Miguel Morachimo

Miguel Morachimo

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de la ONG Hiperderecho.

Recomendaciones para comprar por Internet desde Perú — en serio

Tengo más de ocho años comprando con frecuencia todo tipo de cosas a través de Internet, en distintas páginas, con distintos medios de pago y con distintos resultados. Además, estudié seis años Derecho y he desarrollado una comprensión aceptable de cómo funciona una computadora conectada a Internet. Quizás por esto me vuelvo loco cada que leo artículos tontos en la prensa nacional con recomendaciones o precauciones para comprar por Internet. La mayoría de las veces se usan como fuentes a fabricantes de antivirus (su recomendación: comprar un antivirus), emprendedores de medios de pago (su recomendación: usar su medio de pago, aceptado solo en tiendas peruanas) o se entrevista a opinólogos que en treinta segundos dejan claro que lo único que compran por Internet son pasajes de avión que encima van a pagar a un supermercado cuidando que nadie los siga.

Estoy lejísimos de ser un experto en seguridad informática o en fraude por Internet. Y lo cierto es que si el sistema de venta por Internet funciona bien no debería de requerir que nadie sea un experto en estos temas para usarlo. Sin embargo, he aprendido algunas cosas con la experiencia que quiero compartir con ustedes.

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¿Puede el diseño gráfico cambiar el Derecho?

Existen numerosas razones por las que es necesario un abogado.[1] Además de las razones formales (defensa cautiva), existen razones prácticas por las cuales no cualquiera puede aproximarse a un problema jurídico y elaborar estrategias de respuesta. Algunas veces, incluso para situaciones que no requieren de un abogado, muchas personas recurren a un abogado porque necesitan que alguien más los ayude a navegar el mar de documentos y normales legales que tienen que revisar para tomar una decisión, solicitar un permiso o resolver un problema. En general, esta situación no es exclusiva de los abogados sino que es otra manifestación del sistema de especialización de labores sobre el que se funda nuestra sociedad. Sin embargo, incluso cuando sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer (ej. declarar impuestos, registrar una marca) recurrimos a un abogado porque los documentos en los que están las instrucciones nos resultan difíciles o imposibles de entender.

El formato actual de las leyes es un legado de un mundo muy distinto al que conocemos hoy. La idea de imprimir leyes y hacerlas accesibles surgió en una época en la que los recursos lingüísticos y de impresión eran muy limitados. Con el paso del tiempo, hemos descansado sobre la convención de que las leyes deben de estar escritas formalmente y con el mayor nivel de precisión posible, aunque eso signifique sacrificar su comprensión. Afortunadamente, desde hace algunas décadas ha crecido un movimiento en favor de la claridad y facilidad del lenguaje jurídico consagrado en las leyes. En cambio, aunque hoy nuestras imprentas y métodos de diseños son muy superiores a los que teníamos cien o doscientos años antes, no ha cambiado para nada el formato en el que publicamos nuestras leyes. Nuestros cuerpos legales siguen siendo un texto en prosa ordenado en encabezados y artículos y con una seria propensión a las doble negaciones, la voz pasiva y el punto y coma. Los abogados, acostumbrados a lidiar con este tipo de textos, resultan en mejor posición para poder dilucidarlos que la persona común y corriente.

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#10criterios: ¿Son solo un asunto de imagen?

La semana pasada la Asociación Civil Transparencia presentó los 10 criterios para el debate político en redes sociales en colaboración con un grupo de trabajo del cual formo parte en representación de Hiperderecho. El documento busca iniciar una conversación exploratoria sobre cuál debe de ser el estándar exigible para el uso de las redes sociales por parte de políticos, funcionarios públicos y entidades. Hemos empezado con las redes sociales pero la idea es promover una reflexión más amplia sobre las posibilidades del uso de la tecnología desde el Estado para la promoción de la participación política y ciudadana en asuntos públicos.

¿No resulta superficial preocuparse por lo que diga o no diga una autoridad o una institución en una red social? Si menos de la mitad del país usa Internet y asumimos que solo una pequeña fracción de estos usan una red social para interactuar con un político, pareciera que existen cosas mucho más importantes a las que colectivamente deberíamos de prestarle atención. Creo que crítica es válida y su respuesta tiene varias partes. La primera es que las redes sociales van camino a convertirse en un espacio de interacción política para más y más personas. Por el rol que juegan hoy en la agenda política y por lo que serán en el futuro, es necesario promover una actitud positiva hacia ellas por parte de las autoridades. Es muy posible que los futuros líderes políticos de nuestro país en los próximos diez o quince años sean hoy niños o jóvenes usuarios de redes sociales y estén en peligro de crecer de cara a la conversación política en Internet como un concierto de insultos.

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Twitter, políticamente incorrecto

¿Son malos nuestros políticos porque se faltan el respeto en público? ¿O se insultan mutuamente en Twitter precisamente porque son malos políticos? La reciente escalada de agresiones entre políticos y autoridades puede decirnos tanto de ellos como de nosotros.

En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de la política desde la primera fila. Un grupo de políticos, periodistas y comentaristas locales han participado de forma directa o indirecta de un enfrentamiento verbal que no ha tenido nada que envidiar a un intercambio de gritos entre palomillas ventana. Con independencia de las responsabilidades legales que pudiesen existir (difamación, infracción al código de ética), creo que vale la pena reflexionar sobre por qué suceden estas cosas y si al momento de condenarlas socialmente estamos individualizando a los únicos responsables.

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Dos libros del 2014

En línea con la tradición bibliófila establecida por Antonio, quiero empezar el hábito de comentar y recomendar libros que he leído y me han gustado recientemente. Este año leí varios ensayos sobre tecnología y ciencias sociales, aunque no tanto sobre Internet Policy como me hubiese gustado. Tengo todavía en la lista de pendientes, por ejemplo, el libro de Peter Thiel que ha motivado una pieza muy interesante en el Economist sobre el rol de los monopolios y el derecho de la libre competencia en mercados tecnológicos. De entre lo que sí leí este año, dos títulos han seguido resonando en mi cabeza y en mi trabajo mucho después de haberlos terminado.

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Easy Taxi: taxis fáciles y servicios difíciles

En los últimos días se han reportado distintos casos en los que usuarios del servicio Easy Taxi han experimentado situaciones de aparente peligro o de hostilidad a bordo de vehículos. No es la primera vez que denuncias de este tipo aparecen respecto de esta empresa o empresas similares del rubro. La informalidad, el caos del transporte público y el nulo control hacen que tomar un taxi en Lima sea un deporte de aventura practicado por grandes y chicos. Sin embargo, vale la pena entender cómo los casos que involucran a vehículos solicitados a través de estas aplicaciones tiene algunos matices.

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Variaciones sobre un tema: Datos Perú

La Autoridad de Protección de Datos Personales emitió hace dos semanas sus dos primeras resoluciones de sanción en contra de la web Datos Perú. Los casos han sido muy comentados por ser la primera vez que se impone una multa bajo este nuevo marco legal y también por los detalles mismos del caso, que dejan más preguntas que respuestas.

Como señalé en mi artículo para Hiperderecho, creo que fue una mala decisión de la APDP elegir como primer caso de sanción un caso en el que se discute la publicidad de las normas legales. Hubiese sido menos problemático el analizar qué tan legal o no es que Datos Perú republique íntegramente la base de datos de SUNAT, que es otra de sus actividades y que no fue materia de reclamo. Ese es otro caso discutible pero creo que mucho más complejo y necesario de resolver.

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Economía de pares e informalidad

La economía de pares o sharing economy es la tendencia que agrupa a los servicios que permiten reducir los costos de transacción entre consumidores y ofertantes en distintos mercados, desde el transporte privado hasta la comida gourmet. Bajo este modelo, empresas intermediarias como Uber o AirBnB permiten la coordinación entre proveedores de ciertos servicios y potenciales consumidores a cambio de una comisión. En todos los casos, los servicios finales son directamente prestados bajo cuenta y riesgo por terceros, no por las empresas intermediarias. Esto hace que uno de los principales cuestionamientos que se le hagan a las empresas de la economía de pares es que promueven la informalidad.

Sus críticos sostienen que en una economía de pares son más numerosas y más pequeñas las empresas o personas con negocio que prestan servicios de transporte, alojamiento o de restaurante y, por ende, resulta más difícil y costoso fiscalizarlas. Bajo este razonamiento, era relativamente sencillo fiscalizar a las empresas formales de taxis o de servicios turísticos porque estaban registradas, identificadas y operaban a vista de todo el mundo. Sin embargo, gracias a los servicios de la economía de pares, cualquier persona con un auto puede prestar el servicio de transporte de pasajeros a través de Uber y cualquiera con un cuarto libre puede empezar a alojar personas por días o semanas a cambio de un pago usando AirBnB. [1] En este nuevo esquema, hay mucho más espacio para el incumplimiento de obligaciones laborales, tributarias, municipales y de protección al consumidor.

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La economía de pares versus el Estado

La economía de pares o la economía de la compartición es la tendencia dominante entre los nuevos servicios que se prestan a través de Internet. Bajo este término se agrupan a todos los servicios que permiten reducir los costos de transacción entre consumidores y ofertantes en distintos mercados, desde el transporte privado hasta la comida gourmet. Gracias a la tecnología, es posible disponer temporalmente de transporte, alojamiento, alimentación o servicios generales en muchas ciudades del mundo a través de empresas que centralizan la información sobre los ofertantes de esos servicios y procesan el pago. De la misma manera en la que servicios como eBay o Mercado Libre permitieron a cualquiera convertirse en vendedor, servicios como Uber, AirBnB, Breather o EatWith están permitiendo que cualquiera pueda prestar servicios de transporte o alojamiento gracias a un inteligente sistema sustentado en la facilidad y la confianza en la comunidad.

Este fenómeno ha llegado ya hace varios años a Perú, aunque a un ritmo moderado. En Lima, si uno no quiere tomar un taxi puede pedir un auto de Uber desde su smartphone y ser recogido por un conductor privado que cobra por distancia en un auto en óptimas condiciones. De esa manera, el usuario peruano se ahorra el peligro de tomar un taxi de la calle, el terrible trámite de negociar la tarifa y hasta la necesidad de portar efectivo porque la aplicación descuenta el costo del viaje directamente de la tarjeta de crédito del usuario. Del otro lado, conductores para quienes antes no resultaba atractivo prestar el servicio de taxi porque los márgenes eran muy bajos ahora pueden hacerlo sabiendo que su inversión será valorada por sus pasajeros.

La controversia entre los nuevos gigantes de la economía de pares y el Estado debe de ser una de las discusiones legales más interesantes de nuestra época. En junio de este año, una huelga coordinada de miles de taxistas pidiendo mayor regulación para Uber paralizó las principales ciudades europeas y en San Francisco son frecuentes las manifestaciones contra AirBnB por la forma en la que distorsiona el mercado inmobiliario. Desde el punto de vista legal, el surgimiento de estos servicios nos plantea varias preguntan cuyas respuestas nos obligan a cuestionarnos principios y sistemas que hasta hace poco parecían escritos en piedra.

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Las empresas de acceso a Internet versus la Internet

A propósito de las recientes declaraciones del Presidente de Telefónica España, se ha revivido en nuestro contexto la discusión sobre la relación entre empresas operadoras y empresas de Internet. En particular, varios artículos aparecidos en el diario La República (1, 2, 3, 4) introducen una serie de conceptos e ideas que vale la pena discutir en detalle.

A nosotros tanto y a ellos tan poco

Lo primero que hay que saber es que los comentarios exactos del presidente de Telefónica, César Alierta, y el consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, estaban orientados específicamente a la diferencia entre el marco regulatorio aplicable en Europa a las empresas que proveen el servicio de acceso a Internet (ej. Claro o Vodafone) respecto del aplicable a las empresas que brindan contenidos o servicios en Internet (ej. Facebook o BuzzFeed). En corto, a ambos empresarios les parece injusto que a sus empresas les exijan cumplir con tantas reglas mientras que a otras se les exija tan poco. Para llegar a esta conclusión, se asumen varias ideas que no necesariamente son ciertas o que no se ajustan a nuestro sistema legal y económico. Me explico.

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