Ley de geolocalización algunas aproximaciones

Como ya es bien conocido, el pasado 27 de julio y dentro del paquete de facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo se publicó el Decreto Legislativo No. 1182. Bajo la excusa de combatir la delincuencia, la norma aprobada regula un procedimiento muy rápido para que en determinados casos la policía, sin intervención de autoridad judicial alguna, pueda recabar los datos que permitan geolocalizar los dispositivos móviles y así ubicar a presuntos delincuentes.

Nuestro blawyer Abel Revoredo, se ha sumado al intenso debate, demenuza la norma y expone sus fundadas inquietudes sobre su legalidad en  Les dejamos con el análisis de Abel.

¿Cómo perfeccionar la ley de geolocalización?

La tecnología puede ser muy efectiva contra la delincuencia

La delincuencia usa hoy la tecnología para afectar a los ciudadanos. Debemos hacer un esfuerzo para que la tecnología sea más bien un arma eficaz para que nuestra autoridades luchen contra la delincuencia.

El 27 de julio de 2015, como parte de las facultades legislativas concedidas al Poder Ejecutivo, se publicó el Decreto Legislativo No. 1182, con la válida preocupación de combatir la creciente delincuencia, especialmente los miles de casos de extorsión que todos los días se reportan.

La norma establece un procedimiento muy célere (24 horas) para que en caso de un delito flagrante (extorsión, por ejemplo) la Policía pueda obtener datos que permitan geolocalizar dispositivos móviles (celulares, tablets, etc) de la red pública de telecomunicaciones y así ubicar a presuntos delincuentes.

El procedimiento creado por la norma requiere algunos presupuestos: a) que se esté cometiendo un delito de manera flagrante usando dispositivos móviles (para lo cual el afectado será quien informe de la ocurrencia del delito); b) debe ser un delito sancionado con cuatro o más años de privación de libertad (la extorsión claramente encaja en la norma); c) el acceso a los datos de geolocalización debe ser necesario para la investigación del delito (y no para cualquier otra causa); y d) que dentro de las 24 horas se reporte el caso a un fiscal y a un Juez para que convaliden la medida.

La pregunta clave es: ¿ésta norma viola el derecho de todo ciudadano al secreto o privacidad de sus comunicaciones?

Tanto la normativa sectorial de telecomunicaciones, la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional señalan que el derecho al secreto de las comunicaciones protege no solo el clásico contenido de la comunicación frente a su acceso no autorizado (chuponeo e interceptación telefónica, por ejemplo) sino también está protegida la información del tráfico de llamadas de un abonado o usuario, el origen, destino, realización, curso o duración de una comunicación; es decir, también se protege la ubicación desde donde se hace las llamadas entrantes y salientes (la geolocalización está dentro de lo protegido tanto a nivel de la información que proveen las antenas de telefonía móvil como a través del GPS del dispositivo móvil).

El Decreto Legislativo 1182 en su artículo 6 al excluir expresamente a la geolocalización como parte del secreto de las comunicaciones, claramente afecta el contenido de este derecho constitucional. Por lo tanto este artículo podría ser declarado inconstitucional cuando se impugne ante un juez o ante el Tribunal Constitucional.

Ahora bien, ¿el derecho a la protección de las comunicaciones es un derecho absoluto o admite límites? Como todo derecho, la Constitución acepta limitaciones. La principal es que este secreto puede ser levantado con autorización de un juez.

La Constitución vigente es muy clara, toda intervención de las comunicaciones debe hacerse en virtud de un mandato judicial y ser debidamente motivada:

 “Artículo 2. Toda persona tiene derecho (…) Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial”.

El Poder Judicial ha sido investido por la Constitución como autoridad (y no la Policía ni un Fiscal) para levantar el secreto de las comunicaciones con las garantías suficientes. El juez sólo actúa a solicitud del fiscal a cargo de la investigación. Esta regla general ha sido ratificada por la Ley 27697, Ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional así como por el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No. 957) que incluso hace referencia expresa a la información sobre geolocalización en su artículo 230 y siguientes.

¿Ello implica una desventaja para las autoridades en la persecución del delito? Pues sí. Todo el trámite de comunicación entre la Policía, el Fiscal y el Juez puede durar varios días o semanas. Y de hecho así ha sido. Mientras tanto, el delincuente ya cambió de celular o de ubicación y puede burlar el delito fácilmente.

El nuevo procedimiento es más célere y claramente puede ser más efectivo para lucha contra la delincuencia; sin embargo, en rigor, tiene el problema de afectar un mandato expreso de la Constitución. ¿Puede aplicarse tal como está? Sí, pero tiene el riesgo que cualquier persona afectada impugne la norma por inconstitucional.

Un país como el Perú que carece de una cultura sólida de respeto a la privacidad de las comunicaciones y que registra un polémico historial de ocurrencias relacionadas con afectaciones a la misma, no debería alejarse del respeto al orden constitucional ni las garantías formales que ésta ofrece. Sin las garantías y protocolos necesarios el mecanismo propuesto podría prestarse a una mala utilización.

Pero ¿hay salida?  Creemos que sí. Se puede crear una instancia de coordinación multisectorial muy ágil, liderada por jueces especializados, quienes actuarían junto a la Policía y la Fiscalía para autorizar la intervención en estas situaciones. Esta instancia se activaría frente a la denuncia de un ciudadano y el juez resolvería dentro del plazo de 24 horas de producida la denuncia. Frente a la flagrancia, el delincuente podría ser ubicado y detenido inmediatamente, con todas las garantías de la Constitución.

De esta manera, sin eliminar la autorización judicial previa, se gestaría una coordinación efectiva entre estas tres instituciones, que son las llamadas a combatir el delito y proteger a la ciudadanía. Además, trabajarían juntos un protocolo de intervenciones para frenar a quienes quieran abusar de este buen mecanismo de geolocalización para otros fines.

La situación actual de inseguridad obliga a usar la tecnología a favor de la ciudadanía y ser ágiles y efectivos contra la delincuencia, que hoy usa estas herramientas a su favor. Si bien la finalidad de la ley no es mala, los mecanismos propuestos son sin duda perfectibles.

El 2014 en telecomunicaciones y tecnologías de la información: balance y perspectivas

El 2014 ha sido un año muy activo en materia de regulación de telecomunicaciones, tecnologías de la información y propiedad intelectual. Tanto a nivel del Poder Legislativo como el Ejecutivo dichos temas vienen consolidando su presencia y abriendo debates nacionales de la mayor relevancia reflejando la importancia que estos temas revisten en el plano internacional.

Primero haremos un repaso por lo ocurrido en el terreno internacional y luego lo acontecido a nivel local.

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Educación en el Perú y una meta inalcanzable (I)

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Hace unos días leí un interesante documento elaborado por la consultora Proexpansión “La educación de calidad en Lima” sobre la base de los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) que realiza anualmente el Ministerio de Educación. Más allá de los pobres resultados de la ECE, llama la atención el insistente reclamo al Estado para que cumpla con la meta del 6 por ciento del PBI estipulada en el Acuerdo Nacional. A estos dos tópicos dedicaré un par de entradas de este blog.

La evaluación censal ministerial es sólo la data que nutre parte importante del Informe de Proexpansión, la oportunidad para su publicación parece estar en el impacto generado por dos de las exposiciones de la Mesa de Educación del CADE 2014, a cargo del actual Ministro de Educación, Jáime Saavedra, y el todavía en funciones presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra1. Abajo, podrán ver las aplaudidas presentaciones de Saavedra y Vizcarra. Como muestra de lo que interesa en realidad la educación en el Perú -donde casi todos hablamos de todo pero no nos informamos de nada-, el video ha sido visto poco más de 800 veces.

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  1. Jáime Saavedra y Martín Vizcarra no son dos funcionarios improvisados, cosa rara en gran parte de la administración pública peruana. Saavedra es Doctor en Economía por la Universidad de Columbia y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además se ha desempañado en el Banco Mundial. Fue Director Ejecutivo e Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo Económico (GRADE). También ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico y profesor visitante en la Universidad de Toronto. Vizcarra, por su parte, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un diplomado en Administración Gerencial de ESAN. Entre otros cargos, ha sido miembro del directorio de EGESUR, Director de la Sociedad Nacional de Industrias en Moquegua y Miembro de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC – Moquegua. También ha sido Decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Moquegua. 

Variaciones sobre un tema: Datos Perú

La Autoridad de Protección de Datos Personales emitió hace dos semanas sus dos primeras resoluciones de sanción en contra de la web Datos Perú. Los casos han sido muy comentados por ser la primera vez que se impone una multa bajo este nuevo marco legal y también por los detalles mismos del caso, que dejan más preguntas que respuestas.

Como señalé en mi artículo para Hiperderecho, creo que fue una mala decisión de la APDP elegir como primer caso de sanción un caso en el que se discute la publicidad de las normas legales. Hubiese sido menos problemático el analizar qué tan legal o no es que Datos Perú republique íntegramente la base de datos de SUNAT, que es otra de sus actividades y que no fue materia de reclamo. Ese es otro caso discutible pero creo que mucho más complejo y necesario de resolver.

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En Brazil mandan bloquear una aplicación para smartphones

Hace dos semanas, un juez brasileño ordenó a Apple, Google y Microsoft retirar de sus repositorios de aplicaciones a una aplicación que permite el intercambio de mensajes públicos en forma anónima. Secret, una aplicación también disponible en Perú, ha sido determinada como ilegal por la corte brasileña por permitir que los usuarios participen en forma anónima y de esa manera facilitar la violación de los derechos al honor y la privacidad. Adicionalmente, la medida cautelar del juez Paulo Cesar de Carvalho también ordena a las empresas de tecnología retirar o hacer inutilizable la aplicación de los dispositivos donde ya se encuentre instalada.

Quizás la mejor forma de explicar Secret es decir que funciona como un Facebook donde todos los usuarios son anónimos y pueden compartir mensajes y fotos con amigos, amigos de los amigos y gente geográficamente cerca, pero donde lo único que un usuario sabe de otro es si es que son amigos o no. Esta sensación de anonimato entre conocidos o en círculos sociales cercanos permite desde la discusión sobre asuntos personales difíciles de discutir en público en Facebook (ej. ¿Cómo debo reaccionar si me acosan en mi trabajo?) hasta chismes y ofensas hacia otras personas. En resguardo de lo último, los términos de servicio de Secret prohiben el segundo tipo de comentarios y existe la posibilidad de que los usuarios reporten conductas abusivas. Sin embargo, estas garantías no parecen haber sido suficientes para la justicia brasileña.

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Transparencia de mentira y #CornejoLeaks

A propósito de la difusión de un grupo de correos electrónicos del ex Primer Ministro, se viene discutiendo la posibilidad/legalidad de que todas las comunicaciones de los altos funcionarios del gobierno sea públicas. Dado el estado actual de nuestra cultura política, me parece una idea bien intencionada pero inocente.

Actualmente, existen muchas obligaciones de transparencia específicas para los altos funcionarios. En este grupo, destaca la obligación de publicar las agendas diarias de cada funcionario en la página web. (Artículo 5 de la Ley de Transparencia) Sin embargo, cualquiera que ha intentado sacar algo valioso de esto se habrá dado cuenta de que esta obligación se cumple poco y mal.1 Estas agendas no son más que una versión editada y políticamente correcta de lo que hace un funcionario en su día a día. Si un funcionario va a tener una reunión para concertar una decisión o dejarse influenciar por fuera de las vías regulares, no lo va a escribir en su agenda. En los casos en los que se cumple, se llena una o varias semanas después de que las reuniones se llevaron a cabo.

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  1. Hat tip para Llenametuagenda.pe 

¿Es ilegal usar la Marca Perú para criticarla?

marca_peru_alvaro_portalesHoy está circulando en redes sociales el correo enviado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turimsmo (PromPerú) al ilustrador Álvaro Portales sobre su supuesto uso indebido de la Marca Perú. Para el representante estatal, el que Álvaro haya usado una marca de propiedad de PromPerú sin autorización constituye una infracción a la propiedad intelectual y genera confusión entre los usuarios que buscan la marca en Google Images. Por ello, lo invita a cambiar dichas imágenes por el logotipo oficial.1

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  1. No puedo dejar de mencionar que lo que más le molesta a PromPerú es que dichas imágenes aparezcan en Google Images. El que un blog alojado en Blogger tenga un mejor SEO que las mil páginas estatales que usan efectivamente la marca debería darnos una idea de cómo van las cosas por casa. 

Comisión de la Mujer cambió para mejor la Ley Chehade

Esta semana se hizo público el Dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso sobre el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR presentado por el congresista Omar Chehade que planteaba un esquema de censura previa de contenidos en Internet y ponía en riesgo la libertad de expresión en línea en Perú.

El nuevo texto se aleja de la mirada pesimista de la tecnología del proyecto original y reconoce que la propuesta original era insostenible. En cambio, se enfoca hacia una solución más profunda y documentada del problema, superando el modelo de prohibición e intervencionismo estatal. En esa línea, el Proyecto ahora propone que el Estado juegue un rol facilitador en alianza con la empresa privada para desarrollar estrategias que eduquen a las familias sobre la importancia del uso responsable de Internet. Continuar leyendo

Internet ¿jungla digital?

Cada vez la prensa peruana reporta con mayor frecuencia casos diversos sobre discriminación, injuria, difamación, suplantación de identidad y “hackeos” ocurridos en Internet. La siguiente pregunta, como diría Chespirito, es ¿y ahora quien podrá defendernos? La respuesta nunca llega o se tiñe de imprecisiones con respecto a si Internet es un espacio regulado, si es necesario regularlo o si estamos frente a una realidad paralela irregulable.

La respuesta es simple, Internet es un espacio más donde realizamos actividades de distinta índole, hacemos negocios, socializamos, expresamos opiniones. No lo hacemos de manera directa y física sino remota. Sin embargo eso no quiere decir que sea un espacio que requiera siempre de regulación específica. En algunos casos no será necesaria la regulación, en otros casos la regulación actual cubre perfectamente esas conductas y finalmente existen algunos supuestos que sí requerirán ajustes normativos. Lo cierto es que no estamos frente al primer caso en que las nuevas tecnologías plantean retos al Derecho. Lo importante será que el Derecho se adapte a la realidad (y no al revés).

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