Cazando a un pedófilo en Perú

Esta semana apareció en varios medios la noticia de la captura de un cuidadano peruano acusado de pedofilia, en un operativo de la Policía de España con ayuda de su par local. Obviamente, la Policía peruana ha aprovechado para ganarse unos puntos y, en palabras del jefe de la Dirincri, anunciar que se trata del “mayor depravado de habla hispana”. ((Aparentemente, la frase “captura del siglo” ya ha sido utilizada demasiadas veces en lo poco que llevamos de este siglo.)) Resulta interesante analizar esta noticia de cara a la reciente Ley de Delitos Informáticos. La primera reacción de muchos ha sido pensar que es gracias a esta Ley que se ha logrado esta captura y ahora el Estado está mejor “armado” para combatir estos delitos. Bueno, creo que eso no es cierto.

Algo que omiten muchas notas de prensa es la forma en la que han dado con esta persona. La nota del Prensa del Ministerio del Interior de España aporta más detalles. Al parecer, la policía española había identificado varios videos conteniendo pornografía infantil, grabados por los propios menores y que eran compartidos por un mismo usuario en distintos foros. Analizando estos videos, lograron identificar a una de las víctimas gracias al escudo que estaba sobre un uniforme que aparecía al fondo. Con esa pista, pudieron contactar a la menor e identificar la cuenta de la persona que le había pedido que grabe el video. Entonces se pusieron en contacto en la empresa que proveía el servicio de correo electrónico (no se menciona cuál), la que facilitó más información sobre el titular de la cuenta.

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La campaña para aprobar como sea la Ley de Delitos Informáticos

Ollanta Humala tiene hasta este martes 22 de octubre para firmar o rechazar el Proyecto de Ley de Delitos Informáticos. Como recordarán, se trata de un proyecto de ley elaborado y aprobado en cuatro horas por el Congreso y, en las propias palabras de un funcionario del Ministerio de Justicia, “totalmente distinto” de lo que la Comisión de Justicia aprobó el año pasado.

En los últimos días, el Ministerio de Justicia se ha dedicado a “defender” el Proyecto de Ley en distintos medios de comunicación. Es una tarea difícil, teniendo en cuenta que el Proyecto que hoy tiene el Presidente representa solo una parte de lo propuesto por el Ministerio de Justicia en julio. Parte de la campaña ha consistido en enviar notas de prensa explicando los beneficios del Proyecto y alertando a la población de los peligros que representaría no aprobarlo.

Lo primero que dicen es que el proyecto solo se limita a seguir la Convención de Budapest sobre el Ciberdelito. Eso es inexacto porque en ninguna parte de la convención de Budapest se habla de grooming, discriminación o agravantes para la interceptación de información pública. Incluso en los casos en los que simplemente se traduce la Convención, se elige pasar por alto algunos detalles. Por ejemplo, la Convención de Budapest permite a los Estados solo criminalizar la alteración de un dato informático cuando se provoque un daño grave (artículo 5). En nuestro caso, el artículo 3 del Proyecto ha elegido no hacer esa precisión. Lo que significa que cualquiera que borre o altere un archivo ajeno puede ir preso.

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