Cuando el 25 de enero de 2011, quince mil manifestantes ocuparon la Plaza Tahrir en Egipto el mundo fue testigo no solo de una impresionante protesta sino también de la primera manifestación de activismo digital. En efecto, en esa oportunidad los egipcios utilizaron la potencia y el alcance de redes sociales como Facebook y Twitter para encender y acelerar su movimiento y terminar con el derrocamiento del régimen que gobernaba Egipto hacía más de 30 años. Así como antiguamente en las revoluciones se usaba la comunicación boca a boca, o como en el caso de Lutero los panfletos impresos ayudaron a diseminar su mensaje, en estos últimos años venimos siendo testigos del uso de las redes sociales como herramienta para diseminar mensajes políticos y el Perú no es ajeno a esto.
En las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de muchas discusiones políticas en Twitter en relación con proyectos de ley, decisiones políticas, elecciones, revocatorias u opiniones de políticos vertidas en redes sociales como el hashtag (#presidentenosepique [1]) de este fin de semana iniciado por el mismísimo expresidente Alan García [2]. Como nuestro blog no es de corte político queremos comentar el tema del activismo digital como expresión de la sociedad y, finalmente, un derecho humano tal como expresamos en un post anterior [3] sin entrar a la discusión acerca de las opciones políticas detrás de los reclamos ciudadanos.
Dentro de estas discusiones queríamos resaltar 3 que han llamado nuestra atención últimamente que son: la prohibición del uso de imágenes religiosas en el trabajo dictada por Concytec, la llamada «ley de la comida chatarra» y la oposición ciudadana a la firma del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP).
La primera, es la reacción pública contra una directiva de Concytec (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) mediante la cual se prohibió la utilización de imágenes religiosas en las oficinas y se otorgó un plazo de una semana para su retiro. El sustento se encontraba en el mismo correo en el que se notificaba esta directiva y que copiamos a continuación: «Debemos impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia. Este es la piedra angular de la ciencia. He visto con preocupación la proliferación de imágenes religiosas en Concytec. Las que han aumentado al punto que visitantes extranjeros de diverso origen me han hecho sorprendidas reflexiones».
Durante varios días las redes sociales hirvieron con comentarios a favor y en contra de esta disposición como vemos en el siguiente gráfico preparado por mi amiga María García [4] de Blitz [5]a quien agradezco especialmente por su apoyo y por haberme permitido ver desde un ángulo más científico aquello que intuía:
Como manifestamos personalmente en redes sociales esta decisión implicaba una inaceptable intervención estatal en un ámbito personalísimo como es el de la vivencia de la fe religiosa de cada ser humano aunque, eso sí, insistimos en que el Estado (como institución) no debe tomar opción por creencia alguna y debe mantenerse en un marco de imparcialidad sin beneficios para unos o persecuciones para otros. Finalmente, y felizmente, el Concytec dio marcha atrás en su decisión y los ciudadanos que lucharon en redes sociales contra ella quedaron satisfechos.
La conocida como ley de la comida chatarra, también ha generado mucha controversia en redes sociales y ella se mantiene incluso hasta el día de hoy como podemos ver con una simple búsqueda en twitter [6]. Esta ley recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo busca reducir el consumo de alimentos con alto contenido de azúcares y grasas mediante la prohibición de la publicidad de esos productos. Al igual que en el caso anterior se ha interpretado que esta norma implicaría una intromisión en ámbitos de decisión individuales de los ciudadanos. Hasta ahora la campaña en redes sociales ha concitado el apoyo de algunos congresistas que están promoviendo la revisión de la norma e, inclusive, del Cardenal Cipriani quien ha señalado que la educación de los hijos corresponde a los padres y que el Estado debería preocuparse de temas de mayor importancia. Los ciudadanos continúan manifestando sus opiniones al respecto de tal forma que en el último mes hemos visto cerca de 12,000 tweets [7] al respecto.
Finalmente, destacamos la negociación del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP) y el rechazo que viene generando en redes sociales. Un grupo de ciudadanos se ha organizado para luchar por una Internet Libre y así evitar los daños que podría causar la firma de ese acuerdo. El secretismo con el que supuestamente se vienen llevando a cabo las conversaciones es otro de los cuestionamientos de los promotores de esta iniciativa que cuenta con página web propia [8], cuenta de Twitter [9], cuenta de Facebook [10] y cuenta de YouTube [11]. Los promotores de esta iniciativa ciudadana señalan que la firma del TPP generaría consecuencias peores que la famosa Ley Sopa pues atentaría contra la libertad de expresión y criminalizaría a los usuarios de Internet (ver aquí [12]).
Algunas personas podrán decirnos que los ciberactivistas representan un porcentaje muy pequeño de nuestra población y que las banderas que enarbolan no son representativas de lo que preocupa al peruano de a pie pero ello no obsta para reconocerles el derecho a defender sus ideas. El número de usuarios de Twitter podrá ser cercano al millón y medio de personas [13] y los defensores de estas ideas alcanzarán los pocos miles; pero no por ello podríamos evitar que las luchas o el activismo social a través de Internet tenga las mismas garantías del derecho a expresar las ideas en el mundo físico. No por nada los titulares y la agenda nacional vienen siendo, cada vez con mayor frecuencia, dictados por las redes sociales… ver aquí [14], aquí [15], o aquí [16].
Finalmente, los invito a dar una mirada a algunos artículos y páginas web que he recolectado en los últimos años sobre el tema del ciberactivismo [17](en español e inglés)… para pensar…
Entrada publicada originalmente en el blog Cyberlaw del diario Gestión (aquí [18]).
