Estudiar Derecho en la Católica

Esta semana terminé la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. No hubo una franja de papel que atravesé con el pecho, ni una borrachera descomunal, ni ningún otro rito de pasaje similar. Solo la prisa por entregar las sesenta páginas de mi último trabajo universitario y luego, mientras la secretaria lo sellaba, la sensación de tarea cumplida y quizás una vaga nostalgia. Me llevo muchísimas cosas de los cinco años en la Facultad y los dos años en Letras: amigos, discusiones, lecturas, preguntas y cierta lógica para descomponer los problemas que quizás no hubiese obtenido estudiando otra carrera.

Si cualquiera me preguntaste dónde estudiar Derecho en Perú le recomendaría, sin dudarlo, la Católica. Lo siguiente que le diría es que yo estudié Derecho como una elección de entrada al mundo académico, como quien elige una de las muchas formas de acceder a un laberinto, y no como un punto final. En ese sentido, la Facultad me dio determinada formación en leyes que me permitió, posteriormente, entender otros contextos temáticos. No fue una formación completa y no tenía por qué serlo (aunque me hubiese encantado que existiese algún curso sobre Derecho del Ciberespacio o, siquiera, de Regulación pura y dura). Los conocimientos adquiridos en la Facultad me permitieron entender muchos otros temas y, en ese sentido, me abrieron el camino para descubrir las herramientas y las áreas del Derecho que más me atraían.

Parte importante de ese descubrimiento la cumplieron un puñado de profesores cuyos cursos influyeron mucho en mi forma de ver el Derecho. A ellos quiero agradecer con nombre propio, para que futuros estudiantes no se pierdan el lujo de asistir a sus clases.

Introducción a las Ciencias Jurídicas con Marcial Rubio. Todos hemos estudiado con Marcial Rubio así no hayamos estudiado con él. Su libro El Sistema Jurídico debe de ser el libro de Derecho más leído en el Perú. Su lectura del método cartesiano aplicado a la absolución de problemas jurídicos subyace a cualquier trabajo o informe que he hecho en mi vida. Él me enseñó que en un solo artículo cabían muchas normas, así como las distintas maneras posibles de interpretar e integrarlas. Además, me entrenó para encontrar o echar en falta casi cualquier cosa en la Constitución. Nos estaba terminantemente prohibido tomar apuntes, salvo una “media página” en la que él nos dictaba frases como “Al leer una ley, hay que tener cuidado con la doble negación”.

Filosofía del Derecho con Fernando De Trazegnies. De Trazegnies enseña, con gran erudición y narrativa, una breve historia del pensamiento liberal desde la rebelión de Jack Cade en Enrique VI y ese famoso “matar a todos los abogados” hasta J.S. Mill y Webber. Su finalidad es explicar cómo y por qué debemos dejar de entender el Derecho como la letra muerta de un grupo de reglas y empezar a verlo como un proceso social. Son particularmente famosas sus clases sobre cómo pronunciar el latin como un romano auténtico (sin falsete italiano) y sobre cómo descubrió que el personaje principal de El Nombre de Rosa estaba inspirado en Guillermo de Ockham.

Contratos Especiales 1 con Víctor Madrid. Pocos cursos como este son tan didácticos, pragmáticos e importantes en la carrera. Madrid tiene el talento y el entusiasmo de traducir en problemas reales las dudas que todos arrastramos desde Acto Jurídico. Sus clases sobre la forma en la que se transfiere la propiedad en el Perú o sobre cómo y por qué resolver contratos han reemplazado en mi memoria los cursos enteros de Derechos Reales y Contratos. Imprescindible.

Destrezas Legales con Huáscar Ezcurra y Roberto Ángeles. Este no es un curso sobre derecho sino sobre las habilidades que debería tener un abogado, dictado por un abogado y un director de teatro. Su finalidad es volvernos sensibles a determinados aspectos formales de la práctica legal, desde el uso del lenguaje simple en los escritos hasta la manera cómo usar distintos tonos de voz durante un informe oral. Recuerdo que nos sentábamos en círculos y leíamos los trabajos de todos desde el ecran, discutiendo cosas como la extensión de las oraciones, el uso efectivo de las negritas y las mayúsculas o la propiedad de escribir en la primera persona de plural. No sé de otra Facultad en Perú que dicte un curso parecido.

Derecho Administrativo Económico con Ramón Huapaya. Este curso abarca el derecho administrativo desde la teoría general de la regulación hasta los principales mercados regulados, con fuerte énfasis las consecuencias económicas de cada intervención. En una época en la que buena parte de la inversión en nuestro país se da en espacios sujetos a intervenciones regulatorias, este curso logra poner en perspectiva los poderes del Estado en el marco constitucional y desde su régimen potestades. Otro curso electivo que, dictado por alguien con la experiencia y vocación académica de Ramón Huapaya, debería de ser obligatorio.

Coda

Coincido con Martín Soto Florián cuando dice que el programa académico de la carrera podría mejorarse. Creo que si la Facultad sigue al ritmo que sigue, aletargada por un cóctel de favoritismos, burocracia y pensamiento cortoplacista, corre el peligro de perder su condición de primera en el país. Si me preguntan, habría que dejar de fabricar abogados y empezar a formar pensamiento crítico en Derecho, propiciar que la gente defienda ideas y que se equivoque, que se equivoque muchísimo, porque solo de esa forma encontrará algún día alguna certeza. Habría que dejar de leer tanto los libros de glosas a la ley y cambiarlos por los de ensayos (esos donde el autor se la juega y a veces sale mal librado pero donde hay un abogado que tuvo la valentía académica de decir algo nuevo). Habría que invertir mucha plata en contratar profesores jóvenes a tiempo completo que se dediquen a investigar y no a pasar contemplativamente su jubilación. Finalmente, habría que prohibir que los estudiantes practiquen desde los primeros ciclos, porque corre peligro ese espíritu de pregunta que traen de Letras y porque, en muchos casos, lo único que aprenden practicando en esa etapa es a “parecer” abogados, tempranamente cansados y decepcionados, y nunca a serlo.

Sin embargo, sostengo que recomendaría a ciegas estudiar Derecho en la Católica. Primero, por los dos años obligatorios en Letras y la posibilidad extraordinaria de entender el Perú desde los estudios sociales junto a Nelson Manrique, Rolando Ames o Ricardo Ghersi. En segundo lugar, porque los niveles de participación en clase y competencia entre alumnos son altamente estimulantes. Finalmente, porque de una u otra forma las críticas que ahora Martín y yo podemos formular son una muestra de hasta qué punto la Facultad nos enseñó a pensar con libertad. Por eso, gracias.

Conversatorio: El abogado a través del cine

Siguiendo con su ciclo de eventos académicos, la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y su blog El Cristal Roto han organizado para este jueves 1 de julio el convesatorio “Una carrera de película: el abogado a través del cine”. La ponencia estará a cargo de Antonio Rodriguez Lobatón, quien además de ser abogado es profesor universitario, miembro investigador del Instituto Riva Agüero de la PUCP y autor de los blogs Blawyer.orgCine y Derecho. Antonio también es autor del estudio La justicia frente al espejo, imágenes del Derecho a través del cine publicado en la Revista IUS ET VERITAS No. 32 (2006).

El evento será en el campus de la Universidad del Pacífico en Jesús María al mediodía. La entrada es libre previa inscripción al correo navarro_mf(a)up.edu.pe hasta el 28 de junio. Evento en Facebook.

Lo ambiguo de la ambigüedad en las normas: una aproximación empírica de la interpretación normativa

Sabemos qué hacer cuando creemos que una norma es ambigua. La misma Constitución Peruana nos dice que, en materia penal, cuando exista una duda se aplicará la ley más favorable al procesado (artículo 138) o que, en materia laboral, en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma se aplicará la más favorable al trabajador (artículo 26). Los métodos de interpretación normativos (histórico, sistemático, etc.) nos ayudan, además, a determinar el sentido de una norma si creemos que su sentido es ambiguo.

Sin embargo, poco sabemos de cómo llegamos a determinar si una norma es ambigua. Es decir, no hay teorías ni criterios que nos digan cuándo estamos frente a una norma ambigua. Ward Farnsworth y Dustin Guzior, de la Boston University, junto a Anup Malani, de la Universidad de Chicago, publicaron a finales de abril un controvertido trabajo en el que abordaban en forma empírica esta pregunta.

Los autores aplicaron una encuesta a más de mil estudiantes de Derecho de Estado Unidos en la que los ponían frente a un caso que podía resolverse de formas distintas según cómo se leyese la norma legal aplicable. A continuación, se les hacía dos clases de preguntas. La primera pregunta pretendía indagar en el tipo de ambigüedad que los encuestados detectaban. A algunos se les preguntó si la ley les parecía ambigua; a un grupo distinto, si creían que la ley permitía dos defensas distintas e igualmente plausibles; y, a otro grupo se les preguntó si dos hablantes de inglés ordinarios estarían en desacuerdo respecto del la lectura correcta de la norma. La segunda pregunta de la encuesta les pedía que, dejando de lado el texto de la ley, respondan según su ideología personal (policy preferences) cuál de las partes debía de ganar el caso.

A quienes se le había preguntado sobre la existencia de ambiguedad o si la norma soportaba más de una lectura plausible (curvas verde y naranja del gráfico), las respuestas tuvieron una estrecha relación con la solución que dieron esos mismos encuestados al caso según sus policy preferences. Sin embargo, no hubo tal relación entre el patrón de respuesta de quienes contestaron si dos hablantes de inglés ordinarios estarían en desacuerdo respecto del la lectura correcta y las respuestas que éstos dieron según sus policy preferences.

Aunque reconocen ciertas limitaciones en su método (como la descontextualización de los casos, el diferente nivel de preparación de los estudiantes, etc.), los autores aproximan algunas conclusiones muy interesantes. Primero, que la forma en la que uno se pregunte por la existencia de una ambigüedad influirá directamente en si existe o no ésta. Así, distinguen la utilización de criterios internos (si la norma nos parece ambigüa, si creemos que existe más de una defensa plausible) de criterios externos (si dos hablantes ordinarios estarían en desacuerdo sobre su significado). Segundo, que los juicios de ambigüedad sustentados en criterios internos tienden a contaminarse de las policy preferences de quien aplica la norma. Ello lo evidencian en la correlación que existe entre las respuestas según criterios internos y las respuestas según policy preferences de los encuestados. Por el contrario, cuando el juicio de ambigüedad se sustenta en un criterio externo (mirando la norma como lo haría un hablante común) hay una mayor independencia respecto de las policy preferences.

No hablamos de cómo debe de interpretarse una norma. El estudio plantea un problema anterior, el cómo determinamos si la redacción de una norma acepta más de una lectura posible. Según los resultados, los autores recomiendan que el criterio a utilizar sea pensar si dos hablantes ordinarios tendrían alguna diferencia respecto de la lectura de la norma. Es interesante porque regularmente, cuando se quiere indagar en el significado de una norma, se recurre a la exposición de motivos, a otros artículos del mismo cuerpo legal o incluso al Diccionario de la Real Academia. Sin embargo, la decisión sobre si hay claridad en la redacción en sí misma de la norma descansa en el propio agente. Es ahí donde ésta puede verse contaminada por las preferencias personales, políticas o religiosas de un juez o tribunal.

Como decíamos al inicio, la ley incorpora en varias oportunidades un mandato al juez cuando se encuentre frente a una norma de dudosa lectura. Las consecuencias del método según el cual se determine la existencia de esa duda, por ende, importan y mucho. Aunque los autores reconocen que el recurso a criterios externos (como lo que entendería un hablante común) eleva la posibilidad de que una norma sea declarada ambigua, creen que eso conlleva el mismo nivel de beneficios (posibilidad de que el juez recurra a otras fuentes de derecho para encajar la norma en la realidad) y peligros (penas más leves para delicuentes, impredictibilidad en las relaciones laborales) que la selección de cualquier otro criterio. A cambio, reduce el riesgo de que las preferencias personales del juez se mezclen con sus decisiones.

La publicación de este estudio ha causado bastante polémica y un debate apasionante. El blog de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago dedicó dos semanas enteras al debate, del que participaron académicos y jueces de la talla de Richard Posner, Frank Easterbrook o William Eskridge además de los propios autores.

FARNSWORTH, Ward, GUZIOR, Dustin y Anup MALANI. “Ambiguity about ambiguity: an empirical inquiry into legal interpretation”. Journal of Legal Analysis. Boston, 2010, Volumen 2, Número 1. Disponible aquí.