Activismo Digital en el Perú

Cuando el 25 de enero de 2011, quince mil manifestantes ocuparon la Plaza Tahrir en Egipto el mundo fue testigo no solo de una impresionante protesta sino también de la primera manifestación de activismo digital. En efecto, en esa oportunidad los egipcios utilizaron la potencia y el alcance de redes sociales como Facebook y Twitter para encender y acelerar su movimiento y terminar con el derrocamiento del régimen que gobernaba Egipto hacía más de 30 años. Así como antiguamente en las revoluciones se usaba la comunicación boca a boca, o como en el caso de Lutero los panfletos impresos ayudaron a diseminar su mensaje, en estos últimos años venimos siendo testigos del uso de las redes sociales como herramienta para diseminar mensajes políticos y el Perú no es ajeno a esto.

En las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de muchas discusiones políticas en Twitter en relación con proyectos de ley, decisiones políticas, elecciones, revocatorias u opiniones de políticos vertidas en redes sociales como el hashtag (#presidentenosepique) de este fin de semana iniciado por el mismísimo expresidente Alan García. Como nuestro blog no es de corte político queremos comentar el tema del activismo digital como expresión de la sociedad y, finalmente, un derecho humano tal como expresamos en un post anterior sin entrar a la discusión acerca de las opciones políticas detrás de los reclamos ciudadanos.

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TPP: Todos Podemos Perder

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La semana pasada publiqué junto a Katitza Rodríguez de la Electronic Frontier Foundation una columa de opinión en el diario El Espectador de Colombia sobre el Acuerdo de Promoción Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), cuya próxima ronda de negociación será en Lima a mediados de mayo.

Nuestro artículo sitúa al TPP en perspectiva como un intento más de Estados Unidos por endurecer globalmente las normas sobre derechos de autor, siguiendo la línea de las fallidas ACTA y SOPA.

Con más frecuencia, los acuerdos de libre comercio internacionales son el escenario perfecto para imponer este tipo de demandas a otros países, aprovechando el secretismo de su negociación y los distintos intereses que sobre ellos convergen.

El TPP contiene normas que no solo van más allá de los acuerdos de la OMPI, sino que incluso que van más allá de lo admitido dentro de Estados Unidos. Ese es el caso de la importación paralela de obras protegidas por derechos de autor. En uno de sus pasajes más controversiales, la propuesta de Estados Unidos plantea otorgar al titular de los derechos de autor la potestad de autorizar o prohibir el ingreso a cierto territorio de sus obras. Ello significaría que la importación mayorista o minorista de libros o discos compactos tendría que estar previamente autorizado por el titular de los derechos. En otras palabras, no podríamos traer un libro más barato de Argentina porque estaríamos obligados a comprarlo de Estados Unidos. En un caso reciente (Kirtsaeng v. John Wiley & Sons), la Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado que es perfectamente legal importar libros de otros países y venderlos en Estados Unidos sin autorización del autor, en aplicación de la doctrina de la primera venta. Como señala nuestro artículo, el TPP tiene normas cuya importación tiene dudosos beneficios.

¿Y qué significaría importar estas reglas para nosotros? Significaría que las empresas que nos prestan servicios en internet, como nuestra red social favorita o nuestra empresa proveedora de conexión, podrían terminar obligadas a echar un vistazo a lo que enviamos y recibimos buscando comportamientos infractores. Significaría que cualquier start up (empresa de nueva creación) tendría que invertir buen dinero contratando expertos en derechos de autor para resolver reclamaciones como si se tratara de un tribunal. Significaría que nuestra conexión a internet podría ser cancelada cualquier día porque el vecino descargó una canción usando nuestra red inalámbrica. Significa que, en suma, tendríamos menos servicios, cada vez más caros y menos libres.

El artículo completo puede leerse desde la web de El Espectador.

Foto: GlobalTradeWatch (CC BY-ND)