en Gobierno electrónico

Twitter, políticamente incorrecto

¿Son malos nuestros políticos porque se faltan el respeto en público? ¿O se insultan mutuamente en Twitter precisamente porque son malos políticos? La reciente escalada de agresiones entre políticos y autoridades puede decirnos tanto de ellos como de nosotros.

En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de la política desde la primera fila. Un grupo de políticos, periodistas y comentaristas locales han participado de forma directa o indirecta de un enfrentamiento verbal que no ha tenido nada que envidiar a un intercambio de gritos entre palomillas ventana. Con independencia de las responsabilidades legales que pudiesen existir (difamación, infracción al código de ética), creo que vale la pena reflexionar sobre por qué suceden estas cosas y si al momento de condenarlas socialmente estamos individualizando a los únicos responsables.

Hay dos reacciones frente a esta situación. Algunos han señalado que quizás lo más apropiado sea obligar a nuestras autoridades y representantes a seguir reglas de comportamiento más explícitas al momento de usar redes sociales. Otros, en cambio, sostienen que el problema resulta mucho más profundo y que es imposible pedirle que se comporte bien por Internet a alguien que no se comporta bien en persona. Siguiendo esta última afirmación, el auténtico cambio de la cara pública de la política solo se lograría a través de una renovación del factor humano. En realidad, ambos análisis no me parece mutuamente excluyentes. Lograr que nuestras autoridades hagan un uso socialmente más provechoso de la tecnología pasa por tener mejores autoridades y por preocuparnos por fiscalizar el uso que éstas hagan de las herramientas de comunicación social.

Debemos de abandonar la edad de la inocencia en la que pensábamos que la mera incorporación del componente tecnológico en los procesos políticos y estatales lleva implícita una mejora del entorno democrático. Como estas y otras situaciones lo demuestran, el que un político o una institución empiece a usar Internet o tengan cuentas públicas en redes sociales no lo transforma en más democrático, participativo o dialogante. En no pocos casos, la tecnología puede ser rápidamente utilizada como una extensión de la agenda del gobierno o autoridad de turno: ya sea para espiar a sus ciudadanos, atacar a sus enemigos o como instrumento de propaganda. En algunos países, gobiernos y partidos políticos han utilizado bots, ataques cibernéticos o distintos métodos de gestión de red para promover un mensaje político o minimizar una demanda social. De la misma manera en que encontramos condenable cuando descubrimos que una autoridad comete actos de violencia o inconductas públicas, como votantes es nuestra responsabilidad nombrar y avergonzar a quienes siendo representantes estatales agreden e insultan a otros en espacios públicos virtuales. Personalmente, no creo que sea un tema que se resuelva con dar nuevas leyes. [1] Creo que mucho más efectivo sería generar un clima de desaprobación social en torno a estas conductas: donde nadie que sea víctima de ellas las responda (don’t feed the troll) y donde una porción creciente de usuarios las condenen o ignoren.

Esta preocupación no solo es por la “imagen” que los políticos dan. Hay dos consecuencias graves al proceso democrático que derivan de permitir este tipo de conductas. Como lo ha señalado, entre otros, Gerardo Távara de la Asociación Civil Transparencia esto genera un clima de hostilidad y desgobierno que aleja a los ciudadanos del uso de la tecnología para fines cívicos. De la misma manera en la que nadie quisiera vivir o caminar por una zona peligrosa, el número de ciudadanos interesado en comunicar mensajes sensibles o socialmente relevantes a sus autoridades a través de Internet se reduce si sabemos que nos exponemos a ser insultados, reprimidos o ignorados. [2] Adicionalmente, estos comportamientos pueden tener un efecto cascada y alejar de estos espacios a futuros políticos, actores sociales o usuarios en general. De esta manera, tienen la capacidad de reducir la representatividad de estos espacios.

Quienes llegamos antes que la mayoría a Internet llevamos la responsabilidad de defender su apertura y promover su alcance. La tecnología nos ofrece innumerables oportunidades para mejorar la participación ciudadana y la democracia en general, pero ese proceso no marcha solo: es necesario que eso sea una demanda de los votantes, un asunto de fiscalización pública y un compromiso auténtico de las autoridades.


  1. De hecho, en Perú incluso tenemos leyes tan específicas sobre el uso de tecnología que incluyen la discriminación a través de Internet.  ↩
  2. Alguien podría decirme que buena parte de la interacción que en general recibe un usuario de redes sociales como un político o una institución es SPAM, agresiones, denuncias falsas o directamente amenazas. Lo cierto es que el mayor o menor número de estas incidencias también depende de cómo esté manejada esa comunidad virtual y cuál sea el tono general de la conversación. Pero incluso asumiendo que buena parte de la interacción que recibe un político por Internet no es valiosa, la comunidad cumple su fin si es capaz de capturar y accionar sobre la pequeña cantidad de interacciones que son relevantes.  ↩

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