¿Qué dice la Resolución del Tribunal Constitucional sobre los petroaudios?

El día de ayer se ha publicado la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara improcedente el Hábeas Corpus interpuesto contra el  Tercer Juzgado Penal Especial de Lima solicitando que se declare nulo el auto de apertura de instrucción contra Alberto Quimper. Como se recordará, a raíz del caso Petroaudios, en octubre de 2008 se abrió instrucción contra Alberto Quimper por los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias así como el cargo de cómplice en el delito de negociación incompatible.

Ocho meses después de que se abriera instrucción contra Quimper, su esposa interpuso una demanda de Hábeas Corpus solicitando la nulidad del auto porque éste había sido dictado utilizando pruebas obtenidas con afectación de su derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. La primera instancia declaró infundada la demanda, mientras que la segunda la calificó de improcedente. En su Sentencia, el TC declara improcedente la demanda porque considera que se ha presentado cuando aún no es posible evaluar la forma en la que se han utilizado las pruebas para dictar el fallo en el proceso penal. Por supuesto, esto lo dice no sin antes hacer de las suyas.

Prueba prohibida. Aunque no era necesario, la sentencia analiza la calificación de prueba prohibida y llega a considerar que en nuestro ordenamiento la garantía de no utilizar pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales constituye un derecho fundamental en sí mismo. Aquí hay un primer problema porque, como señala el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli, decir que los petroaudios son prueba ilícita es tarea del Juzgado Penal que conoce el caso. Este Juzgado, luego de valorar todas las pruebas, podría elegir sí tomar en cuenta los petroaudios porque, si bien se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, su contenido alude a hechos de corrupción que convocan a un interés público de orden superior que el de los particulares.

Idoneidad del Hábeas Corpus. El siguiente problema, de orden procesal, apunta a la posibilidad teórica de que proceda un Hábeas Corpus contra un auto de apertura de proceso. Una cosa es el auto que abre proceso y otra la medida cautelar de detención, que efectivamente priva de la libertad al sujeto. Como señala Vergara Gotelli, el auto de apertura de proceso en sí mismo no atenta contra la libertad de Químper por lo que no corresponde analizarlo en un proceso de Hábeas Corpus. En cualquier caso, la medida cautelar de detención tiene su propia vía procesal para ser cuestionada. La Resolución del TC no es suficientemente enfática en este punto.

El novísimo delito de la difusión de comunicaciones telefónicas privadas. El tema más polémico –aunque no el central en la Resolución, ni mucho menos declarado precedente de observancia obligatoria– es cuando el TC señala que los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas. Sobre esta regla, añade que podría darse si es que los involucrados lo autorizan o si  media “un mandamiento judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente.” Hay dos problemas con esta afirmación:

  1. No sé qué Código Penal estará leyendo el Tribunal Constitucional, pero en el peruano no existe el tipo penal de difusión de conversaciones telefónicas a través de medios de comunicación social. Tanto así que hasta hay un Proyecto de Ley reciente que propone incluirlo. El TC no puede, por propia iniciativa, agregar un tipo penal al Código, ni un fiscal podría formular denuncia penal amparándose exclusivamente en un fragmento de una Sentencia del Tribunal Constitucional que “crea” un delito.
  2. El Tribunal Constitucional confunde cómo opera la excepción de interés público en la afectación de derechos fundamentales por parte de medios de comunicación. Exigir que la existencia o no de un interés público en el material a difundir sea declarada previamente por un Juez va en contra de la prohibición de censura previa de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso Mónica Adaro, el propio TC reconoció que se puede informar sobre un asunto “que imperiosamente merece ser conocido por los demás, y que ello justifica alguna intromisión de la vida privada de alguien”.

Espero que esta Sentencia quede para la anécdota y, de preferencia, merezca una Sentencia Aclaratoria por parte del TC que fije los límites de sus declaraciones en el Fundamento Jurídico 23. Cabe resaltar, sin embargo, el excelente voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli, quien sabiamente le recuerda a sus colegas que:

Poner una mordaza o censurar determinada información constituye una intromisión ilegitima en los medios de comunicación y a la vez afecta el derecho a de los ciudadanos a conocer actos que socaban la democracia. Todo acto que exprese lo contrario apoya en cierta forma la impunidad [...]. (Énfasis en el original.)

Foto: Morten Nisker (CC BY-NC)

Actualización (13 de diciembre)

Conforme lo sospechábamos, el Tribunal Constitucional ha publicado hoy una Sentencia Aclaratoria en la que señala que no es necesario que los medios cuenten con autorización judicial para difundir audios que toquen temas de interés público y que no hay delito de difusión de comunicaciones privadas.

38 Comments ¿Qué dice la Resolución del Tribunal Constitucional sobre los petroaudios?

  1. Pingback: Oscar Montezuma

  2. Pingback: Blawyer.org

  3. Pingback: miki

  4. JP Miranda

    Si uno analiza la resolución taxativamente, el TC viola el principio de legalidad. Sin embargo, la resolución desarrolla una forma de conducta al tipo penal de la “interferencia” o “escuchar” no solamente es perjudicar el servicio del usuario u oír conversaciones ajenas sino la conducta se masifica mediante la difusión que solamente es la extensión de las conductas tipificadas. Además, son derechos reconocidos en los tratados internacionales y en nuestra Constitución.

  5. JP Miranda

    Tu comentario está esperando moderación.
    Si uno analiza la resolución taxativamente, el TC viola el principio de legalidad. Sin embargo, la resolución desarrolla una forma de conducta al tipo penal de la “interferencia” o “escuchar” no solamente es perjudicar el servicio del usuario u oír conversaciones ajenas sino la conducta se masifica mediante la difusión que solamente es la extensión de las conductas tipificadas. Además, son derechos reconocidos en los tratados internacionales y en nuestra Constitución.

    Para precisar, la difusión de la intimidad configura el delito de Violación a la Intimidad (art. 154 del Código Penal).

  6. Pingback: Aaron Cisneros

  7. Pingback: Aaron Cisneros

  8. Pingback: Fredy Otárola

  9. Miguel Morachimo

    Gracias por visitarnos y por tus comentarios Juan Pablo.

    Efectivamente, como señalas creo que aquí la Resolución plantea problemas a dos niveles. El primero, formal, porque según su redacción el TC estaría creando el delito de difusión de comunicaciones privadas. En este punto, como dices, el TC viola la garantía de legalidad al arrogarse funciones de legislador positivo.

    El segundo problema, de fondo y que ni siquiera debió ser analizado en la Sentencia, es la calificación de pruebas prohibidas a aquellas obtenidas violando derechos. Si la difusión de éstas es un delito es un tema fugaz en la resolución, que está lejos de estar sustentado en ella misma. Podemos estar de acuerdo o no con que lo sea, con sus matices o penas, pero no podemos negar que el TC le hace un flaco favor al debate con esa defensa apresurada.

    Señalas que la difusión sería como una extensión del tipo penal de inteferencia o escucha telefónica (art. 162). El ámbito de aplicación subjetivo de la norma refiere a “el que interfiere o escucha”. Aplicarlo extensivamente a quien difunde sería violar el principio de no aplicación por analogía de normas que restringen derechos. ¿No crees?

  10. Pingback: césar cieza gallardo

  11. Zuliana Lainez

    Muy buena argumentación. Tomaremos parte del razonamiento para nuestro pronunciamiento institucional, puesto que releva el tema de fondo: violación del principio de legalidad y contradicciòn a propias sentencias del TC y a la propia CIDH.

  12. Pingback: Utero de Marita

  13. Pingback: Utero de Marita

  14. Pingback: roberto bustamante

  15. Pingback: roberto bustamante

  16. Pingback: Mauricio Delfin

  17. Pingback: Mauricio Delfin

  18. Pingback: CésarPonce

  19. Pingback: CésarPonce

  20. Pingback: mildemonios

  21. Pingback: Karem Mabell

  22. Pingback: Rodrigo Velarde

  23. Pingback: roberto bustamante

  24. Pingback: pacobardales

  25. Pingback: Jorge Bossio

  26. Pingback: Verónica Linares

  27. Pingback: CésarPonce

  28. Pingback: Katherine

  29. Pingback: Verónica Linares

  30. Pingback: Verónica Linares

  31. Pingback: Ricardo Santayana

  32. Pingback: Juan A. Calderón

  33. Pingback: Peruleaks

  34. Pingback: Oscar Del Valle

  35. Pingback: sandra

  36. Pingback: Jaime Espejo Arce

  37. Pingback: Viernes Digital: Más información libre – elmorsa.pe

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>