas las correas». Los ingresos y gastos del Estado se centralizan a través de una oficina especializada del Ministerio de Economía de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso.

Si estamos de acuerdo en que los ingresos tributarios en el Perú no pueden crecer mucho más, el Perú sólo tiene dos caminos adicionales para asignar al sector educación el dinero que necesita, siempre según el Acuerdo Nacional. El primero, endeudándose, dado que el nivel de la deuda peruana es relativamente bajo, podríamos pedir préstamos a lo Grecia por unos 5,000 millones de dólares anuales y así año a año por la diferencia entre lo establecido en el Acuerdo Nacional y el presupuesto realmente asignado por el Congreso, de tal suerte que se alcanza el nivel de gasto tan esperado todos los años. Es claro que una medida como la que acabamos de exponer perece un disparate. La otra, parte por reducir las partidas de diferentes sectores para transferir dichos recursos al sector educación. Sin embargo, una medida de este tipo tiene un problema no fácil de superar.

El grueso del gasto público peruano se dedica a solventar gastos corrientes. Es decir, se dedica a cubrir aquellos gastos que realiza el Estado para su funcionamiento normal, como pago de salarios a funcionarios públicos, pago de luz, papel o el combustible para patrulleros y ambulancias. Del presupuesto del 2015 casi el 73 por ciento se dedicará a gastos corrientes y al pago del servicio de la deuda. Así, si se pretende meter mano a las partidas de otros sectores para destinarlas a Educación, será necesario reducir gasto corriente, lo que pasa por botar a policías, militares o médicos, lo que tampoco parece una medida muy cuerda.

Por lo visto, pareciera que el Estado peruano tiene poco espacio para alcanzar la meta del 6 por ciento del PBI como presupuesto destinado al sector educación. Lo normal es que sigamos teniendo mejoras moderadas del presupuesto del sector, siempre lejos de la meta propuesta. Luego de doce años de incumplir de forma contumaz el Acuerdo Nacional, tal vez no sería mala idea pensar seriamente en revisarlo técnicamente de una vez por todas. Pero eses es un cascabel que ningún político se atreverá a poner.

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