Miguel Morachimo

Miguel Morachimo

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de la ONG Hiperderecho.

Este martes 17 en Bandeja de Entrada

Mañana El próximo martes estaré a partir de las 2:00 pm (-5 GMT) como invitado en el programa Bandeja de Entrada de La Mula hablando, entre otras cosas, sobre el Proyecto de Ley que declara el acceso gratuito a Internet como un derecho fundamental. Para quienes no lo conocen, se trata de un programa semanal sobre políticas públicas e Internet conducido por Jorge Bossio y Rolando Toledo que antes iba los viernes y ahora empezará a transmitirse los martes.

Pueden seguir el streaming en vivo a través de La Mula o su canal en Livestream. Los invitamos a unirse a la conversación a través de su cuenta de Twitter @lamulaenvivo y el hashtag #bandejadeentrada. Nos vemos.

ACTUALIZACIÓN: Me informan que la emisión, originalmente programada para el martes 10, ha sido postergada para el martes 17.

El advenimiento del populismo digital

El día de ayer el Congreso de la República aprobó la versión consolidada [pdf] de una serie de Proyectos de Ley relacionados con el acceso y desarrollo de las redes de banda ancha. El texto finalmente aprobado es una nueva modificación al FITEL, ampliando su finalidad hacia el financiamiento de redes fibra óptica, y señala como política de Estado el promover la creación de una red dorsal nacional de fibra ancha. Sin embargo, siempre recordaremos esta bienintencionada aunque pobremente ejecutada iniciativa por este artículo:

Articulo 1.— Objeto de la Ley

Declárase como derecho fundamental el acceso gratuito a Internet y de necesidad pública y de preferente interés nacional la masificación de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, así como permtir el fortalecimiento del FITEL para dotar de agilidad la ejecución de proyectos de telecomunicaciones.

Por favor, apenas lo firme Alan García, los invito a imprimirlo, plastificarlo y llevarlo a su empresa de telecomunicaciones favorita para solicitar la instalación inmediata de su servicio más caro. Luego, vayan a su empresa eléctrica y solicítenle una rebaja en su recibo por el monto de electricidad que consumen las computadoras. Si ya están en este punto, no estaría de más ejercer nuestro derecho fundamental al acceso gratuito a Internet irrumpiendo en una cabina de Internet o de plano llevándome una computadora de algún stand de Galerías Wilson. Total, es nuestro derecho.

Si, por el contrario, está escandalizado con lo que acaba de leer, lo invito a revisar el análisis que Antonio Rodriguez Lobatón desarrolló el año pasado sobre dichos Proyectos de Ley (III) demostrando que en ningún país del mundo se considera el acceso como derecho fundamental. Le deseamos al Estado Peruano la mejor de las suertes tratando de promover la inversión en un mercado cuyos servicios ahora, por Ley, serán gratuitos.



También:
Eduardo Villanueva: Acceso gratuito: ¿cómo y para qué?
Adam Thierer: Broadband as a Human Right (and a short list of other things I am entitled to on your dime)
Claudio Ruiz: ¿Qué tipo de Derecho a Internet garantiza Finlandia?

Los gráficos pertenecen al Informe No. 1 de la Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”.

Finalmente registraron al Pezweon: sí, pero…

El mes pasado, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI admitió el registro de la marca Pezweon [pdf]. Luego de dos años y medio de trámite, los creadores del personaje lograron inscribirlo como marca y logotipo de prendas de vestir, calzado y sombrerería, tras instancias previas del Indecopi que lo habían calificado de inmoral. La historia completa del caso se puede leer en mis posts anteriores (1, 2 y 3). Gustavo Rodríguez, abogado a cargo del caso, ha resumido en un artículo los principales asuntos controvertidos de la denegatoria inicial del signo como: (i) un análisis incompleto del signo; (ii) una mala determinación de la carga de la prueba; y, (iii) la vaguedad de la prohibición legal que se aplicaba.

Sin embargo, tras leer la Resolución, hay un tema que llama poderosamente mi atención y que creo que ha sido pasado por alto. Como recordamos, existió un primer pronunciamiento que denegó el registro por considerar al signo —ahora lo sabemos con certeza— contrario a las buenas costumbres. Este pronunciamiento fue recurrido en sede de reconsideración ante la misma autoridad que lo emitió en base a prueba nueva que demostraría que el signo no era contrario a las buenas costumbres dada su gran aceptación en el público al que iba dirigido. La reconsideración fue denegada.

Entonces vino la apelación. Y aquí, ojo, los creadores del Pezweon modificaron su solicitud de registro y solicitaron que considere que el signo iba a identificar «prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población». Su primera solicitud no incluía la precisión del público al que irían dirigidos los productos. Este cambio fue importantísimo y fue, a mi juicio, el salvavidas formal del que se valió la Sala del Indecopi para amparar el registro del signo sin desacreditar institucionalmente a su instancia previa. Me explico.

Al apelar, los creadores del Pezweon solicitaron que se declare la nulidad de la resolución que les negaba la reconsideración por no haber sido debidamente motivada. Para ellos, la resolución que les negó la reconsideración no había sido adecuadamente motivada puesto que no se precisaba en cuál de los supuestos de prohibición del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 se encontraba incurso el signo. La Sala, en cambio, consideró que sí se hallaba debidamente motivada (en cuanto a ser contrario a las buenas costumbres), por lo que declaró improcedente el pedido de nulidad.

Gracias al cambio en la solicitud de registro, la Sala avanza en el análisis del signo y termina aceptando su registro. Pero en el centro de su razonamiento se encuentra la salvedad de que, en función del público al que va dirigido, el signo no resulta contrario a las buenas costumbres:

En consecuencia, esta Sala considera que, en el presente caso, la denominación EL PEZWEON – aun cuando esté acompañada de la representación de un pez que presenta de forma caricaturesca órganos genitales masculinos – debido a la connotación coloquial que genera y que se ha comentado en los párrafos precedentes, no será percibida como un insulto o una expresión grosera o maleducada.

Además, cabe precisar que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, como ya se ha expresado en los párrafos precedentes, es el sector juvenil de la población el que está acostumbrado a escuchar la expresión “pues huón”, “pues won” , “pues weon” o “pues on” en su entorno, sin darle a ésta un matiz grosero o de insulto agraviante o que pueda herir la sensibilidad de dicho sector de la población.

¿Podría el Indecopi haber aceptado el registro sin que se haga esa salvedad? Yo creo que sí y debió de hacerlo desde el inicio. Sin embargo, en este caso, la Sala utilizó el cambio de registro para salvarse la imagen tratando de aducir que lo que analizó en un primero momento la Dirección de Signos Distintivos es distinto de lo que ahora la Sala tiene sobre la mesa. Eran muchas las razones por las cuales la Sala tenía que revertir la decisión de la instancia anterior, pero eligió un defensa bastante formal. Lo que la Sala se guardó de decir era que la decisión previa estaba basada en un conservadurismo galopante, unas ínfulas censoras decimonónicas y una actitud bastante preocupante en un organismo como el Indecopi.

Más sobre el tema:
El Pezweon ya es una marca registrada
Lo registraron, Pezweon por Viana Rodríguez

Ilustración: Andrea Tataje y Carlos Banda

La prohibición de difundir encuestas antes de elecciones


En los últimos días el Jurado Nacional de Elecciones ha aparecido en varios medios anunciando la prohibición de difundir encuestas durante esta semana. En especial, señalando que se aplicarán multas de hasta S/. 360 mil soles a quienes difundan las encuestas, incluso a través de Internet. Pero, ¿de verdad pueden multar a los internautas? Yo tengo mis dudas.

El artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones prohibe la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación desde el domingo anterior al día de las elecciones. Originalmente, este artículo prohibía la difusión de encuestas desde quince días antes de las elecciones. De cara a las elecciones del 2001 —tras la nefasta experiencia de las elecciones del año 2000— el Congreso decidió reducir el plazo de quince (15) días al domingo anterior a las elecciones y le añadió un párrafo que prohibía que se difundan encuestas a boca de urna el mismo día de la elección y antes del conteo rápido de la ONPE. En el año 2001, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la parte del artículo que prohibía difundir encuestas a boca de urna con lo que el artículo quedó más o menos así:

Artículo 191.— La publicación o difusión de las encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones.

El día de la elección sólo se pueden difundir proyecciones basadas en el muestreo de las actas electorales luego de la difusión del primer conteo rápido que efectúe la ONPE o a partir de las 22:00 horas, lo que ocurra primero. En caso de incumplimiento, se sancionará al infractor con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias que fijará el Jurado Nacional de Elecciones; lo recaudado constituirá recursos propios de dicho órgano electoral

Hasta aquí queda claro que quien publique o difunda a través de un medio de comunicación encuestas o proyecciones estará incumpliendo esta norma. Ahora, ¿qué pasa si estas encuestas se difunden por Internet? Analizando la constitucionalidad del segundo párrafo de esta norma —que prohibía difundir encuestas a boca de urna durante determinada franja horaria— el TC se refirió a esta problemática:

Aunque resulte obvio señalarlo, esta prohibición se circunscribe al territorio del Estado peruano, y no alcanza a las proyecciones difundidas en medios de prensa de Estados extranjeros; por lo tanto, la información de proyecciones difundidas por dichos medios podrá ser obtenida a través del “internet” o de televisión por cable; de este modo, la prohibición establecida por la norma impugnada, tendría como resultado que determinado sector de la población —el minoritario— pueda acceder a estos medios, aún privilegiados, y el otro —el mayoritario— que no pueda efectuarlo. (…) Planteado en estos términos, el problema constitucional consiste en que el acceso a la información mencionada (el derecho a la información) se ve condicionado por el acceso (o no) a determinados medios de comunicación (Internet y televisión por cable), lo cual, a su vez, estará supeditado a las condiciones económicas y culturales de cada persona.

Para el TC, las encuestas eran un medio tan importante de pensamiento e información para la sociedad como todo que su prohibición solo podía ampararse en un interés superior. En el caso que analizó, determinó que la salvaguarda del orden público, de la confiabilidad de los resultados y de la credibilidad de la ONPE no eran excusa suficiente como para prohibir la difusión de encuestas a boca de urna hasta las 22 horas. En otras palabras, el impacto que la difusión de encuestas tendría en el orden público no justificaba el impacto que la prohibición tenía en la formación de la opinión pública.

Hoy sucede lo mismo. El impacto que tendría la difusión de encuestas una semana antes de elecciones sería mínimo respecto del orden público. Porque la eficacia de la norma en el entorno actual es relativa. Los ciudadanos con acceso a Internet van a poder conocer y difundir los resultados de las encuestas que se publiquen online. Quienes no tengan acceso directo a eso solo serán confundidos por rumores y falsas encuestas, quedando en un estado de indefensión mayor. Finalmente, como señala el TC, la norma no cumple con sus fines porque solo termina discriminando el acceso a la información en función de poder adquisitivo y sometiendo a estos sectores a la ignorancia.

¿Y qué pasa con quienes publican el contenido?

Aquí tiene que tenerse en cuenta que todo hecho o publicación que produzca efectos o sea accesible en Perú le da competencia a la jurisdicción nacional. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado en su Reglamento de Propaganda Electoral que los medios de comunicación social:

Son las instituciones públicas y privadas que brindan información a través de la prensa, la radio, la televisión, así como las redes sociales y demás servicios existentes en Internet.

Considero que esta definición debe de leerse en su contexto y no puede aplicarse directamente a nuestro caso. En un reglamento sobre propaganda, hace sentido que se considere como equivalentes a la propaganda electoral difundida a través de televisión que a la difundida a través de una red social. Pero cuando el artículo 191 habla de usar un medio de comunicación para difundir una encuesta está pensando en el impacto que la comunicación puede tener. Así, es distinto que El Comercio difunda una encuesta a través de su cuenta de Twitter a que yo lo haga a través de mi cuenta de Facebook. En el primer caso, hay indudablemente un ejercicio de comunicación pública por parte de un medio reconocido. En el segundo ejemplo, la publicación de una encuesta en mi Muro es similar a enviarle un correo a mis amigos o colocar un aviso en la pizarra de la oficina. No se trata del número de followers ni amigos en Facebook, se trata de que quien difunde es periódico con relativa credibilidad versus un ciudadano común y corriente.

Por tanto, sí, el Jurado Nacional de Elecciones podría intentar sancionar al Encuestador Enmascarado pero tendrá que tener en cuenta que: (i) se trata de un blog anónimo, así que no sabría contra quién abrir procedimiento; (ii) está alojado para efectos legales en los servidores de Google en Mountain View, California, con lo que su actividad podría ser 100% legal, como la de Reuters. También podría intentar hacer algo contra quien lo difunde por Facebook pero, en este caso y por lo arriba señalado, sus argumentos parecen bien débiles. No nos dejemos asustar.

Relacionados:
Difusión de encuestas de Fernando Tuesta
¿Es Internet un medio de comunicación social? de Antonio Rodriguez Lobatón

Conciencia Electiva: el nuevo outsider


Quiero invitarlos a visitar Conciencia Electiva, una iniciativa de comunicación política destinada a explicar en términos simples el debate político con la finalidad de mejorar la calidad de las decisiones de los votantes en este Proceso Electoral 2011. Todos están invitados a colaborar y participar de la conversación.

Como señala su Carta de Intención:

Esta es una campaña política en contra de todas las campañas políticas. Al menos, en contra de las clásicas. Aquí no vamos a convencer a nadie de votar por una cara retocada. Aquí no vamos a elegir la forma más sutil o menos polémica de decir las cosas. Si logramos convencer a la gente de que su voto importa y de lo relevante de emitir un voto informado nuestra tarea estará cumplida.

Link: Conciencia Electiva

El problema de la difusión de comunicaciones privadas como ilícito, en Gaceta Constitucional

El último número de la revista Gaceta Constitucional incluye un artículo mío titulado El problema de la difusión de comunicaciones privadas como ilícito (.pdf). El artículo discute el régimen legal aplicable a la difusión de comunicaciones telefónicas privadas y los intentos para declarar su ilicitud, ya sea administrativa o penal. El artículo es inédito pero se sustenta en varios de los posts que hemos escrito sobre el tema. El artículo se publica como parte de un dossier dedicado a la sentencia del Tribunal Constitucional en el Caso Quimper, junto a los artículos al respecto de Omar Sar, Natale Amprimo y Benji Espinoza.

El artículo también está disponible en SSRN.

Corte Superior declara nula la condena penal a científico por difamación

Como informáramos el año pasado, el Sexto Juzgado Penal de Lima había encontrado culpable del delito de difamación agravada al biólogo peruano Ernesto Bustamante por haber cuestionado en medios de comunicación las conclusiones de un estudio realizado por su colega Antonietta Gutiérrez sobre la presencia de alimentos genéticamente modificados en Perú. La noticia de la condena causó gran controversia en el ámbito científico peruano e internacional.

Felizmente, el mes pasado la Corte Superior de Lima ha resuelto la apelación declarando nula la resolución de primera instancia por considerar que adolecía de fundamentos al no haber acreditado la presencia de animus difamandi o intención de difamar en la conducta de Bustamante. El expediente del caso ha retornado a primera instancia y será asignado al azar a otro Juzgado Penal. Aunque el caso aún no ha terminado, se espera que, dadas las razones expuestas por la Corte Superior, el caso se archive o termine absolviéndose a Bustamante. Felicitamos a la Corte Superior de Lima por tan acertada decisión y al equipo legal que tuvo a su cargo la defensa de Bustamante.

Una lectura peruana de la Ley Sinde

La Ley Sinde es como se ha denominado a un artículo del Proyecto de Ley de Economía Sostenible español [pdf] sobre infracciones a los derechos de autor en Internet, en honor a su promotora la ministra González-Sinde. Desde que fue propuesta el año pasado, provocó una avalancha de críticas por parte de especialistas e internautas en general. Según los cables de Wikileaks, esta norma habría sido dictada por el lobby de las industrias de contenidos, a través de sus representantes en Washington, al Gobierno Español con la finalidad de proteger sus intereses comerciales. Aunque la Comisión de Economía ha votado esta tarde en contra de la inclusión de ese artículo en la Ley, y se espera la confirmación del Senado en enero, resulta interesante analizar su contenido a la luz de nuestro propio sistema de derechos de autor.

Las semejanzas

Lo que la disposición denominada Ley Sinde proponía era una modificación al procedimiento aplicable a las demandas por infracción a los derechos de autor en Internet. Para ello, proponía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, adscrita al Ministerio de Cultura, como órgano colegiado competente para mediar y resolver esta materia frente a “prestadores de servicios de la sociedad de la información”. En ese marco, le daba las potestades para interrumpir la prestación de un servicio o retirar cualquier contenido que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador de servicios tras un procedimiento sumarísimo de cuatro días. Finalmente, se precisaba que cuando estas medidas puedan vulnerar derechos fundamentales, se necesitaba de autorización judicial.

En Perú, desde 1992 contamos con un organismo administrativo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y encargado de resolver las controversias sobre derechos de autor: Indecopi. Según la Ley sobre el Derecho de Autor, la Comisión de Derechos de Autor puede ordenar cautelarmente o definitivamente y sin orden judicial la suspensión o cese de cualquier actividad denunciada (como podría serlo una página web que aloje canciones), la incautación de los aparatos realizados (¿servidores?) y la prohibición de volver a reanudar dichas actividades. Es decir, en Perú tenemos nuestra propia versión de la Ley Sinde.

Las diferencias

En España existe un fuerte criterio jurisprudencial en contra de declarar infractoras en sí mismas y ordenar el cierre de las páginas que solo colocaban enlaces a contenidos infractores de derechos de autor o alojaba archivos para redes p2p. Ante la imposibilidad de ganar en sede judicial, el Ministerio de Cultura, abiertamente del lado de las industrias de contenidos, planteó la creación de un tribunal administrativo que pueda resolver estos asuntos de manera más rápida y, aparentemente, en línea con los intereses de las industrias. El problema fue que la Constitución expresamente proscribe el secuestro de publicaciones u otros medios de información sin resolución judicial. Por ello, tuvo que ponerse el procedimiento de autorización judicial previa en casos que comprometan derechos fundamentales, pero sin dar el tiempo para que los jueces entren a revisar el fondo del asunto. Ese es el problema de la Ley Sinde y esa es la razón por la cual es inconstitucional: porque pretende quitarle a los jueces sus competencias constitucionales para ordenar el cierre de medios de información.

En Perú, sin embargo, la razón por la cual estas competencias están en Indecopi es distinta. Durante los noventas, se pensó en atribuirle al nuevo organismo técnico creado por el Estado las competencias necesarias para conocer los casos sobre derechos de autor y, de esa forma, lograr descongestionar al Poder Judicial y especializar a los juzgadores (sin embargo, sus resoluciones siempre pueden ser cuestionadas en la vía del contencioso administrativo). Con el tiempo, el Indecopi ha ganado mayor prestigio que el propio Poder Judicial y hoy es considerado como un organismo técnico que brinda mayores garantías de imparcialidad y celeridad que el Poder Judicial. Al contrario de España, donde es precisamente porque los jueces están haciendo demasiado bien su trabajo que pretenden quitarles esa competencia para hacer de la nueva Comisión un organismo más manipulable. Ojo que en Perú, gracias a que la Constitución no lo manda, no es necesaria intervención judicial para ordenar medidas cautelares o la suspensión definitiva de actividades consideradas infractoras.

Lo incorrecto no es que un organismo administrativo conozca de las infracciones al derecho de autor (como sucede en Perú). Lo incorrecto es que se cree con la velada intención de teledirigir su actuación hacia determinados intereses y propósitos, en contra de lo que dice la propia Constitución. No confundamos los términos del debate ni su contexto.

Estudiar Derecho en la Católica

Esta semana terminé la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. No hubo una franja de papel que atravesé con el pecho, ni una borrachera descomunal, ni ningún otro rito de pasaje similar. Solo la prisa por entregar las sesenta páginas de mi último trabajo universitario y luego, mientras la secretaria lo sellaba, la sensación de tarea cumplida y quizás una vaga nostalgia. Me llevo muchísimas cosas de los cinco años en la Facultad y los dos años en Letras: amigos, discusiones, lecturas, preguntas y cierta lógica para descomponer los problemas que quizás no hubiese obtenido estudiando otra carrera.

Si cualquiera me preguntaste dónde estudiar Derecho en Perú le recomendaría, sin dudarlo, la Católica. Lo siguiente que le diría es que yo estudié Derecho como una elección de entrada al mundo académico, como quien elige una de las muchas formas de acceder a un laberinto, y no como un punto final. En ese sentido, la Facultad me dio determinada formación en leyes que me permitió, posteriormente, entender otros contextos temáticos. No fue una formación completa y no tenía por qué serlo (aunque me hubiese encantado que existiese algún curso sobre Derecho del Ciberespacio o, siquiera, de Regulación pura y dura). Los conocimientos adquiridos en la Facultad me permitieron entender muchos otros temas y, en ese sentido, me abrieron el camino para descubrir las herramientas y las áreas del Derecho que más me atraían.

Parte importante de ese descubrimiento la cumplieron un puñado de profesores cuyos cursos influyeron mucho en mi forma de ver el Derecho. A ellos quiero agradecer con nombre propio, para que futuros estudiantes no se pierdan el lujo de asistir a sus clases.

Introducción a las Ciencias Jurídicas con Marcial Rubio. Todos hemos estudiado con Marcial Rubio así no hayamos estudiado con él. Su libro El Sistema Jurídico debe de ser el libro de Derecho más leído en el Perú. Su lectura del método cartesiano aplicado a la absolución de problemas jurídicos subyace a cualquier trabajo o informe que he hecho en mi vida. Él me enseñó que en un solo artículo cabían muchas normas, así como las distintas maneras posibles de interpretar e integrarlas. Además, me entrenó para encontrar o echar en falta casi cualquier cosa en la Constitución. Nos estaba terminantemente prohibido tomar apuntes, salvo una “media página” en la que él nos dictaba frases como “Al leer una ley, hay que tener cuidado con la doble negación”.

Filosofía del Derecho con Fernando De Trazegnies. De Trazegnies enseña, con gran erudición y narrativa, una breve historia del pensamiento liberal desde la rebelión de Jack Cade en Enrique VI y ese famoso “matar a todos los abogados” hasta J.S. Mill y Webber. Su finalidad es explicar cómo y por qué debemos dejar de entender el Derecho como la letra muerta de un grupo de reglas y empezar a verlo como un proceso social. Son particularmente famosas sus clases sobre cómo pronunciar el latin como un romano auténtico (sin falsete italiano) y sobre cómo descubrió que el personaje principal de El Nombre de Rosa estaba inspirado en Guillermo de Ockham.

Contratos Especiales 1 con Víctor Madrid. Pocos cursos como este son tan didácticos, pragmáticos e importantes en la carrera. Madrid tiene el talento y el entusiasmo de traducir en problemas reales las dudas que todos arrastramos desde Acto Jurídico. Sus clases sobre la forma en la que se transfiere la propiedad en el Perú o sobre cómo y por qué resolver contratos han reemplazado en mi memoria los cursos enteros de Derechos Reales y Contratos. Imprescindible.

Destrezas Legales con Huáscar Ezcurra y Roberto Ángeles. Este no es un curso sobre derecho sino sobre las habilidades que debería tener un abogado, dictado por un abogado y un director de teatro. Su finalidad es volvernos sensibles a determinados aspectos formales de la práctica legal, desde el uso del lenguaje simple en los escritos hasta la manera cómo usar distintos tonos de voz durante un informe oral. Recuerdo que nos sentábamos en círculos y leíamos los trabajos de todos desde el ecran, discutiendo cosas como la extensión de las oraciones, el uso efectivo de las negritas y las mayúsculas o la propiedad de escribir en la primera persona de plural. No sé de otra Facultad en Perú que dicte un curso parecido.

Derecho Administrativo Económico con Ramón Huapaya. Este curso abarca el derecho administrativo desde la teoría general de la regulación hasta los principales mercados regulados, con fuerte énfasis las consecuencias económicas de cada intervención. En una época en la que buena parte de la inversión en nuestro país se da en espacios sujetos a intervenciones regulatorias, este curso logra poner en perspectiva los poderes del Estado en el marco constitucional y desde su régimen potestades. Otro curso electivo que, dictado por alguien con la experiencia y vocación académica de Ramón Huapaya, debería de ser obligatorio.

Coda

Coincido con Martín Soto Florián cuando dice que el programa académico de la carrera podría mejorarse. Creo que si la Facultad sigue al ritmo que sigue, aletargada por un cóctel de favoritismos, burocracia y pensamiento cortoplacista, corre el peligro de perder su condición de primera en el país. Si me preguntan, habría que dejar de fabricar abogados y empezar a formar pensamiento crítico en Derecho, propiciar que la gente defienda ideas y que se equivoque, que se equivoque muchísimo, porque solo de esa forma encontrará algún día alguna certeza. Habría que dejar de leer tanto los libros de glosas a la ley y cambiarlos por los de ensayos (esos donde el autor se la juega y a veces sale mal librado pero donde hay un abogado que tuvo la valentía académica de decir algo nuevo). Habría que invertir mucha plata en contratar profesores jóvenes a tiempo completo que se dediquen a investigar y no a pasar contemplativamente su jubilación. Finalmente, habría que prohibir que los estudiantes practiquen desde los primeros ciclos, porque corre peligro ese espíritu de pregunta que traen de Letras y porque, en muchos casos, lo único que aprenden practicando en esa etapa es a “parecer” abogados, tempranamente cansados y decepcionados, y nunca a serlo.

Sin embargo, sostengo que recomendaría a ciegas estudiar Derecho en la Católica. Primero, por los dos años obligatorios en Letras y la posibilidad extraordinaria de entender el Perú desde los estudios sociales junto a Nelson Manrique, Rolando Ames o Ricardo Ghersi. En segundo lugar, porque los niveles de participación en clase y competencia entre alumnos son altamente estimulantes. Finalmente, porque de una u otra forma las críticas que ahora Martín y yo podemos formular son una muestra de hasta qué punto la Facultad nos enseñó a pensar con libertad. Por eso, gracias.